Para alcanzar el propósito del presente estudio se parte de una conceptualización de la urbanización del ejido periurbano desde la perspectiva dialéctica. Ello significa conceptualizarla como un proceso histórico socioespacial y esencialmente contradictorio: al expandirse la ciudad sobre el espacio rural adyacente se va produciendo y reproduciendo espacio urbano, pero al avanzar se destruye espacio rural. En un contexto de urbanización neoliberal capitalista, una mirada dialéctica permite observar cómo se desplaza, espacial y temporalmente, el capital sobre el ejido periurbano y qué formas asume en el proceso de privatización y mercantilización de la tierra ejidal localizada en las periferias de la ciudad mexicana. Se plantea que la expansión de la ciudad sobre el ejido periurbano hace que se exprese territorialmente una de las contradicciones fundamentales del capital: el conflicto entre propiedad social y propiedad privada (Harvey, 2014). Es decir, la contradicción entre valor de uso y valor de cambio, ya que mientras el primero satisface necesidades fundamentales para la reproducción de la vida, el segundo satisface las necesidades de acumulación⁴ de capital. Se plantea que la contradicción se resuelve a favor del capital cuando la tierra ejidal es privatizada, dado que cuando esta es incorporada formalmente al mercado de suelo urbano permite que el capital la utilice como una vía para seguir su lógica de acumulación.

Asimismo, el adoptar una mirada dialéctica, analíticamente, sirve para dos cosas: primero, para capturar la dinámica de transformación (destrucción-creación) territorial que dicha urbanización provoca determinando la velocidad e intensidad de dicha transformación y sus implicaciones territoriales, y en segundo lugar, muestra los sucesos empíricos esenciales que han marcado la historia del ejido en estudio. Por lo tanto, se parte de considerar que la privatización de la propiedad de la tierra social es un dispositivo epistémico-metodológico que ayuda a comprender por qué y cómo la urbanización neoliberal acelera e intensifica el proceso de transformación territorial sobre el ejido periurbano.

La urbanización neoliberal es un proceso de producción de espacio urbano originada a partir de la praxis institucional y territorial de la ideología neoliberal que asume tres máximas: la legitimación discursiva que promueve el libre mercado como la institución más eficiente de interacción social y de distribución de la riqueza; la desregularización (si bien parcial) de algunas de las funciones estatales y la renuncia por parte del Estado al proyecto keynesiano de reproducción social, y la «santidad de la propiedad privada junto con la progresiva privatización de la naturaleza» (Smith, 2009: 11). A las dinámicas de destrucción-creación generadas por dicha urbanización se le denomina procesos de destrucción territorial creativa (Harvey, 1996, 2000; Davis, 2004; Brenner, 2003; Smith, 2009; Brenner, 2013). De acuerdo con las ideas de Harvey (2008b), Theodore, Peck y Brenner (2009) y Brenner (2013), la destrucción territorial creativa se refiere a la destrucción de las instituciones económicas, políticas y sociales heredadas por el régimen de acumulación fordista y el modo de regulación keynesiano (en el caso latinoamericano equivaldría al modelo denominado desarrollismo) y la creación de nuevas instituciones provocada por los procesos de reestructuración del capitalismo neoliberal.

Considerando lo anterior, se plantea que el proceso de destrucción territorial creativa del ejido periurbano está constituido por dos momentos dialécticamente entrelazados: la destrucción parcial pero constante del territorio anteriormente constituido y la creación tendencial pero inestable de un nuevo arreglo territorial, orientado al mercado, condicionado y normado por la lógica de acumulación y expansión del capital (Harvey, 2008b; Theodore et al., 2009; Brenner, 2013). El primer momento se manifiesta cuando es trastocado el fundamento material del territorio ejidal, la propiedad de la tierra. A partir de ello comienza una ruta de cambios acelerados. Este primer momento, en estricto sentido, inicia fuera del ejido, directamente con la reforma que el Estado hace a la Ley Agraria en 1993 e indirectamente con la reforma a la Ley de Vivienda Social en 1992⁵ y con el proceso de urbanización en las periferias rurales de las ciudades mexicanas ex ante al modelo neoliberal.

