Precarización laboral y corrupción: límites de los derechos y de la conservación en el Alto Golfo de California

Para analizar el impacto que las políticas neoliberales tienen en la organización territorial y productiva en el delta bajacaliforniano, propongo identificar las articulaciones entre las dinámicas microsociales -interacciones y prácticas de sujetos situados-, mesosociales -discursos y normas institucionales- y macrosociales -formas de conservación, organización del trabajo y de comercio global- en dos espacios: el río, que es la zona de pesca, y la parte terrestre del delta, que es la región agrícola del territorio. Como veremos más adelante, las organizaciones agroproductoras o de pesca de totoaba requieren cierto grado de control sobre el trabajo, el territorio y los recursos, y se organizan para obtener mayores ganancias al menor costo posible.

Este enfoque permitirá identificar el papel de las instituciones del Estado frente a las prácticas productivas, legales y no legales, presentes en el territorio deltaico, y con ello analizar la relación entre los valores neoliberales, el uso extractivo del territorio y su contraste con los discursos y las normas de conservación. Esto es importante porque, como se dijo al inicio del texto, en el delta bajacaliforniano la creación de una reserva de la biosfera contrasta con la sobrepesca de especies reguladas; pero también con las amenazas a especies en peligro de extinción, como la totoaba. En estudios previos se ha documentado la relación entre los valores neoliberales y las prácticas de conservación. Sobre este tema, Durán argumenta que «existe una fuerte correlación entre el crecimiento a nivel mundial de las Áreas Protegidas (AP) y la instauración del modelo económico neoliberal» (2014: 196). Según la autora, la mirada neoliberal sobre la naturaleza está transformando la manera en que se entiende la relación sociedad-naturaleza (Durán, 2014: 192).

Durán también identifica una relación directa entre la creación de las ap y la reducción del control de las poblaciones locales sobre sus recursos (2014: 199). Desde este marco conceptual, las restricciones que los cucapá han experimentado para acceder a su territorio histórico y sus recursos a partir del decreto de creación de la reserva de la biosfera (Navarro et al., 2013; Navarro et al., 2010), así como los impactos que estas restricciones han tenido en el proceso de organización de las cooperativas de pesca cucapá, que en sus palabras tienen el objetivo de «defender el derecho a pescar en su territorio» (Navarro y Cruz, 2015), serían una consecuencia de prácticas de conservación orientadas por valores neoliberales.

Desde esta perspectiva, los problemas de acceso al territorio y los recursos que han experimentado los cucapá desde la creación de la reserva de la biosfera se deberían analizar en conjunto con problemas similares que afectan a otros grupos indígenas. El eje transversal para analizar estos casos serían las limitaciones de las poblaciones locales sobre sus recursos, y el uso de la ley como dispositivo de control y castigo a quienes no acatan este nuevo orden social. En el marco más amplio, también se necesita revisar cómo, al mismo tiempo que el Estado ejerce el control sobre las poblaciones locales creando marcos legales restrictivos, permite la operación de empresas con prácticas de agroproducción que impactan negativamente la salud de los ecosistemas.

Siguiendo este planteamiento, identificaré las acciones tanto de agentes gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) conservacionistas internacionales presentes en el caso de estudio que, orientadas por ciertos discursos de conservación, inciden en la comprensión de la relación sociedad-naturaleza en el delta bajacaliforniano. Este caso nos permite hacer extensivo el planteamiento de Durán para decir que, además de la reducción del control sobre sus recursos, la creación de esta ap ha significado para los cucapá el despojo de su territorio, la criminalización de su presencia en el río para pescar en áreas que se proyectan de uso exclusivo para la conservación (Navarro et al., 2014) y el desgaste de los grupos de población afectados, que se organizan para volver visible la violación de derechos que les causan las restricciones impuestas por estas políticas de conservación.

¿Pero cómo ha sido posible la legitimación del control administrativo sobre áreas y especies con fines de conservación cuando a nivel global no se están logrando sus objetivos? ¿Cómo es que en la comprensión de «la conservación» se invisibiliza el efecto que tiene este discurso al criminalizar a quienes se organizan para defender sus formas de vida en áreas que se les expropian para convertirlas en «zonas de protección»? Estas preguntas revelan la centralidad del papel que tienen los discursos de conservación en la legitimación de un orden social neoliberal que genera degradación ambiental por extracción. Estas son «las contradicciones internas del capitalismo como un sistema económico que degrada la base de recursos necesaria para su reproducción» (Durán, 2014: 192).

