América Latina concentró desde las últimas dos décadas del siglo XX una latente crisis económica producto del capitalismo y la caída del modelo de desarrollo en turno, que generó el endeudamiento y empobrecimiento de la población como resultado de la aplicación de políticas estructurales y de austeridad integradas en las estrategias político-económicas neoliberales (Ramírez Kuri, 2009). En la década de los ochenta se promovió una propuesta descentralizadora acorde a la dinámica de cambios del mercado mediante la liberalización comercial y la privatización de empresas propiedad del Estado. En México, la crisis económica y social del sistema político dio la pauta para un nuevo modelo de país que es resultado de su precipitada entrada en la globalización. De esta manera, emergió el Estado neoliberal como modelo político-económico alternativo de libre mercado que estaba siendo adoptado por los países en vías de desarrollo, en el cual México introdujo cambios económicos, políticos, sociales y culturales a partir de la instrumentación de medidas monetaristas y ajustes orientados a reducir o eliminar políticas sociales significativas de común acuerdo entre la sociedad y el Estado. Algunos de estos ajustes incidieron en programas de bienestar social y vivienda, como la reprivatización de instituciones económicas y sociales, y la desaparición de movimientos sociales (Ramírez Kuri, 2009).

Las ciudades, en México, desde la segunda mitad del siglo XX se han ido transformando a consecuencia de la globalización, lo cual incide en aspectos de los ámbitos local, nacional y mundial, donde

[…] el espacio urbano resulta de dos procesos macro-sociales que transforman la estructura social y urbana. El primero está representado por la industrialización, que desde la década de los años cuarenta y hasta finales de los años setenta impulsó el rápido crecimiento urbano de la capital del país, en el contexto del fortalecimiento del Estado social y corporativo. El segundo está representado por la tercerización económica, en el contexto de la globalización, del capitalismo flexible y del predominio del modelo neoliberal que durante las últimas tres décadas introduce modificaciones en la relación entre Estado, sociedad y economía. Este proceso impulsa el desarrollo y reproducción de actividades comerciales de distinto género y de servicios especializados que se localizan en los espacios centrales de la metrópoli (Ramírez Kuri, 2009:173).

Históricamente, la ciudad surge como punto de poder por excelencia, con un límite preciso que expresa la compleja relación entre el centro y la periferia que lo rodea; ciudad negada, arrabal o extramuros son términos que sirven para denominar a los espacios periféricos durante el siglo XIX y principios del XX. No obstante, la centralidad en la producción en un espacio alude a un proceso de «dominación o de subordinación», de acuerdo con la jerarquía de sus funciones políticas, administrativas y las relaciones de intercambio económico que se desarrollan en su interior. De esta forma, los enfoques teóricos respecto a la centralidad urbana la refieren como «producto del proceso histórico, de gestión y de consolidación urbana, así como punto de referencia para un área de influencia de un mercado determinado. Conforme a este esquema, la multiplicidad de centralidades en un área urbana se entiende como policentralidad urbana» (García, 2009: 1).

Por lo tanto, la centralidad y la marginalidad son conceptos inseparables cuya relación convierte al centro en punto y a la periferia en margen (Gaviria, 1995). La centralidad se define como «el efecto de la tendencia de los humanos a confluir hacia determinadas localizaciones para satisfacer intereses específicos que pueden ser comunes, como el trabajo, recreación, actividades económicas, educación, la satisfacción de necesidades o realizar determinadas funciones sociales o económicas» (García, 2009: 1). Por otro lado, tenemos a la ciudad compacta cuyo espacio periurbano depende de la naturaleza e intensidad de los fenómenos territoriales, dividida en área suburbana, inmediata a la ciudad, con un amplio aprovechamiento del suelo, y área periurbana, más lejana, con un menor consumo de espacio y presión urbana.

