Sensibilidad de la segregación socioespacial a la metropolización: un estudio sobre la dimensión espacial de la segregación en la zona metropolitana de Bogotá, Colombia

Durante la época prehispánica, el cacicazgo entre los muiscas es sintomático de la complejidad social alcanzada por los aborígenes que, luego de una etapa de organización tribal para cuya reproducción se establecían poderosos vínculos a partir de la reciprocidad, introdujeron cambios técnicos en la producción y circulación de alimentos que propiciaron el incremento de la población, y con ellos una división del trabajo que permitía distinguir la pertenencia a ciertos grupos sociales, entre los que destacaban «administradores políticos, chamanes y sacerdotes, artesanos y comerciantes, guerreros, y otros más» (Reichel-Dolmatoff, 1978: 45-46). El señorío, con sus prerrogativas hereditarias, era potestad de unas cuantas familias cuyo linaje las situó a la cabeza de los clanes cónicos. Los pequeños núcleos de chozas, generalmente de forma circular u ovalada, eran la pauta de los asentamientos prehispánicos, que coexistían con chozas dispersas levantadas en las faldas de las montañas para abrigar a los agricultores. La segregación residencial prehispánica asociada a la incipiente estratificación social trajo consigo evidentes diferenciaciones en la vivienda. Esa estratificación es evidente a partir de las diferencias de la riqueza orfebre constatada por los hallazgos funerarios de arqueólogos y guaqueros.

La principal tarea encargada a los conquistadores españoles fue poblar, pues era el único medio jurídico con el que el derecho castellano les permitía la apropiación de la tierra en América. Los derechos de propiedad sobre las tierras usurpadas a los aborígenes provenían, en principio, de la licencia de la corona para fundar pueblos pues, al hacerlo, el poblador adquiría derechos sobre la jurisdicción, y aquellos que fundaran sin licencia se exponían a la pena de muerte (Brewer-Carias, 2008: 16-23).

La libertad de los aborígenes de las Indias fue condicionada mediante el artilugio jurídico de calificarlos como rústicos, esto es, personas frágiles que requerían tutela. Así surgió la encomienda, con la que se abolió la estratificación social de los aborígenes y se implantó una nueva, reforzada por otros mecanismos de segregación activa consistente en que a los que no eran confinados allí se les agrupaba en lugares alejados de los de residencia de los conquistadores. El derecho ibérico se difundió a través de instrucciones a los pobladores, cuyo contenido depuró y tornó más activa la segregación residencial. Los adelantados se beneficiaban de las capitulaciones otorgadas por la corona, y para conformar sus empresas conquistadoras reclutaban a sus soldados bajo la promesa del repartimiento de tierras para residir y explotar, más no del botín. En una instrucción datada de 1513 se encuentra que tal repartición se debía realizar de acuerdo con «las calidades de las personas». La existencia de personas de diferente calidad orientó el reparto de solares y heredades, tal como lo ordena una instrucción de 1523 en la que los caballeros se distinguen de los peones, y para ellos se crean las caballerías y las peonías (Brewer-Carias, 2008: 96-102). Fueron 179 individuos que componían las huestes de Jiménez de Quesada, distribuidos entre capitanes, jinetes y soldados a pie, quienes participaron en el acto solemne del 6 de junio de 1538 en el que se repartió el botín; le correspondió a cada miembro de esta jerarquía 1.66 %, 0.7 % y 0.37% del montón, respectivamente (Friedes, 1978: 82).

El urbanismo ibérico se instauró en las colonias españolas con intervenciones como la distribución ortogonal de las edificaciones, e introdujo reglas para que los templos y las edificaciones de gobierno ocupasen los sitios privilegiados de las plazas, desplazando la pauta de los asentamientos preexistente de disposición ovalada, poco dúctil para la reproducción de su principal legado, un orden residencial segregativo.