En el Valle de Mexicali, las agroproductoras que hacen un uso intensivo de la tierra y el agua han provocado la desertificación del otrora saludable ecosistema deltaico, que proveía a los cucapá de alimentos, peces y animales silvestres para su sostenimiento (Porcayo et al., 2016). Los costos sociales que la agricultura y pesca extractivas han tenido en la configuración del territorio, la vida de sus habitantes y la salud del ecosistema son la precarización, la desigualdad, el despojo territorial, la degradación ecosistémica y el fortalecimiento de redes de tráfico de productos ilegales. En las secciones que siguen presentaré información que permite conectar temas que se estudian como aspectos de problemáticas separadas en los estudios de conservación, pesca y vulnerabilidad social, para revelar su articulación sistémica en la producción de zonas de extracción.

El principal problema que enfrentan los cucapá³ para continuar pescando no es necesariamente la lógica excluyente con la que se planean las acciones de conservación (Navarro et al., 2014: 47), sino la corrupción. A continuación, un momento al final de la temporada de pesca de la curvina golfina de 2013 describe la situación.

Uno de los compradores de pescado, que se encontraba negociando los avisos de arribo y las guías de traslado, documentos que expide la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) para que la cooperativa de pesca pueda comercializar legalmente la captura que ya se tenía enhielada y lista para salir con rumbo al mercado de La Viga, en la Ciudad de México, hablaba por teléfono a uno de los pescadores: «No te preocupes -dijo-, el tráiler se va hoy mismo». La voz del comprador en el altavoz del celular refirió que le entregarían los papeles para trasladar legalmente el pescado a cambio de 30 000 pesos. Al terminar la llamada, pregunté a los pescadores si eran las autoridades las que pedían esa cantidad. «Sí, por cada tráiler. Se reunieron en la oficina de una autoridad de alto rango», añadió el dueño del teléfono. Todos nos quedamos unos minutos en silencio, procesando la información. ¿Y qué van a hacer?, pregunté. «Nosotros no vamos a hacer nada. Ellos [los compradores] son los que están manejando todo esto. Pero puedes tener por seguro que no son ellos los que van a poner esos 30 000 pesos. Nosotros terminaremos pagando esa mordida en unas semanas, cuando el comprador regrese a pagarnos el pescado. Verás cómo nos lo descuentan diciéndonos que el precio que les pagaron en La Viga era más bajo de lo que nos habían dicho. Ellos nunca pierden su ganancia», respondió un segundo pescador presente en el acto con voz grave, desesperanzada.

Este episodio me hizo reinterpretar los hechos que había observado a lo largo de diez años acompañando a los pescadores cucapá a oficinas de abogados, acciones de defensa e innumerables reuniones con autoridades de pesca cuando se negociaban las soluciones a las crisis creadas por políticas de conservación y de pesca porque no se tomaban en cuenta sus derechos al territorio y a la pesca. Con ellos fui testigo de la negación de los derechos diferenciados que reclamaban. Tal vez por eso, inspirada por su claridad en la defensa de lo que consideran les es propio, seguí pensando que reconocer sus derechos sería una clave importante para la solución de los problemas de acceso a la pesca: esta idea se convertiría en la premisa que orientaría mi trabajo de investigación y de colaboración en 2017; por ello documentamos los obstáculos legales que en México existen para desarrollar políticas públicas de conservación con un enfoque de derechos (Navarro et al., 2013, 2014). Incluso grabé en video procedimientos administrativos o penales que pusieron en riesgo el patrimonio, el acceso al territorio o la autogeneración de ingresos propios por la actividad de pesca (2008, 2012, 2013). Este enmarque de la investigación no me dejó otra opción que aprender los referentes legales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, o de recursos legales como el amparo, que los cucapá recitaban de memoria en las reuniones con las autoridades, con los abogados asesores o en las conversaciones en las cocinas.

Aquella tarde de mayo, en la cabina de una pick-up de pesca, en compañía de los pescadores cucapá, después de escuchar la naturalidad con que el comprador comunicó el monto de la mordida que haría posible la comercialización de la captura de ese fin de temporada de pesca, me di cuenta de que la premisa que había sostenido mi trabajo previo, la del reconocimiento de derechos como clave para resolver sus problemas de pesca, no era sino una utopía. Me preguntaba si seguían siendo pertinentes los supuestos de que era posible producir información que eventualmente llevara al reconocimiento de los derechos de un pueblo indígena, cuando la corrupción parecía hacer inviable el Estado de derecho. ¿Podría una perspectiva de aprovechamiento sustentable con un enfoque de derechos resolver los conflictos que año con año enfrentaban los cucapá para continuar pescando frente a dinámicas de corrupción como la que acababa de presenciar?