Sin embargo, el objetivo de este artículo es focalizar la materialización del proceso in situ. Por lo tanto, a escala del ejido, se considera que la urbanización neoliberal llega cuando los ejidatarios ingresan al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). El segundo momento se desencadena cuando el ejidatario asume el dominio pleno, y continúa cuando acude a vender sus tierras a las desarrolladoras de vivienda.⁶ La evidencia empírica indica que a partir de que el ejido periurbano se incorpora al Procede se intensifica significativamente el proceso de privatización y mercantilización de la tierra (Salazar, 2014; Pírez, 2014; Olivera, 2015). Conforme se intensifica, el ejido acelera su transformación de acuerdo con las necesidades imperantes de la expansión y acumulación del capital subyacentes en la urbanización neoliberal.

Metodológicamente se parte de considerar el ejido como una institución heredada por la Revolución Mexicana que, al consolidarse, fundamentó el marco político y económico que guio la organización y delimitación espacial en la apropiación de tierras de una gran masa de campesinos en todo el territorio. Considerando lo anterior, el ejido puede ser analizado utilizando la categoría analítica de territorio, puesto que posee una existencia material concreta, una frontera expresada en la delimitación de la superficie de tierras a las que tenía el derecho legal de usufructuar el campesino como resultado histórico de la lucha política a inicios del siglo XX, en la que estaba de por medio la vida misma.

El que exista una delimitación tangible sobre la porción de la naturaleza que los ejidatarios tienen el derecho de usufructuar, reconocido política y jurídicamente por el Estado, fundamenta la construcción histórica del ejido como un territorio (Baitenmann, 2001). El ejido debe ser considerado como territorio porque su constitución espaciotemporal es resultado de un conjunto de acciones colectivas de apropiación económica y simbólica condicionadas y reguladas por las relaciones de poder que existen en el interior del ejido con cierto grado de autonomía frente al marco normativo impuesto por el Estado mexicano. Asimismo, dichas relaciones están directamente limitadas por la división del trabajo que impera a escala de la economía mexicana, pero también fuertemente constreñidas de manera interconectada a escala del lugar por la técnica,⁷ la cantidad y la calidad de los recursos naturales que existen dentro de los límites físicos del ejido. Esto resulta ser un factor preponderante y que determina no solo el tipo de relaciones de apropiación derivadas de las actividades agrícolas que realizan, sino también de aquellas otras relaciones de apropiación ligadas intrínsecamente a las cualidades de la tierra -esta como una porción de la naturaleza-, como la cantidad y calidad del agua, recursos forestales y minerales, entre otros.

Una conceptualización del ejido como construcción territorial provee elementos para entender cómo al avanzar la urbanización neoliberal, actores externos como el Estado y el capital financiero e inmobiliario despliegan mecanismos de poder que subsumen el fundamento del territorio, el campesino-ejidatario. Lo anterior reconfigura socio-espacialmente el ejido, que deviene en un escenario donde el protagonista, quien domina y conduce la destrucción-creación, es fundamentalmente el capital⁸ (Raffestin, 2011; Smith, 2009; Harvey, 2014). Asimismo, analizar el ejido periurbano como una escala geográfica en permanente cambio, con tendencia a la reducción y extinción como efecto de la urbanización, es un instrumento epistemológico fundamental para analizar el papel que desempeña la urbanización neoliberal en dicha transformación.

Durante el fortalecimiento de las instituciones que fundamentan y reproducen a Morelia como ciudad colonial comienzan a configurarse territorialmente los grandes latifundios que rodearon a la ciudad, propiedad de las órdenes religiosas y de españoles acaudalados (Aguilar, 1999). Algo que caracteriza a las ciudades coloniales latinoamericanas no industrializadas, y en particular a las mexicanas, es que desde su origen hasta la actualidad la condición privilegiada de las clases más acomodadas ha estado ligada a la propiedad inmobiliaria urbana y a la rural adyacente. Morelia no fue la excepción (Aguilar, 1999). Por otro lado, con el paso del tiempo, por ser de capital del estado, Morelia se convierte en un centro político y concentra las actividades del sector gubernamental. Sin embargo, también se transforma en un lugar de acumulación y concentración de capital. La captura de plusvalor mediante el trabajo en el sector primario en las diferentes regiones del estado fluye hacia la ciudad-centro porque en ella se concentra el capital comercial y financiero.