En la producción residencial durante la primera etapa del poblamiento ibérico prevaleció el interés sobre la interioridad, que hacía que las diferentes secciones de las viviendas confluyeran en torno al patio. Un rasgo del abolengo era el área interior pues, entre mayor fuese, era un indicativo de que la familia contaba con un número considerable de esclavos y sirvientes. Este rasgo se conservó durante la Colonia, aunque a medida que avanzó el poblamiento también lo hizo el interés por la exteriorización, con la que mutaron los patrones constructivos, dando lugar a la introducción de simbolismos nobiliarios tales como los balcones en las plantas elevadas (Arango, 1989: 73-75). La segregación residencial fundada en la calidad de las personas se acentuó con la diferenciación de las viviendas.

La encomienda era un mecanismo de coerción extraeconómica y, simultáneamente, de segregación residencial. La economía mercantil europea, principalmente, amplió el mercado para los bienes originarios en las colonias, pero ello tampoco era sintomático de la existencia de relaciones capitalistas de producción (Colmenares, 1978: 120). Entre los comerciantes se distinguían los mercaderes de los tratantes por la escala de los negocios, actividades que se desarrollaron en un contexto marcado por los ciclos del oro, que incidieron poderosamente en la economía y el trabajo, tal como ocurrió con los esclavos bozales, a quienes se les obligó a las arduas tareas mineras, mientras que los nativos fueron asignados a la agricultura y el servicio personal de los españoles, a través de mecanismos de usurpación de la tierra y fijación de los esclavos tales como las estancias, que persistieron por largo tiempo asumiendo formas como la del concierto y la del alquiler (Colmenares, 1978: 135-137).

El sistema de la encomienda entró en declive hacia la primera década del siglo XVII, y a partir de entonces se fueron conformando otros grupos que cobraron preeminencia en el escenario social, propiciando así la emergencia de conflictos entre los residentes de ciertos lugares (Colmenares, 1978: 121), tensiones que se prolongaron hasta los inicios de la vida republicana y que paulatinamente se fueron resolviendo mediante el tratamiento desigual, que ha sido la regla orientadora de la construcción del orden residencial a pesar de haberse introducido eventualmente paliativos institucionales. La Colonia es decisiva en la segregación socioespacial pues, además de propiciar escenarios para el desarrollo incipiente del capitalismo, también advirtió el tránsito de una situación de desigualdad jurídica a una de libertad modulada por las relaciones capitalistas emergentes.

Los primeros rasgos de las relaciones capitalistas de producción modernas se detectaron en los albores de los procesos fabriles (Colmenares, 1978: 120). El florecimiento de la agroindustria cafetera hacia mediados del siglo XIX apalancó el desarrollo de otros sectores productivos y de comerciantes, así como el ensanchamiento del aparato de Estado, cuya imbricación en tiempo y lugar propició la emergencia de ciertos grupos privilegiados: las elites urbanas. Adentrado el siglo XX, la convivencia interclasista que caracterizaba al centro de Bogotá comenzó a debilitarse con la marcha de las clases altas hacia el norte de la ciudad, fenómeno que se torna evidente hacia mediados de la década de 1930.

De Urbina y Zambrano (2009) aportan argumentos y estadísticas para discrepar de las versiones que les adjudican tal debilitamiento a los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948, conocidos como «El Bogotazo», cuando el centro tradicional fue escenario de los hechos violentos acaecidos por causa del asesinato del líder liberal popular Jorge Eliécer Gaitán. Con base en los resultados del censo de población de 1951, y de acuerdo con las posiciones ocupacionales de los jefes de hogar, estimaron que 41.7 % de los hogares eran de clase baja, 54.8 % clases medias y 3.5 % pertenecían a las clases altas, que residían preferencialmente en el norte, más allá de la calle 72.

Amato (1968, citado por De Urbina y Zambrano, 2009) y Jaramillo (2012) advierten sobre la creciente polarización social que se experimenta desde entonces, mientras que otros han identificado la tradición obrera y popular del sur de Bogotá, que contrasta con lo ocurrido desde el centro tradicional en dirección norte, que se caracteriza por la existencia de «barrios residenciales de gran calidad en su diseño, acompañados de adornados parques y sinuosas vías arboladas, además de su opulenta arquitectura» (Colón y Mejía, 2019: 211).