La utopía del Estado de derecho se hizo pedazos bajo el peso de los eventos que se desarrollaban ante mis ojos: no sería el imperio de la ley el que permitiría la comercialización y el pago de la captura de los cucapá en aquel año, sino el imperio de la corrupción. En este desfavorable escenario, los observé analizando los riesgos y pensando juntos en la estrategia para intentar reducir los impactos negativos de la cadena de corrupción en su vida cotidiana. Así fue como el fenómeno de la corrupción se desplazó al centro de mi comprensión de los problemas que enfrentan los cucapá para seguir pescando. Desde esta perspectiva, se revelan otros escenarios de inseguridad y riesgos en la observación de la vida cotidiana. Desde aquí también se resignifica el valor de la acción colectiva de un pueblo en el contexto neoliberal. ¿Qué papel debe desempeñar un investigador en escenarios como el descrito? ¿Cómo podría, como investigadora, seguir acompañando a los cucapá, en particular a mujeres determinadas y fuertes, en sus acciones de reivindicación y defensa de su cultura, su vida y su territorio en el escenario de corrupción y violencias sistémicas del noroeste rural y fronterizo mexicano? ¿Cómo establecer conversaciones que permitieran el diálogo de saberes en este contexto? ¿Qué giro debería tomar un proyecto que se siguiera proponiendo acompañar el proceso de los pescadores cucapá en la defensa de su acceso a la pesca y de su territorio, y al mismo tiempo desarrollar estrategias de pesca sustentable? El primer paso podría ser el de documentar la corrupción en el área natural protegida para identificar los papeles de la pesca legal e ilegal en la estructura del empleo en la región y así nombrar las violencias sistémicas globales que configuran el espacio del delta del río Colorado. Para hacerlo, recurro a la información generada por OSC conservacionistas, en orden cronológico.

Estudiar etnográficamente la corrupción en un escenario de comercios negros es una empresa no solo riesgosa sino difícil de lograr en términos metodológicos, por ser una actividad que se desarrolla en situaciones que no son públicas. Por eso el trabajo de activismo y documentación realizado por las OSC de conservación ha sido tan importante, porque ha permitido a la prensa visibilizar la corrupción y sus vínculos con la pesca. Desde el punto de vista académico, puesto que todavía no hay estudios sistemáticos que lo analicen, estas fuentes son muy valiosas por ser las únicas que han tratado de describir este fenómeno. Es por ello que a continuación me detengo en la revisión de las fuentes periodísticas y los reportes generados por las OSC conservacionistas.

Comenzaré esta revisión con la publicación de Environmental Defense Fund de México (EDF) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) titulada La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la competitividad (2013). Como el título y la alianza entre los organismos editores lo anuncian, el centro de interés de esta publicación es la relación entre sustentabilidad y economía. Este reporte aparece tres años después de que EDF llegara al Golfo de Santa Clara en 2010, con el objetivo de implementar, en alianza con el gobierno de Sonora y con el respaldo de las oficinas de Conapesca en la entidad, un esquema de pesca por cuotas para la curvina golfina. Para colaborar en el ordenamiento de esa pesquería, EDF planeó su estrategia retomando los casos exitosos en la implementación de captura por cuotas, en los que se demostraba el aumento de precio de las capturas cuando se reduce el volumen capturado; según las leyes de la oferta y la demanda, argumentaba EDF, menos pescado en el mercado aumenta su precio, beneficiando con ello a los productores y a las especies, pues se obtendrían mayores ingresos con menos captura.

En esta planeación de la pesca por cuotas, sin embargo, EDF no consideró las variables del aislamiento geográfico de la vasta extensión donde se realiza la pesca de la curvina, las dificultades para su vigilancia, el surgimiento de mercados negros para subproductos de especies endémicas de la región -incluida la totoaba-, la fuerza económica de su demanda, las laxas sanciones previstas para el tráfico de partes de especies en peligro de extinción ni la precarización de la estructura del empleo en la región.