Por otro lado, durante toda la época de la Colonia y todo el siglo XIX el crecimiento de la población y la extensión territorial no es significativo. Es hasta mediados del siglo XX cuando el crecimiento demográfico y territorial de la ciudad comienza a ser relevante. El periodo de mayor crecimiento poblacional es entre las décadas de los sesenta y los ochenta, siendo esta última la de mayor crecimiento en toda la historia de Morelia. Durante el periodo 1950-1980 el incremento poblacional se relaciona principalmente con la expulsión de población campesina de las zonas rurales (Cuadro 1).

En sintonía con el incremento de la población, a partir de la década de los cincuenta la mancha urbana de Morelia comienza a expandirse. La ciudad pasa de ocupar un poco más de 724 hectáreas (ha) en 1950 a más de 10 000 ha en 2010 (Aguilar, 1999). El incremento más significativo ocurre entre 1990 y el año 2000. Mientras que a inicios de dicha década la ciudad ocupa 5 427 ha, a principios del siglo ya ocupa cerca de 9 736 (Lemoine, 2015). La tasa de crecimiento físico es de 15.3 %, mientras que la de crecimiento poblacional es de 1.67 % (Pola, 2009). Tal expansión de la superficie urbana absorbe y transforma tierra de propiedad ejidal y pequeña propiedad rural, cerca del 50 % de ella es sobre tierra ejidal (Ávila, 2001). Por ejemplo, entre las décadas de los sesenta y los noventa son expropiadas 2 797 ha de propiedad ejidal para la expansión de Morelia (Aguilar, 1999). Los actores que conducen y controlan la transformación de tierras ejidales a suelo urbano, es decir, que son preponderantes en su oferta durante ese periodo, son en primer lugar los fraccionadores y promotores independientes (59 %), seguidos por el gobierno (21 %), las empresas inmobiliarias (18 %) y las organizaciones sociales (3 %) (Ávila, 2001; Aguilar, 1999). Dos rasgos que es importante señalar son el patrón morfológico y el tipo de urbanización que presenta la expansión de la ciudad en la última década del siglo XX. Antes de los noventa la expansión física de Morelia se caracteriza por una expansión concéntrica y morfológicamente homogénea (Lemoine, 2015: 16). Los efectos de las desregulaciones en materia de vivienda y propiedad de la tierra de finales de la década de los noventa comienzan a manifestarse a principios de siglo en una acelerada expansión física de la ciudad. En la primera década del siglo aparecen urbanizaciones masivas de vivienda social. Las del norte de la ciudad invaden a Tarímbaro, municipio vecino, y conforman con él una conurbación (López, Bocco y Mendoza, 2001; Méndez y Vieyra, 2014; Lemoine, 2015) (Mapa 1).

En la periferia poniente, en 2004, la constructora local Grupo Herso construye la urbanización de vivienda social más grande de Morelia hasta el momento, que se encuentra apartada, desconectada de la centralidad y se caracteriza por la precariedad⁹ (Espinosa, 2014). De igual manera, en el oriente de la ciudad, durante el mismo periodo, se expande la construcción de vivienda social; pero, a diferencia de la urbanización del poniente, en esta zona periférica se produce además vivienda para clases medias. Asimismo, en ella aparece el primer enclave urbano destinado a la población de altos ingresos, denominado Tres Marías, que incluye un campo de golf categorizado como de «clase mundial». Un segundo enclave de este tipo aparece casi de manera simultánea en el suroriente moreliano, el denominado Altozano (Rodríguez, 2015: 74-79; Ávila, 2014). Estos dos desarrollos inmobiliarios para uso corporativo, comercial y para vivienda de grupos de altos ingresos tiene como resultado un periurbano espacialmente abigarrado en donde la interconexión escalar entre los circuitos mundiales-nacionales de capital financiero y el capital inmobiliario local está desempeñando un papel preponderante (Harvey, 2013). No obstante, la construcción masiva de vivienda social es la que predomina en prácticamente todo el periurbano de Morelia (Ávila, 2014; Lemoine, 2015) y configura un patrón espacial en forma de archipiélago (Mapa 1). Estos dos tipos de urbanización caracterizan a la ciudad media mexicana y son parte de la expresión material de la urbanización neoliberal. Empero, esto no habría sido posible sin que previamente se iniciara un proceso de privatización y mercantilización de la tierra de propiedad social. En un primer momento es guiada por el gobierno federal y posteriormente es facilitada por el gobierno local, que autoriza el cambio de uso del suelo y algunas veces funge como intermediario entre el ejido y los desarrolladores de vivienda.