Estos rasgos muestran que la segregación ha existido desde antaño y que sus causas han mutado, pari passu, con los cambios en la estructura económica, el mercado laboral y el consumo, asociados al devenir de la distribución del poder y las consecuentes transformaciones en las conductas sociales, que son indisociables de procesos más globales como la acumulación en ciertas clases, lo que les permite apropiarse de algunos lugares mediante mecanismos como el pago de la renta de segregación de la vivienda para transformarlos en sus vecindarios ostentosos. También ilustran sobre el marcado interés de tales clases en ciudades que, como en el caso de Bogotá, hoy son el epicentro del incontenible proceso de metropolización, cuestión que incita a la indagación sobre las continuidades o rupturas espaciales de la segregación a esa nueva escala, la de la metrópoli.

Jacob Mincer propuso en 1974 la existencia de una relación positiva entre la educación de las personas y sus ingresos, y desde entonces, un sinnúmero de investigaciones ha procurado verificar sus ecuaciones en diferentes lugares; el retorno de la educación y la probabilidad de estar ocupado han sido las búsquedas más frecuentes. Hay diferencias sustanciales entre países y entre regiones; sin embargo, se encuentran regularidades como las de Paraguay, en donde «las diferencias en el nivel de escolaridad con que ingresan los trabajadores al mercado laboral se traducen en diferencias salariales sustanciales» (Cardozo et al., 2005: 5). Resultados como este sugieren que algo semejante ocurre con las posiciones ocupacionales. Se exceptúan los patronos y empleadores, en los que el nivel educativo no es restrictivo, en vista de que cierto tipo de habilidades les pueden facilitar el acceso a ese estatus a los emprendedores. Se propone en el Cuadro 2 contrastar los criterios del Cuadro 1 con el nivel educativo de los jefes de hogar.

Se emplearon los microdatos de la Encuesta Multipropósito 2017 (EM2017) llevada a cabo por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (SDP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que se basó en un muestreo que tomó las unidades de planeamiento zonal¹ (UPZ) como unidad espacial; a diferencia de la de 2014, que se diseñó con base en las localidades. En el caso de esta última, la cobertura del operativo en los municipios de la Sabana con los que la capital sostiene relaciones estructurales y coyunturales de metropolización (Alfonso, 2010) se limitó a las cabeceras municipales, mientras que la de 2017 se extendió por las zonas rurales. Si bien ya se concluyó el operativo de la EM2021 y se conocen resultados preliminares, los microdatos aún no están disponibles, razón que alienta la realización de una pronta actualización de los resultados que aquí se exponen.

Con los registros de la EM2017 es posible conocer la posición ocupacional de los jefes de hogar, en siete categorías: obrero o empleado de empresa particular, obrero o empleado del gobierno, empleado doméstico, profesional independiente, trabajador independiente o por cuenta propia, patrón o empleador y aparcería, peón o sin remuneración. Con ellos se calculó el índice de disimilitud, que permite comparar la composición social de las distintas zonas de la metrópoli con la composición social general y determinar si en ellas se reproduce una composición social similar a la de la metrópoli. Si bien existen otras medidas tales como el coeficiente de localización, este índice se emplea porque «permite una respuesta sintética, siempre que las definiciones de las categorías [ocupacionales] y los desgloses espaciales sean los mismos en diferentes momentos» (Préteceille, 2006: 72):

Donde x_i es la población de la posición ocupacional X en el vecindario i y X es el total de los ocupados en la posición X en la zona metropolitana, mientras que t_i es el total de trabajadores en el vecindario i y T es el número de trabajadores en la zona metropolitana. El índice toma el valor 0 ante la inexistencia de segregación y se aproxima a 1 si la distribución de los grupos sociales en la ciudad es segregada.