Desde finales del siglo XX se observa un nuevo panorama por el crecimiento desmedido de los suburbios y la reafirmación de la ciudad en su centro. De esta manera, poco a poco se revaloriza el carácter de las nuevas periferias, que empiezan a ser consideradas como laboratorios sociales y territoriales, y experimentan cambios importantes en las relaciones sociales, la forma de habitar y los estilos de vida (Amendola, 2000: 39). Es también definida como ciudad difusa por el desarrollo que adopta en su interior con respecto a la histórica suburbanización occidental europea (Dematteis, 1998: 29). Es importante señalar que el suburbio, en el ámbito anglosajón, consiste en espacios de residencia unifamiliar de cierta calidad, ya adecuados para describir esta nueva realidad (Amendola, 2000: 21). En este orden de ideas, la evolución de las variables que definen el periurbano no se limitan a los fenómenos de crecimiento urbano, donde las diversas problemáticas se acentúan por la conformación de «un área metropolitana funcional policéntrica», sustentada en ciudades pequeñas que se expanden por el crecimiento de las grandes ciudades, la construcción de autopistas rápidas, así como los grandes complejos comerciales y equipamientos. De esta manera, resulta «un espacio indefinido en el que conurbaciones y ciudad difusa se suman a periferias de corte clásico, espacios productivos, áreas de ocio, equipamientos de rechazo y zonas donde el uso agrario y el paisaje rural en retroceso resisten a duras penas» (Méndez García y Ortega Montequín, 2013: 2). Por lo tanto, la ciudad difusa es nueva con respecto al pasado. También las empresas se van para conseguir una mejor localización y condiciones ambientales, de forma que «los criterios de conexión y accesibilidad tienden a sustituir a los de distancia» (Amendola, 2000: 21). Sin embargo, en esta búsqueda de condiciones el suelo rural se transforma en urbano, lo que hace más extensivo el impacto ambiental e incrementa las contradicciones sociales y económicas.

El acelerado proceso de urbanización producto de la industrialización, suscitado en la década de los ochenta del siglo XX, transformó radicalmente el espacio social periurbano. La industria, porque está localizada básicamente en la Ciudad de México, «produjo la readecuación del espacio urbano a las exigencias de la urbanización capitalista» (Ramírez Kuri, 2009: 122). No obstante, a mediados del siglo XX la ciudad central perdió importancia ante el área urbana de expansión, lo cual no solo dio como resultado el traslado de población a la periferia, sino también dio paso a la transformación de usos del suelo (Ramírez Kuri, 2009). La expansión urbana, en México, empezó a ganar dinamismo en la segunda mitad del siglo XX, cuando la mancha urbana empezó a absorber inmensas extensiones de tierras comunales y ejidales, primordialmente a manera de expropiación. De este modo, en la década de los setenta las tierras destinadas al uso agrícola se transformaron física y funcionalmente de forma acelerada como producto del auge adquirido por la industria, lo que condujo al incremento de la migración campo-ciudad (Hernández, Martínez, Méndez, Pérez, Ramírez y Navarro, 2009: 275-276).

Este proceso de urbanización incrementó las desigualdades regionales debido a que las nuevas áreas metropolitanas contaban con recursos naturales y financieros para atraer habitantes del resto del país, mientras que «la ciudad de México representó un espacio sumamente atractivo para el capital y para la población urbana y rural, la cual se incorporó al mercado de trabajo urbano-industrial» (Ramírez Kuri, 2009: 122). De esta manera se generaron las condiciones que dieron la pauta para extender el mercado interno, que favorece el incremento de flujos migratorios mediante la expansión del sector terciario, todo lo cual coadyuvó a retroalimentar la concentración territorial (Ramírez Kuri, 2009).

La participación del Estado fue fundamental en el proceso de modernización y de expansión urbana asociado a la reproducción de funciones del núcleo central hacia la periferia. Al actuar como impulsor y promotor de la creación de infraestructura y servicios, el Estado generó condiciones favorables para el crecimiento y el desarrollo urbano. Este proceso estuvo asociado a fenómenos especulativos y mecanismos legales, ilegales e irregulares en el acceso al suelo, vivienda y servicios urbanos (Ramírez Kuri, 2009: 123).