El ejido La Aldea está situado en la periferia nororiente del municipio de Morelia. Legalmente se crea por resolución presidencial en junio de 1935 y los campesinos toman posesión de las tierras en diciembre del mismo año (DOF, 1935).

Originalmente la superficie del ejido es de 1 000 ha, todas ellas de temporal, 25 % son de agostadero y fueron tomadas de la exhacienda de Atapaneo para beneficiar a 85 individuos y sus respectivas familias.

A mediados de la década de los setenta, con la electricidad y el drenaje, la expansión de la ciudad llega al ejido; se acentúa con la expropiación de una parte importante de las tierras para construir la Ciudad Industrial de Morelia (CIMO). La ciudad irrumpe y trastoca el territorio del ejido de manera importante con la construcción de este pequeño enclave industrial. La expropiación para construirlo afecta no solo al ejido La Aldea, sino también a los ejidos de Santiaguito (1 ha), Salitrillo (15 ha), Isaac Arriaga (87.65 ha) y el ejido Colonia Consuelo Alfaro de Vázquez (52.86 ha), todos ellos ejidos periurbanos de Morelia. Las tierras expropiadas de La Aldea eran usufructuadas por 18 hogares ejidatarios (DOF, 1975; mapeo participativo, 17 de junio de 2017). La expropiación es uno de los primeros efectos de la urbanización de Morelia sobre La Aldea, que transforma de manera significativa tanto el territorio como la vida cotidiana de la población originaria. El tipo y grado de afectación del que es objeto el ejido con la expropiación era y sigue siendo significativo en términos tanto cuantitativos como cualitativos. En lo cuantitativo, se reduce en aproximadamente en 15 % su territorio; se le expropian 146.85 ha en donde los ejidatarios practicaban agricultura de temporal y de riego (DOF, 1975; carpeta básica de la casa ejidal).

Cualitativamente, bajo condiciones materiales de necesidad históricamente heredadas, al expropiar el Estado el medio de producción más valioso que poseían 18 familias de ejidatarios, parte de sus integrantes se ven orillados a incorporarse al mercado laboral urbano como vendedores de lo único que poseen, su fuerza de trabajo (taller de mapeo participativo, 17 de junio de 2017). No obstante, dada su limitada o nula dotación de competencias técnicas necesarias, en términos de educación formal, la expropiación los lleva a enfrentarse a condiciones de absoluta desventaja; en el mejor de los escenarios, terminaron insertándose en la economía informal enfrentando las consecuencias que de ello se desprende: salarios reducidos, nula seguridad social y jornadas prolongadas (Pradilla, 2013; Hidalgo y Janoshchka, 2014; Pírez, 2016: 91). Asimismo, en las negociaciones sobre la expropiación, como ha sucedido en la mayoría llevadas a cabo en otros ejidos, el gobierno impone sus condiciones y los términos.¹⁰ Al respecto, el secretario del comisariado, ejidatario que poseía una parcela en la zona expropiada, señala:

El gobierno siempre tuvo el control y el poder de negociación, hicieron lo que quisieron […] como siempre[…] la corrupción y el sistema[…] y mientras los ignorantes ejidatarios, inútiles que somos[…] no hagamos[…] a nosotros nos bloquearon[…] nos bloquearon[…] y nos pagaron a su manera[…] En el 76 nos dieron 25 % del monto acordado […] Las tierras de temporal fueron valuadas en cincuenta mil y las de riego en cien mil[…] en el 83 nos dan un segundo pago[…] pero el dinero se nos hizo agua. Estaba muy devaluado¹¹ (ejidatario participante en el mapeo participativo, 17 de junio de 2017).

Azuela et al. (2009:20) señalan al respecto: «Además, como solía decirse en la jerga burocrática, las indemnizaciones por expropiaciones a los ejidos y comunidades se pagaban ‘mal y tarde’ o, peor aún, ‘mal y nunca’. Durante décadas, los núcleos mantenían una condición de subordinación política; la relativa facilidad con la que eran expropiados y mal indemnizados para dar paso a obras públicas era parte de esa situación.