Por metrópoli se entiende un núcleo metropolitano, en este caso Bogotá, y el conjunto de jurisdicciones con las que sostiene relaciones de metropolización, que se profundizan y ensanchan de manera paulatina en el marco de un proceso de poblamiento desequilibrado del país, en el que estas configuraciones espaciales se encuentran a la cabeza de la jerarquía del sistema urbano. Las relaciones de metropolización estructurales se captan en la intensidad de los movimientos de población de toda la vida que distinguen entre el lugar de nacimiento y el lugar de residencia habitual de las personas, de los que resultan saldos migratorios de signo positivo en las jurisdicciones diferentes del núcleo. Los cambios de lugar de residencia permanente ocasionan la progresiva integración de los mercados habitacionales, a los que les sucede la del mercado de trabajo; estos últimos generalmente van acompañados de la relocalización de establecimientos industriales, comerciales y de servicios otrora localizados en el núcleo en dirección de las jurisdicciones involucradas en el proceso de metropolización.

Esta noción se encuentra en la base de desarrollos institucionales recientes tales como el artículo L5217-1 del Código General de las Colectividades de Francia, modificado en 2014 por la Ley de Modernización de la Acción Pública Territorial y de Afirmación de las Metrópolis (Asamblea Nacional y Senado de Francia, 2014), y el artículo 12 de la Ley 2199 de 2022, Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (Congreso de Colombia, 2022). En estos desarrollos institucionales se conciben otros hechos metropolitanos tales como la movilidad cotidiana bajo la denominación de conmutación, y la provisión de servicios públicos y colectivos domiciliarios en sistemas que aprovechan las economías de una escala superior a la local.

Con base en un índice de metropolización que concibe las relaciones de metropolización como las interacciones de la población entre las jurisdicciones municipales a partir de los cambios de residencia permanente (Alfonso, 2010), se identificaron 21 municipios con las relaciones más intensas con Bogotá, y se agruparon jerárquicamente con los resultados de tal índice (véase Mapa 1).

Fuente: Elaborado con base en registros censales del DANE.

Por su parte, los índices de segregación de Bogotá, calculados para cinco posiciones ocupacionales de los empleados residentes en las cabeceras municipales en 2005 y 2014 por Arbeláez (2017), dan cuenta de un aumento en las categorías patronos y trabajadores por cuenta propia, mientras que en las demás disminuyen. Esas medidas difieren de las calculadas en este estudio en razón de que se emplean siete, así como por la unidad espacial de análisis, que en su caso fueron las 19 localidades urbanas de Bogotá, mientras que aquí se emplean las 112 unidades de planeamiento zonal, además porque el operativo estadístico abarcó las cabeceras municipales y las zonas rurales de los municipios de la zona metropolitana; por lo tanto, no es de extrañar que los valores que se presentan en el Cuadro 3 sean, en cualquier caso, superiores.

En los cálculos que dieron los resultados del Cuadro 3 se incorporaron algunos municipios emblemáticos del proceso de metropolización identificados en el Mapa 1: Soacha y Mosquera en el occidente, que son las jurisdicciones con relaciones de metropolización más intensas; Chía en el norte, en cuya jurisdicción se han tomado decisiones para contener la expansión metropolitana especialmente de las clases populares, y La Calera en el oriente, cuyos rasgos de ocupación residencial suburbana para hogares pudientes guarda grandes similitudes con los de Chía.

Tratadas como una unidad espacial Bogotá y Soacha, el índice de segregación de los obreros y empleados de empresas privadas, seguido del de los profesionales independientes, del de patronos o empleadores y del de los profesionales independientes, se refuerzan y confirman la extensión del patrón de segregación de Bogotá, mientras que para las demás se reduce. Al considerar a Mosquera en tal unidad, el índice se contrae para patrones y empleadores, empleados domésticos, trabajadores por cuenta propia y obreros y empleados del gobierno, en su orden. La incorporación de Chía hace que todos los valores del índice para todas las categorías ocupacionales se incrementen, mientras que tales valores son poco sensibles a la inclusión de La Calera.

Los resultados del Cuadro 4 son similares a los del Cuadro 3. Pero el hecho más notorio es que las variaciones positivas son el rasgo dominante al incorporar a los municipios del norte y el nororiente, mientras que la sensibilidad de los índices de segregación a la incorporación de los municipios del sur y el occidente es negativa, de manera que es allí en donde se hallan las nuevas opciones de localización residencial para la mayoría de los empleados de la zona metropolitana.

