El derecho humano al agua en Chapala. Periferia del área metropolitana de Guadalajara

El Diccionario de la lengua española define el agua potable como aquella «que se puede beber». Por lo tanto, en México se debería poder beber el agua de las tuberías sin que eso implicara un riesgo. Una característica del derecho humano al agua es que debe ser salubre, lo que significa que «debe ser buena para la salud».

En muchos países existe una gran preocupación porque el agua sea suficiente, pero también salubre. El objetivo 6 de los llamados Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en la ONU, considera que se deberá «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos» (ONU, s.f.).

En función de este objetivo, la ONU se propone varias metas. La 6.3 establece que se debe: «Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial».

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), mediante el informe del Programa Conjunto de Monitoreo, reportan el progreso en materia de agua potable, saneamiento e higiene para evaluar los avances de los ODS, con información actualizada hasta 2017. Según este informe tres de cada diez personas del mundo -2 100 millones- carecen de acceso al agua potable en el hogar (OMS y Unicef, 2017); la mayoría son habitantes de zonas rurales. Además, afirman que «Miles de millones de personas han obtenido acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento desde el año 2000, pero estos servicios no proporcionan necesariamente agua potable ni saneamiento seguro» (OMS y Unicef, 2017).

En México se ha trabajado en la cobertura del servicio de agua entubada, pero aún falta mucho para que sea potable y salubre, y también para abatir la contaminación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró en 2015 que la medición de la cobertura de agua se consideraría solo en relación con el servicio de agua potable, lo cual ha llevado al equívoco de pensar que toda el agua entubada es potable. Conagua afirma que la población «tiene acceso al agua potable ya sea a través del agua entubada en vivienda o terreno, proveniente solamente del servicio público de agua, pozo comunitario o pozo particular, o a través de acarreo de llave comunitaria» (Semarnat y Conagua, 2016). Desde esta perspectiva, «la cobertura nacional de agua potable es de 92.5 % (95.7 % urbana, 81.6 % rural)» (Semarnat y Conagua, 2016), de lo que se deduce que solo 7.5 % de la población no tiene agua potable. Pero entonces surge la pregunta ¿por qué no se consume el agua de la llave en los hogares?

En el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento en México, elaborado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil, se advierte que «medir en términos de agua entubada dentro de la vivienda o predio, de un hidrante público o de otra vivienda, así como medir drenaje conectado a la red pública o fosa séptica, en realidad es medir infraestructura, no acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible, al agua potable o a instalaciones de saneamiento dignas y seguras» (Informe DHAyS, 2017: 11). En otras palabras, tener una llave de agua en casa, por lo menos en México, no significa que se pueda disponer de agua suficiente, potable o salubre.

Los grandes centros urbanos de México, como lo es el AMG, cuentan con plantas potabilizadoras y suelen clorar el agua, pero aun así la población en general no considera que el agua entubada que llega a las casas sea potable y salubre. En 2016, la Secretaría de Salud Jalisco reconoció que «en total son 90 los municipios de Jalisco que registran deficiencias en la cloración de su agua potable y presentan diferentes niveles de metales pesados dañinos para la población» (Méndez, 2013). Puesto que al estado lo integran 125 municipios, 72 % de ellos tienen una cloración deficiente. Un estudio recientemente publicado (Rubino et al., 2018) sobre la contaminación bacteriana del agua potable en Guadalajara identificó que el cloro residual estaba fuera de norma -en algunos casos por encima y en otros muy por debajo-, y que de cada diez muestras tomadas de los grifos en cinco había contaminación por coliformes. Si bien estos últimos no se aprecian a simple vista, existen características en el agua que hacen dudar de que sea salubre: «casi la mitad de las casas estudiadas reportaron olores desagradables y 59 % reportó colores desagradables. Durante el muestreo, se observó agua marrón o amarilla en múltiples hogares». La desconfianza del agua entubada es grande y se reflejó en que solo «cuatro de cada 61 personas consumieron agua del suministro público» (Rubino et al., 2018: 6).