Otra implicación relevante ocasionada por la construcción de Ciudad Industrial en las tierras expropiadas está directamente relacionada con la construcción de un canal de riego tres o cuatro años antes de la expropiación, lo cual marca un cambio radical en la economía del ejido; a partir de ella, señalan los ejidatarios entrevistados, se incrementa considerablemente el rendimiento agrícola de sus tierras. Sin embargo, el hecho de que el canal de riego se alimentara de las aguas residuales del localmente llamado río Grande representa para los ejidatarios desde el principio un serio problema en materia de sanidad en la producción agrícola. El problema se incrementa mucho más al establecerse la Ciudad Industrial, pues en este cauce se vierten los residuos que genera precisamente a la altura del tramo donde se abastece el canal, por lo cual parte de los residuos industriales terminan en el agua que los ejidatarios utilizan para regar parcelas. La narración de Juan,¹² uno de los ejidatarios que participaron en el taller, expresa dicha problemática: «Ummh… antes, cuando empezaron a vaciarse residuos de Ciudad Industrial, ya no se pudo sembrar camote, cebolla, raíces[…] había que sembrar puras cosas que se daban arriba».

Ya entrada la segunda mitad de la década de los noventa se construyen las primeras casas del primer asentamiento urbano en tierras del ejido, la colonia Buenos Aires (mapeo participativo, 17 de junio de 2017). Este asentamiento corresponde a la forma típica y generalizada que caracteriza a la urbanización periférica de la ciudad mexicana durante la segunda mitad del siglo XX: la urbanización popular, representada por una ocupación irregular del suelo y la vivienda autoconstruida (Jaramillo, 2008; Olivera, 2018). El origen de la colonia Buenos Aires está directamente relacionado con las condiciones que prevalecen en el mercado de suelo periurbano: en términos de demanda, por la presión combinada que ejercieron las familias encabezadas por trabajadores urbanos precarizados expulsados de las partes centrales de la ciudad y por la población rural empobrecida recién llegada a ella. Las condiciones materiales adversas que caracterizan a estos dos grupos los imposibilitaba a pagar los precios que prevalecen en el centro de Morelia como resultado del incremento en la renta del suelo urbano (Jaramillo, 2008). En términos de oferta, la Buenos Aires es resultado de las prácticas ilegales y especulativas que inicia una familia de ejidatarios (mapeo participativo, 17 de junio de 2017).

Los resultados del análisis cuantitativo sobre el cambio de uso de suelo indican que en 1970 el único asentamiento humano, el núcleo poblacional ejidal, ocupa solo 15.62 ha. Veinticinco años después, en 1995, los datos muestran un lento crecimiento, pues únicamente 40 ha están ocupadas por dicho asentamiento humano. A partir de ese año comienza a acelerarse la urbanización en el ejido con la llegada de población avecindada, y nueve años después, en 2004, las urbanizaciones populares ocupan, junto con el poblado original, 121.16 ha. Desde ese año se acelera significativamente la urbanización en el ejido. Los datos obtenidos del último año de estudio, 2017, muestran que en forma conjunta las urbanizaciones populares de vivienda social y el poblado ocupan 353.63 ha, que equivalen al 40.41 % del territorio original del ejido. Sin embargo, si se incluyen 338 ha que muestran ciertos patrones físico-geográficos propios de los que se observan en los preasentamientos humanos -como trazado de lotes y calles de tipo urbano- observados en un primer momento en las imágenes satelitales y posteriormente verificadas in situ, la superficie urbanizada alcanza alrededor de 79 %. Cabe mencionar que la urbanización periférica del poblado original representa una parte significativa de dicho crecimiento, mientras que el resto se debe a la creación de nuevas colonias en el suroeste del ejido y a la construcción de urbanizaciones de vivienda social en su parte norponiente. Asimismo, el análisis cuantitativo sobre el cambio de uso de suelo permite mostrar empíricamente las coyunturas que marcaron los cambios en los tipos de urbanización.

Los resultados del cambio de uso de suelo muestran claramente cómo desde la incorporación del ejido al Procede inicia una acelerada etapa de destrucción territorial vinculada al proceso de privatización y mercantilización de las tierras ejidales, sobre todo a partir de la adopción del domino pleno de una proporción importante de los ejidatarios pocos años después de su incorporación a dicho programa (Salazar, 2014: 82).