Los resultados ratifican la reproducción del esquema de segregación socioespacial de Bogotá en la zona metropolitana, fenómeno de aguda trascendencia política de cara a la construcción de una región metropolitana que, como en el caso de la reglada por la Ley Orgánica 2199 de 2022, tiene entre sus finalidades el cierre de brechas sociales y entre sus principios la búsqueda de la convergencia socioeconómica. Esto remite a la segunda cuestión: la dimensión espacial de la segregación residencial de escala metropolitana.

Los valores del índice de segregación se sometieron al análisis de autocorrelación espacial. Los resultados del estadístico I Moran del Cuadro 5 indican que, dados los valores del estadístico z, la probabilidad de que el patrón de distribución espacial conglomerado de las tres clases sociales sea un fenómeno aleatorio es inferior a 1 %; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.

Fuente: Elaborado con base en registros censales del DANE.

Fuente: Elaborado con base en registros censales del DANE.

Las proximidades espaciales entre miembros de diferentes clases sociales se admiten con base en reglas que facilitan la interacción cotidiana benéfica para los residentes en el vecindario, y es plausible que con ellas se contengan los conflictos y su resolución violenta.

Como, por definición, la clase alta es conformada por los empleadores, sus miembros no conocen el desempleo ni la informalidad laboral, y la distribución del ingreso no ofrece diferencias tan marcadas como en el resto de las clases y los vecindarios. Un primer rasgo es que en los vecindarios de clase popular con presencia de clases medias las medidas de desempleo, informalidad y distribución medida por el coeficiente de Gini de ingresos convergen en valores medios; a diferencia de las cinco categorías restantes, en las que la amplitud del rango es evidente. La razón es que, tal como se aprecia en el Mapa 3, solamente existe un vecindario en que ocurre esta mezcla.

El segundo rasgo es que los valores promedio y, en general, el límite superior del intervalo de cada variable es más elevado en los vecindarios populares aun si hay mezcla social; es decir, que la contribución de las proximidades entre clases sociales a la resolución de los problemas laborales de los pobres es muy limitada y, en ocasiones, puede hasta agravarlos. Cuando la clase media se mezcla con la clase alta, el rango se amplía; pero la tasa de desempleo promedio se reduce, mientras que cuando la clase popular lo hace, se encoje el rango, pero el promedio es más elevado que cuando no hay mezcla (véase Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la E M 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá, DANE.

Un valor atípico en la Gráfica 2 es la informalidad laboral en la mezcla social entre clases alta y media; sin embargo, el promedio es el más bajo de las cinco categorías analizadas, y es evidente que en ella el límite inferior es igualmente el más bajo. El promedio de la informalidad laboral es mayor entre los sectores populares cuando se mezclan con la clase alta, lo cual es atribuible a la manera como los hogares pudientes establecen sus relaciones contractuales con los hogares pobres para la prestación de servicios juzgados como inferiores, tales como los servicios personales y del cuidado, entre los más comunes.

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la E M 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá, DANE.

Que el ingreso se distribuye mejor entre los ricos que entre los pobres no es ningún hallazgo novedoso, como tampoco lo es que las deficiencias en el ingreso sean tan homogéneas que dan lugar a coeficientes de Gini bajos en ciertos vecindarios populares (véase Gráfica 3). Lo novedoso es que en la mezcla de clases populares y altas el límite superior sea muy similar al que se presenta en los vecindarios con preponderancia de la clase popular, atipicidad que no contrarresta el efecto global que hace que el promedio sea superior al calculado sin presencia de mezcla social.

Fuente: Elaboración propia con base en registros de la E M 2017, Alcaldía Mayor de Bogotá, DANE.

Esta caracterización revela que no existe un vecindario totalmente monoclasista. Por lo tanto, las mezclas sociales son la regla y no la excepción, lo que no exime que haya capas sociales más permeables a la mezcla que otras; además, que en los vecindarios populares las mezclas sociales, particularmente con la clase alta, no ofrece réditos sociolaborales de magnitud considerable como para alterar significativamente las condiciones de marginación y desigualdad que padecen.