En una inusual coincidencia, EDF comenzó su trabajo para implementar el sistema de capturas por cuotas al mismo tiempo que aparecieron en el delta dos circunstancias contrarias: la promulgación de la medida «tope de captura», en 2011, y la demanda del mercado asiático por el buche de curvina y de totoaba. Aunque existía una norma que restringía el volumen de captura de la curvina golfina, dicha demanda ejerció presión sobre su pesca, pero sobre todo de la pesca de totoaba. Al mismo tiempo, por la incapacidad de las autoridades para vigilar efectivamente la zona, no han logrado detener la sobrepesca de curvina ni a los pescadores de totoaba. Fue en este contexto que apareció la referencia a la corrupción y la ilegalidad como factores que obstaculizan el logro de los objetivos de trabajo de EDF, que en dicho reporte explica.

EDF e IMCO identifican que la vigilancia insuficiente o deficiente y la corrupción son las principales causas de la pesca irregular y, por ende, obstáculo para una exitosa implementación del esquema de captura por cuotas que EDF impulsaba. En su análisis, también indicaron que se necesitaba mejorar la distribución del presupuesto de Conapesca para fortalecer su vigilancia, pues mientras que en el Golfo de California existen al menos 400 puntos de desembarque, Conapesca cuenta con solo 65 embarcaciones y 210 inspectores para vigilar 11 122 kilómetros de litoral en 17 estados. La cantidad de inspectores es tan pequeña que resulta imposible hacer una vigilancia efectiva de esta área.

El problema de la vigilancia no solamente es por falta de inspectores, sino también de presupuesto. Aunque en 2011 el presupuesto de Conapesca fue el mayor de su historia (3 193 millones de pesos), solo 7 % se destinó a vigilancia, mientras que 71 % se dirigió a subsidios (EDF e IMCO, 2013: 23-24). Apuntan además un problema estructural: la falta de presupuesto de las instituciones también es un impedimento para que puedan hacer cumplir el marco normativo. Así, concluyeron que la falta de cultura de cumplimiento de las leyes existentes apunta hacia una erosión del Estado de derecho en el país, y añaden que «[e]n las comunidades pesqueras del golfo de California no es extraño encontrar una interacción muy cercana con el narcotráfico y otras actividades ilícitas» (EDF e IMCO, 2013: 15).

En 2015 llegó al Alto Golfo de California Sea Shepherd, con sus emblemáticas embarcaciones, para realizar acciones directas y proteger a la vaquita marina (véase Operation Milagro III: ghost nets go; vaquitas stay). Sus estrategias de incidencia logró que su agenda de conservación fuera retomada por la prensa, lo que volvió visible en la esfera pública de la comunicación la relación problemática entre corrupción, captura de totoaba y conservación.

El primer propósito de Sea Shepherd a su llegada al Alto Golfo de California era colaborar con las autoridades para inhibir la captura de totoaba,⁴ pero pronto cambió su estrategia al darse cuenta de que la falta de vigilancia y el bajísimo porcentaje de detención y encarcelamiento de pescadores de la especie elevaba los retos para la conservación de la vaquita marina; sus integrantes empezaron a realizar acciones directas, como sacar las redes totoaberas del mar. En 2019, al inicio de su quinto año de operaciones en el Alto Golfo de California, Sea Shepherd reportó haber recuperado 163 600 metros de redes ilegales de pesca de totoaba (Operation Milagro V).

La estrategia activista de Sea Shepherd ha estado acompañada de la generación de información en redes sociales (YouTube, Facebook) para hablar de la importancia de conservar a la vaquita marina y el efecto negativo que para ese objetivo tienen la captura de totoaba y la corrupción. Esta agenda ha modelado los enfoques con los que la prensa escrita habla sobre estos temas en el país. Para dar un ejemplo del alcance que las acciones de los ambientalistas han tenido en la discusión y atención al problema de la corrupción en el Alto Golfo de California y la presencia y el tratamiento de estos temas en la prensa nacional, el Cuadro 1 sintetiza el tipo de notas publicadas en la prensa entre 2017 y 2019 sobre el tema, refiriéndose a las relaciones entre corrupción, pesca de totoaba y conservación de la vaquita marina, con los diferentes énfasis.