Acerca del ciclo urbano del agua, podemos decir que en buena medida la contaminación se vincula, entre otros factores, a la incapacidad para verificar el cumplimiento de las normas ambientales e imponer sanciones cuando se violan. Por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 establece «los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas» (Semadet y Conagua, s.f.: 7). Pero la investigación realizada por McCulligh (2016) demuestra que las deficiencias en la aplicación de la norma inician en el área de inspección. Menciona que Conagua «tiene mucha dificultad para cumplir con sus responsabilidades de hacer cumplir la regulación del agua […], teniendo 150 inspectores para controlar 475 000 usuarios registrados y muchos más actores ilegales».

Es importante mencionar que la mayoría de los municipios no tienen la capacidad para tratar las aguas que salen de las casas, por lo que contribuyen a contaminar los acuíferos de los que se extrae agua para los mismos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 2 457 municipios y delegaciones de México, solo 827 (34 %) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales; los restantes 1 628, es decir 66 %, no las tratan (INEGI, 2017). Y destaca que «si se toman en cuenta las unidades económicas productoras de bienes y servicios que realizan actividades como personas físicas y sociedades constituidas como empresas (incluidas aquellas con participación estatal), de un total de 34 723 unidades registradas en el país, 89.7 % no aplican algún tratamiento a las aguas que se generan en sus actividades» (INEGI, 2017). La Conagua reconoce, en términos generales, que solo 57.5 % de las descargas municipales (usualmente de los municipios con más recursos y mayor concentración poblacional) reciben tratamiento, el resto se vierten sin tratar en ríos, arroyos, barrancas, lagos y mares (Enciso, 2017).

En síntesis, hablar de agua entubada no es sinónimo de agua salubre. En México no se dispone de los recursos suficientes para potabilizarla adecuadamente y tratarla después de su uso.

Un asunto de gran relevancia en México, que se deriva de la falta de calidad y de acceso público al agua verdaderamente salubre, es el relativo al consumo de agua embotellada. La falta de confianza en el agua potable que cotidianamente llega a los domicilios propicia que los ciudadanos prefieran gastar en comprar agua embotellada y no arriesgar su salud consumiendo agua de la llave.

México es reconocido como uno de los principales consumidores de agua embotellada del mundo (en los últimos años se ha movido entre el primero y el tercer lugar), y Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en la compra de este tipo de agua.

Según la Cámara de Diputados (2017), en 2014 se consumieron 234 litros de agua embotellada por persona. Entidades financieras como Actinver afirman que de 2011 a 2016 hubo un incremento de 36 % en el valor del mercado del agua embotellada en México (Expansión, 2017). Consideran que el consumo per cápita de agua fue de 177 litros en 2016 -dato mucho menor que el considerado por los diputados-, lo cual implicó una erogación de 544 millones de pesos. Desde otra perspectiva, la firma Kantar World Panel (Solís, 2017) afirmó que cada hogar mexicano compró en 2016 un promedio de 1 500 litros de agua embotellada al año, por lo cual se preguntaba ¿cómo un servicio público cedió la posibilidad de generar un negocio de 66 500 millones de pesos anuales?

En todo el país se desconfía ampliamente de la calidad del agua entubada: «hay un manejo inadecuado de los recursos hídricos y un servicio [de agua] deficiente […], el suministro suele ser insuficiente, irregular y de baja calidad» (Paullier, 2015). Específicamente sobre el consumo de agua embotellada, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (Tv Agua, 2018) plantea una serie de reflexiones en torno a por qué es tan alto en México y pondera varios elementos, de los cuales los tres más relevantes son:

• La desconfianza sobre la calidad del agua de la llave.

• Un marco jurídico que facilita a las empresas la explotación del agua (y obtener amplias ganancias).

• La enorme fuerza mercadotécnica con que cuentan las corporaciones embotelladoras.