Bajo estas premisas, el Estado mexicano instituyó algunos organismos con la finalidad de ordenar y controlar el proceso de expansión urbana sobre zonas rurales y agrícolas:

[El] Instituto Nacional para el Desarrollo de la Vivienda Popular (INDECO) […], la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) […] Pese a la intervención gubernamental en los procesos de incorporación de suelo para uso urbano, la irregularidad de la tierra continuó siendo uno de los problemas principales en las zonas periurbanas del país. Las reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación de una nueva Ley Agraria a inicios de la década de 1990 estuvieron orientadas, entre muchas otras cosas, a dar certidumbre jurídica a la propiedad social en el campo. Sin embargo […] las modificaciones a la legislación han provocado en muchas regiones que se incremente la especulación del suelo (Hernández et al., 2009: 275-276).

Sin embargo, en pleno siglo XXI el periurbano de la mayoría de las ciudades de México no tiene un desarrollo urbano integral debido a que los planes de ordenamiento son reorientados a intereses particulares, que actualmente fragmentan y segregan socialmente el espacio. Así, la estructura se transforma hasta formar áreas metropolitanas polinucleares con nuevas centralidades mediante autopistas que favorecen la conexión con el uso del automóvil y producen un sistema acumulativo. «La ciudad nueva toma forma aun antes que en las arquitecturas, en las culturas, en los valores y en los estilos de vida» (Amendola, 2000: 21). Aunado a esto, los costos sociales y medioambientales que tienen agudizan los fenómenos de desigualdad económica y social. Un claro ejemplo son los fraccionamientos cerrados, que experimentan cambios en función de su adaptación a las estrategias de los promotores inmobiliarios y las condiciones del mercado para aumentar densidades y rentabilizar suelos privados. Otro ejemplo es la «edge city estadounidense, que garantiza un lugar rodeado por espacios verdes, escuelas nuevas, y una comunidad socialmente homogénea» (Amendola, 2000: 27). Así, la nueva ciudad se crea de acuerdo con la cultura y las exigencias y necesidades de sus habitantes, concebida con una mentalidad distinta; por lo tanto, como nuevas formas que influyen en el crecimiento expansivo de las ciudades, cuyo impacto debe ser atendido en los planes de ordenamiento territorial.

Los fraccionamientos cerrados se caracterizan por tener baja densidad poblacional y forma irregular; han formado paisajes urbanos de buena calidad aislados del entorno urbano deficiente, acelerado, extenso y precario (Manero, 2003) que caracteriza a las periferias latinoamericanas, lo cual aumenta el número de ciudadanos pobres, y con ello la desigualdad social. En Puebla estos espacios constituyen una oferta especializada para recibir la emigración tradicional de los grupos sociales más solventes, de manera que las rentas altas se han incrementado en las zonas periféricas porque ahora son privilegiadas por su condición ambiental y paisajística. Sin embargo, es más la necesidad de protegerse que la de manifestar un estatus social homogéneo y aislado de la pobreza y precariedad, mediante una arquitectura defensiva en la que la población tiende a auto-segregarse (Amendola, 2000). Además de los servicios especializados de seguridad, están los de calidad por medio de instalaciones deportivas y de ocio como los campos de golf y tenis, piscinas, zonas verdes y centros comerciales, que resaltan aún más la desigualdad social en la periferia. Las nuevas formas que surgen en la ciudad trasladan diversas funciones y actividades urbanas al periurbano, fuera del núcleo central, y favorecen cambios en los patrones de consumo y modos de vida; tal es el caso de los grandes centros comerciales y edificios de gobierno situados en las principales vías de transporte (Ramírez Kuri, 2009).

Encontramos en las formas de urbanización cerrada un modelo predominante que adopta la morfología de la ciudad jardín aprovechando al máximo los espacios, el paisaje y las características naturales del terreno, donde el promotor oferta la vivienda terminada (Rodríguez, 1992). Cabe aclarar que la legislación sobre urbanizaciones cerradas en México difiere según los estados tanto en la concepción de las características físicas como en los requerimientos administrativos y las cargas fiscales del derecho de fraccionar. Estamos asistiendo a la transformación de la lógica interna y la organización de los espacios en la ciudad contemporánea, en la cual desde los años setenta se da por terminado el periodo de la expansión física e inicia la creación de nuevas partes. En los ochenta, la ciudad, ya expandida, comienza a transformar, reutilizar y valorar sus partes antiguas.