Segundo momento: etapa de creación, reconfiguración territorial

La privatización de las tierras en el ejido La Aldea trae consigo transformaciones territoriales significativas. No obstante, hay cierta continuidad con la urbanización popular que prevalece en el siglo pasado, excepto que una parte importante de esta ya no es informal dado que desde el principio del proceso privatizador la mayoría de los ejidatarios adquieren el dominio pleno, esto se debe a que la dinámica que subyace a dicha forma de urbanización no es la lógica de acumulación, sino satisfacer la necesidad fundamental de vivienda de una parte importante de trabajadores expulsados a la periferia y la de la supervivencia del campesino-ejidatario empobrecido. Es decir, la racionalidad que subyace a la venta de su tierra no es la de acumular, sino la de obtener dinero para poder adquirir en el mercado urbano los diferentes satisfactores necesarios para la reproducción de su vida: alimento, vestido, servicios médicos, etc. De manera simultánea, el ejidatario que vende sus tierras al mercado urbano de forma lotificada permite que tengan acceso a ella trabajadores urbanos pauperizados y expulsados de la centralidad. Paralelamente otro grupo de ejidatarios, sobre todo algunos que poseían parcelas en la zona de las tierras más fértiles, localizadas en la parte norponiente, presionados por las costuctoras de viviendas y su permanente condición histórica de necesidad y privación, comienzan a venderlas. Precisamente sobre una de estas parcelas se construye en 2006 el primer asentamiento de vivienda social, denominado La Nueva Aldea, el cual constaría de varias etapas.

Esta urbanización se ubica en la zona más aislada y desconectada del ejido. Las personas que habitan este tipo de urbanizaciones tienen que hacer diariamente largos desplazamientos para ir a su trabajo; caminar por calles en mal estado, muchas de ellas sin pavimentar e inseguras; enfrentar dificultades para acceder al agua y llevar a sus hijos a escuelas con altos niveles de precariedad. Esto es evidencia clara de las implicaciones nocivas -ecológicas y sociales- que trae consigo la urbanización neoliberal, que es guiada principalmente por la lógica de la acumulación de capital.

Posteriormente la inmobiliaria Grupo Herso comienza a construir el conjunto habitacional más extenso, denominado Villas de Oriente, sobre las tierras que habían sido las más fértiles del ejido. Esto sucede en 2010.¹³ Cabe señalar que los grandes desarrollos inmobiliarios responden a las necesidades de rentabilidad que impone la racionalidad capitalista a las empresas inmobiliarias, a las que obliga a instrumentar economías de escala en el proceso de producción inmobiliaria.

El papel del gobierno estatal en las negociaciones de compraventa entre la inmobiliaria y los ejidatarios, así como en la obtención de los permisos necesarios para urbanizar las parcelas adquiridas, confirma el grado de penetración institucional de la ideología neoliberal, al evidenciar el papel del gobierno como agente facilitador en los procesos de privatización y mercantilización de las tierras ejidales (Periódico Oficial del Estado de Michoacán, 2008; sig Participativo, junio de 2017). Otro ejemplo que abona a la tesis anterior es lo que sucede con la parcela escolar del ejido. Resulta que durante la administración del comisariado ejidal con el que se lleva a cabo el taller de mapeo participativo, sus integrantes venden la parcela escolar a una inmobiliaria local propiedad de un expresidente municipal e integrante de diversas asociaciones público-privadas con injerencia en los planes de desarrollo urbano municipal¹⁴ (Mapeo participativo, 17 de junio de 2017). De acuerdo con la información recabada en el taller, la parcela tiene una extensión de 5.5 ha. La Ley Agraria establece que la parcela escolar forma parte del patrimonio del ejido; no obstante que su usufructo corresponda a las autoridades educativas que dirigían la escuela, el propósito último de la parcela, según la Ley Agraria, es el beneficio colectivo del ejido.¹⁵

El inicio de conjuntos de vivienda social en La Aldea ha intensificado el proceso de destrucción territorial del ejido, pues ha dejado su sitio a uno nuevo que permite que se territorialice la hegemonía de la racionalidad del capital. Lo anterior ha implicado un cambio radical en la estructura del ejido La Aldea, pues se reduce significativamente la cantidad de tierras destinadas a la producción agrícola al ser convertidas en suelo urbano.