Cabe reafirmar que, a pesar de la pobreza y los bajos salarios que percibe la población mexicana, las personas prefieren destinar parte de su ingreso a comprar agua confiable. Según el INEGI, «los hogares mexicanos destinaron durante 2017 un promedio de 52 pesos de su gasto semanal a la compra de agua embotellada, mientras que el gasto en agua de la red pública fue de poco menos de 41 pesos en promedio a la semana» (Forbes, 2018). En Jalisco, de acuerdo con lo referido por Torres Rodríguez (2017), «al año, en promedio la gente paga al Siapa (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado), entre 3 000 y 5 000 pesos, a la par de que compran 15 000 pesos en agua embotellada (garrafones o botellas)». La autora agrega que «la falta de confianza en el agua que llega de la tubería impacta en la economía de las familias, pues el líquido es parte de la canasta básica».

Ante la falta de confianza en el agua entubada, la gente compra agua salubre para beber. Las autoridades han dejado en manos de las empresas el suministro de agua salubre, lo que representa un gasto prácticamente fijo del austero salario de la población. Pero ¿qué pasa cuando la población consume peces que provienen de fuentes de agua contaminadas, se tiene que bañar e incluso bebe agua que no es totalmente salubre?

Es el cuerpo léntico natural más grande de México, en él desemboca el río Lerma y nace naturalmente el río Santiago, y es el principal abastecedor de agua para el AMG. Ochoa y Bürkner (2012) nos recuerdan que esta dependencia también es una vulnerabilidad; puesto que el AMG depende de la cantidad y calidad de agua del lago, si baja mucho de nivel puede llegar a escasear, y de igual manera, si se encuentra contaminado, su contaminación puede fluir hacia la metrópoli. En este caso, cuidar el agua de la periferia es cuidar la del AMG.

En 1989 se firmó un acuerdo de coordinación entre el gobierno federal y algunas entidades del país para llevar a cabo el Programa de Aprovechamiento Hidráulico y el Saneamiento de la Cuenca Lerma Chapala. Un punto central de dicho acuerdo era la «preservación de la calidad del agua y saneamiento» (Flores, 2014). Ya entonces se vislumbraba que podrían existir problemas de calidad de agua en la cuenca. A partir del acuerdo, y durante varios años -prácticamente hasta 2007-, se construyeron decenas de plantas de tratamiento municipales, de tal manera que aumentó el porcentaje de caudal municipal tratado en relación con el generado: en 2006 el caudal tratado era 43 %, relativo a 443 localidades (de más de 20 000 habitantes). Sin embargo, es importante mencionar que el Consejo de Cuenca Lerma Chapala solo tenía información de las descargas urbanas, y hacía falta actualizar la información sobre el número, tipo y capacidad de las plantas de tratamiento en las industrias, ya que estas en principio están obligadas a limpiar completamente sus aguas residuales. Pareciera que siempre o solamente ha sido prioridad el tratamiento de las aguas públicas urbanas (Flores, 2014: 169). Para 2016, el total de aguas tratadas en el territorio que comprende la cuenca del río Lerma era del 64 % (Martínez, 2016).

En 2006, el Tribunal Latinoamericano del Agua sesionó en México, y uno de los casos presentados fue el de la cuenca Lerma Chapala. En el veredicto quedó asentado que:

…las aguas superficiales y los acuíferos que subyacen en la cuenca son utilizadas repetida e intensamente por un sistema agropecuario, agroindustrial e industrial y una población crecientemente asentada en zonas urbanas. La carencia de plantas de tratamiento para aguas servidas y el inadecuado funcionamiento de los sistemas productivos que existen en todos estos ámbitos está provocando una creciente contaminación que amenaza la integridad de los ecosistemas y la salud humana (TLA, 2006).

Se puede interpretar, por lo tanto, que si bien se estaban construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios, no eran suficientes porque las plantas municipales no limpian desechos de industrias. Además, había otras fuentes relevantes de contaminación del agua -como pueden ser las agrícolas- que vierten sus contaminantes directamente a los acuíferos. Así, entonces, se debe considerar que lo expresado en ese veredicto aún es válido doce años después.

Los pobladores de la región señalan que en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado el agua del lago de Chapala era limpia y se podía tomar sin temor alguno. Los ancianos de la población ribereña de Mezcala puntualizan que en él había mucho pescado blanco y la famosa popocha; la gente se alimentaba de pescado, se dedicaba a la pesca y a la venta de lo que capturaba. Aunque en las comunidades se siguen comiendo y vendiendo peces del lago, ahora tienen la certeza de que están contaminados. Debido a la contaminación del lago, según pescadores ribereños, al menos 12 de 28 especies de peces (43 %) han desaparecido desde 1990 (Navarro, 2018).