El periurbano presenta un crecimiento acelerado con debilidades territoriales y medioambientales, por lo que no es sostenible a largo plazo, pues se contaminan el agua y el aire, y se consume gran cantidad de suelo y energía. De esta manera, las ciudades requieren atención especial en las evaluaciones ambientales a escala regional metropolitana. Los sistemas y servicios urbanos se dificultan cada vez más debido al crecimiento demográfico, comercial y financiero, avalado por políticas urbanas inapropiadas. Así, conforme crecen las ciudades, el mercado de tierras ejerce presión sobre los ecosistemas naturales circundantes, lo cual incide en la pérdida de «tierras húmedas y silvestres» e impacta en la degradación de recursos forestales y las cuencas hidrológicas dentro y fuera de la ciudad (Cadena, 2014).

El concepto de ecología política actualmente se utiliza para el análisis de los problemas socio-territoriales en disciplinas como geografía, ciencia política, sociología y antropología; debido a sus principios teóricos y metodológicos, se ha consolidado como una herramienta teórica y analítica para una mejor comprensión de los problemas asociados a la interacción entre hombre y ambiente. En este sentido, académicos como Blaikie (2006), Escobar (2008) y Robbins (2012) emplean casos de estudio que muestran los conflictos que surgen por la sobreexplotación y el mal manejo de los recursos naturales (Calderón, 2013). Con base en la definición teórica de Blaikie y Brookfield (1987: 17), tenemos que «La ecología política combina las inquietudes de la ecología (antropología ecológica), y una economía política ampliamente definida. Juntos abarcan la dialéctica constante del cambio entre la sociedad y los recursos naturales, y también entre las clases y los grupos dentro de la sociedad misma» (Calderón, 2013: 1).

En este sentido, conforma un campo académico de análisis y crítica que identifica los fundamentos de injusticia ambiental y sobreexplotación de los recursos, y relaciona el cambio ambiental con procesos sociales y políticos en todos los niveles. Por lo tanto, para comprender cualquier problema ambiental se requiere vincularlo a la distribución de poder y relaciones sociales de producción (Calderón, 2013).

Por otra parte, la ausencia de mecanismos legales y disponibilidad de suelo susceptible de ser urbanizado adecuadamente fueron las causas de que aumentara el estancamiento económico y fuera imposible para un sector de la población adquirir vivienda de manera regular. El papel de los diferentes ámbitos de gobierno fue limitado e insuficiente ante la regularización de la tenencia de la tierra y las políticas de preservación de reservas territoriales, «al grado de que la intervención directa del gobierno se caracterizó por darse a posteriori, es decir, una vez que los terrenos habían sido objeto de ocupación irregular y se evidenciaban los conflictos entre ejidatarios y pobladores» (Díaz Tejeda y colaboradores, 1999: 116). En este sentido, se perciben más acciones de conversión de suelo en reserva territorial que la cantidad que es necesario regularizar. El problema de precariedad urbana en terrenos ejidales ha sido atendido mediante «programas federales y locales orientados, en lo fundamental, a dos líneas principales de actuación: la acción correctiva a través de la regularización de la tenencia de la tierra, a cargo del sector agrario gubernamental; y la acción preventiva de oferta legal de tierra barata por medio de la constitución de reservas territoriales, a cargo del sector urbano gubernamental» (Díaz Tejeda y colaboradores, 1999: 116).

En los últimos años la zona metropolitana de Puebla ha tenido un acelerado crecimiento poblacional. Esto expande la mancha urbana e incrementa el descontrol de los límites territoriales, por lo que a los nuevos desarrollos de vivienda horizontal se suma un sinfín de edificios verticales de departamentos tipo loft, que están teniendo una mayor demanda (Mayorga Lima, 2015).