Se han realizado diversos estudios del lago de Chapala para determinar la presencia y las concentraciones de minerales como el mercurio en peces, particularmente en la carpa (Cyprinus carpio). Si bien encontraron presencia de este metal en todos los peces muestreados, un tema clave fue que su concentración no era mayor que la regulada en la Norma Oficial Mexicana, lo cual haría suponer que no representa riesgo alguno para los consumidores, sin considerar sus afectaciones directas en las mismas carpas y el ecosistema. Sin embargo, al comparar las concentraciones obtenidas con los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, las muestras resultaron tener concentraciones mayores que las que se consideran convenientes en la ingesta diaria tolerable en estas normas (Todd et al., 2013).

Los metales y otros elementos que llegan al lago provienen de industrias, pero también se identificaron agrotóxicos empleados en la producción de alimentos en la región. De acuerdo con un estudio, en el lago «no se tiene un buen manejo de los agroquímicos y la cantidad utilizada llega a superar los niveles recomendados por los mismos fabricantes, además estos productos incluyen entre sus ingredientes sustancias muy tóxicas, como el metilparatión y el carbofurano» (Juárez, 2013).

Por su parte, la Conagua, mediante la Red Nacional de Monitoreo, identifica que la mayor parte del lago está contaminada por coliformes fecales -se usan como indicador de la calidad del agua porque su presencia denuncia organismos causantes de enfermedades-. En 2017 se observó que 23 de las 30 estaciones de monitoreo (77 %) tenían concentraciones de coliformes de entre 200 y 10 000 como número más probable por 100 mililitros (NMP/100 ml), rango con el que la misma Conagua califica el agua como contaminada; cuatro de 30 estaciones (13 %) se encontraban fuertemente contaminadas, dos (7 %) dentro del rango estable y solo una presentó una concentración que permitía considerar el agua como de buena calidad.

En marzo de 2018 se solicitó a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Conagua (número de folio 1610100154118), toda la información de los monitoreos de calidad del agua realizados en el lago de Chapala. La Conagua respondió con un documento de muestreos realizados por cada estación de monitoreo del 21 de noviembre de 2012 al 8 de febrero de 2018. Estos datos (entregados en un archivo Excel) fueron analizados y sistematizados por el Departamento de Matemáticas y Física del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y se encuentran en el «Reporte del análisis de datos de la calidad del agua del lago de Chapala».³ Para el análisis se seleccionaron solamente los parámetros más relevantes para el caso: arsénico, coliformes fecales, cromo, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), Escherichia coli, mercurio, nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, nitrógeno orgánico, nitrógeno total, ortofosfato, fósforo, plomo, pH, sólidos disueltos totales (SDT) y sólidos suspendidos totales (SST). Se realizó una comparación de cada parámetro con los niveles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales; la NOM-127-SSA1-1994, que establece los límites permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización, y con las guías para agua potable de la OMS. Uno de los resultados más relevantes evidenció que en todas las estaciones de monitoreo al menos una vez se había detectado la presencia de cada uno de estos parámetros excepto plomo, mismos que han llegado y se depositan en el lago. Existe una diferencia muy significativa entre los valores de los compuestos que se consideran adecuados a nivel internacional y los valores nacionales. Las concentraciones promedio por estación de muchos de estos parámetros cumplen con la normatividad nacional, pero pueden no cumplir con lo recomendado por la OMS. Por ejemplo, el promedio global de arsénico es de 0.0125 mg/L, y supera los 0.01 mg/L establecidos por la OMS. En el caso de coliformes fecales y Escherichia coli las concentraciones promedio resultaron sumamente elevadas, de 7 048.5 NMP/100 ml y 516.5 NMP/100 ml respectivamente. La norma nacional para agua potable y el estándar de la OMS establecen que el agua no debería tener ninguna concentración de coliformes, pues su presencia implica descargas de aguas negras al lago de Chapala sin un tratamiento eficiente.