El comportamiento del sector surponiente de Puebla consiste en un patrón de ocupación del suelo en áreas agrícolas, cuyos costos de urbanización han sido muy altos debido al impacto ecológico que tiene. En Lomas de Angelópolis, sesenta de cien hectáreas se han destinado a vivienda (Hendrix, 2013). Cabe mencionar que en 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cuantificó 3 930 habitantes, cifra que se ha multiplicado por más de diez en los últimos siete años (Galindo, 2017), por lo que este fraccionamiento es el de mayor crecimiento en la zona metropolitana. Un factor que ha detonado este incremento son los aproximadamente mil 200 millones de pesos invertidos en la edificación de residencias y departamentos de lujo; uno de los principales desarrolladores es Grupo Proyecta (Grupo Multimedia Lauman, 2015). Entre las ventajas destacan su ubicación y articulación vial con el resto de la ciudad, por lo cual se le considera «una comunidad planeada, bella y segura que ofrece la más alta calidad de vida […] a 8 km de la capital poblana» (Imagen Digital, 2015). Es importante resaltar que las familias que invierten en este fraccionamiento proceden del centro y el norte del país, quienes por lo general adquieren un patrimonio sin cambiar de residencia. Otro aspecto determinante es el estatus socioeconómico que da el lugar, el cual corresponde al alto precio de venta, que en 2015 oscilaba entre 1.5 y cuatro millones de pesos, considerando un valor por metro cuadrado de entre ocho mil y diez mil pesos (Hernández, 2015).

Por otra parte, el número de viviendas totales contempladas en el fraccionamiento es de 19 000, incluyendo torres complementadas con amenidades, equipamientos, parques y lagos exclusivos en 470 hectáreas (Excélsior, 2015). Entre las amenidades se consideraban en 2016: parques, 91 hectáreas de áreas verdes, 13 kilómetros de ciclopistas, 30 canchas deportivas y 180 hectáreas de vialidades. La seguridad se basa en el uso de plataformas tecnológicas con apoyo directo de la policía municipal de San Andrés Cholula (Grupo Proyecta, 2016). Es importante resaltar que la separación sustancial de la ciudad provoca el anhelo de exclusividad ante la propiedad a pesar del desequilibrio ecológico, la especulación del suelo y la segregación social, que son nuevas pautas de expansión urbana (véase Mapa 2).

Fuente: Llaven (2016)

Esta acelerada urbanización sin una planeación previa conduce a la degradación del medio ambiente y se manifiesta en la contaminación del río Atoyac y del suelo por el mal manejo de desechos líquidos y sólidos en algunas colonias aledañas. En este sentido, entre los retos de los programas de desarrollo urbano se encuentra la promoción de una reactivación económica y social de los subcentros urbanos (Amendola, 2000), buscando siempre un reordenamiento metropolitano sustentable en beneficio de la sociedad, lo cual resulta difícil de lograr para muchas ciudades del país, entre ellas, por supuesto, Puebla.

La autoridad municipal de San Andrés Cholula otorgó permisos para negocios, cambios de uso de suelo, licencias de construcción y administración de los estacionamientos virtuales en Lomas de Angelópolis y Distrito Sonata. Además, dio a conocer la edificación de la torre residencial de lujo más alta de México: Nvbola Tower. Por otra parte, con respecto al tema de la legalidad, existe un problema de los ejidatarios en contra de los desarrolladores de Lomas de Angelópolis debido a que señalan una duplicidad de escrituras que certifican la propiedad de doce terrenos en la zona aledaña al río Atoyac. En respuesta, el secretario de Gobernación y Asuntos Jurídicos de San Andrés Cholula ratificó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ante la presentación de escrituras por Grupo Proyecta, le entregó permisos para construir en el lugar de conflicto el clúster Cascatta antes de que se diera la problemática con los supuestos propietarios ejidales (Tirzo, 2017).

En efecto, haciendo un recuento histórico, tenemos que «tanto las vías de comunicación como la expansión industrial se hicieron a expensas de los campesinos metropolitanos, sin que los beneficios tocaran a las puertas de estos […], cuyos efectos han sido devastadores para los productores rurales del área metropolitana» (Tovar, 2004: 130-131). Dicha especulación se evidencia en Lomas de Angelópolis, donde los desarrolladores compraron tierras ofreciendo mil pesos por metro cuadrado para venderlas posteriormente en más de siete mil pesos (De los Ángeles, 2017). No obstante, desde los primeros años del siglo XXI muchos empresarios se anticiparon comprando a ocho pesos el metro cuadrado en cuatro de las seis juntas auxiliares de San Andrés Cholula y en Santa Clara Ocoyucan, lo cual corresponde a aproximadamente una milésima parte del precio actual de mercado. De esta manera, la mayoría de los ejidatarios fueron despojados de más de cien hectáreas con argucias legales (Llaven, 2016), y hubo también quienes cobraron a 800 pesos el metro cuadrado y otros a quienes la inmobiliaria obligó a vender al cercar los accesos a sus terrenos (Ruiz, 2017).

Exclusión y segregación socioespacial: estudio de mercado y clasificación de la vivienda en Lomas de Angelópolis

La tendencia al desarrollo de fraccionamientos cerrados y torres para vivienda responde al elevado costo de urbanización extensiva y contribuye a la concentración de equipamientos adoptada por las metrópolis estadounidenses de los rascacielos, las main streets y las edge cities (Amendola, 2000: 12). No obstante, el nuevo urbanismo estadounidense valora la concentración, el equipamiento comercial, la vivienda en bloques (Capel, 2002).

Con la expansión de la ciudad, el planeamiento europeo se preocupa por revitalizar las áreas consolidadas, lo que da como resultado una ciudad compacta, un modelo polinuclear, preservando espacios naturales y el paisaje. Para Capel (2002: 490), «el carácter de las nuevas edificaciones, impulsará la vida urbana privatizada con áreas cerradas como segregación espacial exclusiva».

En Lomas de Angelópolis se consideran dos tipos de vivienda vertical, una de baja densidad de tres a seis niveles por torre y otra de alta densidad de siete a 20 niveles, Distrito Sonata, de los cuales la mayor parte se concentra en los segmentos de estatus social medio y residencial (Mayorga Lima, 2015) (véase el Cuadro 1).

Cuadro 1 Estudios de mercado de acuerdo con el tipo de vivienda

Clasificación	Valor (pesos)	Características generales del producto
Mínima (Min.)	Hasta 122 804	1 o 2 recámaras. Generalmente no escriturada, con electricidad y en ocasiones con agua y drenaje. Mayormente autoconstrucción
Social (S)	122 805-327 478	Cocina, sala-comedor, 1 a 2 recámaras, 1 baño, 1 cajón de estacionamiento, escriturada con todos los servicios. Casas y departamentos.
Económica (E)	327 478-614 021	Cocina, sala-comedor, 1 a 3 recámaras, 1 baño, 1 cajón de estacionamiento, escriturada con todos los servicios. Casas y departamentos.
Media (M)	614 021-1 535 053	Cocina, sala-comedor, 2 a 3 recámaras, 1 1/2 a 2 1/2 baños, 1 a 2 cajones de estacionamiento, todos los servicios. Casas y departamentos.
Residencial (R)	1 535 053-3 418 052	Cocina, sala-comedor, 3 a 4 recámaras, 3 a 4 baños, 2 cajones de estacionamiento, cuarto de servicio, todos los servicios. Casas y departamentos.
Residencial plus (RP)	3 418 052 o más	Cocina, sala-comedor, 3 a 4 recámaras, 3 a 5 baños, 2 a 6 cajones de estacionamiento, cuarto de servicio, todos los servicios.

Fuente: Elaboración propia a partir de Mayorga Lima (2015).

El análisis general de este estudio permitió conocer características y antecedentes de los precios que conlleva un proyecto especulativo cuyas políticas de vivienda favorecen el tipo residencial. Puebla cuenta con 219 proyectos, de los cuales 38 % corresponden a vivienda del segmento medio; seguido de la vivienda del segmento residencial, que representa 33 % del total de proyectos en la zona (Mayorga Lima, 2015). Las ventas en Puebla se mantienen en 600 unidades o un poco más al mes, de las cuales la vivienda social y la económica han tenido la mayor participación en el mercado. A pesar de esto, el precio por metro cuadrado promedio ha mostrado una tendencia creciente sobre todo en los segmentos residencial y residencial plus, los cuales en 2015 aumentaron 5 % (Mayorga Lima, 2015: 2). Esto se debe al desarrollo de grandes infraestructuras y equipamientos de lujo, que han hecho a la ciudad más atractiva para invertir y vivir, principalmente en fraccionamientos como Lomas de Angelópolis, en este sector surponiente (véase Gráfica 1).

Fuente: Mayorga Lima (2015).

En este sentido, la ciudad difusa surge configurando cada una de sus partes en tiempos diferentes, en las que intervienen promotores inmobiliarios que muestran que «lo importante de la ciudad es que incluya elementos que tengan la capacidad de conferir status a sus habitantes dentro del nuevo entorno urbano» (Amendola, 2000: 33). Por ello debemos analizar los factores que actúan hoy sobre la forma y organización de la ciudad; donde las exigencias de valorización de capital, el consumo de masas, pero principalmente el mercado inmobiliario, impactan y asumen nuevas modalidades en el contexto urbano.

De esta manera, en el proceso de redensificación de la zona metropolitana de Puebla se desarrollan actualmente nuevos proyectos inmobiliarios verticales, que evitan el crecimiento de la mancha urbana y la conurbación con municipios colindantes, lo cual reduce las distancias de transporte y facilita el uso de alternativas móviles como la bicicleta (Mayorga Lima, 2015). Sin embargo, este aumento en la densidad de población sin una planeación previa tiene grandes costos e impactos debido a la demanda de servicios de agua potable y saneamiento, así como en equipamiento y estacionamientos.

Nos encontramos ahora ante el incremento del precio y la calidad de la vivienda en la periferia surponiente, lo cual dificulta a muchos el acceso al mercado de ella. Así, la imagen de la vivienda residencial en Lomas de Angelópolis mejora en función de la accesibilidad, disponibilidad de equipamientos, infraestructura y servicios, en zonas de mayor calidad ambiental, la cual debe poner especial atención para no sobrepasar las capacidades de carga de las redes de infraestructura debido al aumento de las densidades con el incremento desmedido de vivienda vertical. Este fenómeno ocurre en las principales ciudades de los países latinoamericanos, con nuevas formas de crecimiento que incentivan el desarrollo económico y a la vez proyectan la imagen de la ciudad en el exterior. Sin embargo, se convierten en espacios propicios para la especulación con infraestructura y servicios avanzados, de los cuales se beneficia la población ya existente; por otro lado, deja a sectores de gran marginación fuera de las ventajas de este desarrollo, como se observa en el periurbano surponiente de la ciudad de Puebla.

Por lo tanto, los sectores sociales más fuertes llegan, dejan su propia marca y le disputan el uso de la ciudad a sectores más débiles (Amendola, 2000: 45), pues el precio de la vivienda aumenta en relación con la calidad social del espacio circundante, por lo que muchos no pueden acceder a un mejor nivel de vida ni a los privilegios que se producen con la difusión de la ciudad ante la especulación y el emplazamiento en zonas agrícolas y rurales. Estas condiciones atraen a diferentes sectores económicos que buscan suelo barato, lo cual ocasiona el incremento del valor del suelo debido al desarrollo urbano que generan. De acuerdo con César Bonilla Yunes, representante de Empresarios Inmobiliarios de Puebla, actualmente existe sobreoferta de vivienda residencial y al mismo tiempo carencia en vivienda de interés social accesible. Como se observa en el Cuadro 1, se considera vivienda residencial y residencial plus aquella que cuesta desde uno hasta treinta millones de pesos, mientras que las viviendas de interés social ubicadas en la misma periferia se pueden adquirir hasta en 300 000 pesos (Rocha, 2016).