En 2016, Julio Ramírez publicó en Reporte Índigo un estudio que es fundamental para completar la radiografía del potencial corruptor del tráfico de buche de totoaba, que no fue identificado en el informe sobre pesca ilegal e irregular de EDF e IMCO (2013). Ramírez retoma dicho informe para establecer el vínculo entre la pesca ilegal y la infraestructura que las redes del crimen organizado han tejido en el Alto Golfo de California, y para establecer el carácter transfronterizo, es decir global, de los mercados que incentivan pesquerías ilegales. En términos de EDF e IMCO, «se debe identificar la pesca ilegal, [cuando] […] los pescadores al margen de la ley se organizan, por ejemplo, para robar especies valiosas como almeja generosa o pepino de mar. Este tipo de pesca normalmente forma parte de redes más amplias que permiten el transporte y el comercio de producto robado y a menudo su tránsito transfronterizo» (EDF e IMCO, 2013: vi).

Es muy interesante notar que en 2015, cuando EDF e IMCO se refieren a especies valiosas, no mencionan a la totoaba y le asignen un valor comercial de quince pesos por kilo (EDF e IMCO, 2013: 66). En 2016, Ramírez indica que el buche de totoaba de un kilo valía 60 000 dólares, precio que superaba el valor comercial de la cocaína. En 2019, Sea Shepherd documentó que un buche de totoaba podía venderse en 20 000 dólares estadounidenses en el mercado asiático (Operation Milagro V). Esta información, publicada por Reporte Índigo por primera vez, y luego actualizada por Sea Shepherd, revela el poder corruptor del comercio del buche de totoaba.

Por lo anterior, la prensa acuñó el término de «cocaína del mar» para referirse al buche de totoaba. En este contexto, se habla del fracaso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en hacer observar el orden jurídico, en particular en sobrepesca y protección al ambiente, y se acusa al Estado de no actuar en contra de los cárteles que sobornan a las autoridades -desde policía local hasta jueces federales-, permitiendo así el crecimiento y la consolidación de las redes de tráfico de buche de totoaba y poniendo en riesgo a la vaquita marina (Excélsior, 23 de julio de 2018).

Por todo lo anterior, es urgente avanzar en la discusión sobre el impacto de la presencia de las mafias, y de la violencia que generan, en la producción de riesgos y los procesos de precarización de la vida cotidiana de los pescadores de la región, pues este aspecto ha sido invisibilizado en las discusiones, cuyo centro ha estado únicamente en la conservación, sin tomar en cuenta los elementos relacionados con las actividades de pesca legales que se realizan en el área protegida.

Hasta la fecha no se ha podido cuantificar el volumen de la sobrepesca de la curvina, ni la pesca ilegal de totoaba, porque este ámbito de vigilancia, supervisión y persecución de actos ilícitos es exclusivo de la actuación de las autoridades. Por eso, ante la escasez de referencias académicas que documenten los efectos de la corrupción en la conservación de recursos y especies marinas en la región de estudio, los reportes de la prensa y de organizaciones como Sea Shepherd, EDF e IMCO se convierten en fuentes de primera mano por la información que ofrecen para conocer esta cuestión en el Alto Golfo de California.

La libertad con que se sigue comercializando el buche de totoaba contrasta con las restricciones que las normas de conservación han impuesto a los pescadores cucapá, que capturan una especie regulada. Esa misma libertad de actuación se observa cuando las empresas agroproductoras establecen jornadas de trabajo mayores de las ocho horas diarias que establece la ley y contratan a los jornaleros de modo que no se les dan prestaciones ni seguridad social.

Gobel et al. (2014: 15) han identificado que en los debates políticos sobre la economía basada en la explotación de recursos está ausente la dimensión de los efectos ambientales de estas actividades extractivistas. El impacto del cierre de la pesca en el Alto Golfo en enero de 2015, en el contexto de la desregulación y el debilitamiento institucional, ha producido la precarización de la estructura del empleo y el surgimiento de mercados negros trasnacionales.

El 23 de febrero de 2015, los pescadores ribereños⁵ que trabajan en el Alto Golfo de California y el delta del río Colorado amanecieron con la noticia de que ese año no podrían ejercer su oficio. Para los pescadores cucapá tal prohibición sería una dificultad más desde que en 1993 se decretó la Reserva de la Biosfera Alto Golfo y Delta del Río Colorado. A unas semanas del inicio de la temporada de pesca de la curvina golfina, la presión ejercida por los grupos que buscan proteger a la vaquita marina había tenido éxito: lograron que se prohibieran todas las redes agalleras en la zona de protección de esta especie, el cetáceo más pequeño del mundo y en peligro de extinción.

Para entender lo que esta noticia significa para las familias cuyos ingresos dependen de los 744 permisos de pesca vigentes en el Alto Golfo y el delta del río Colorado, a continuación describo las relaciones entre la agricultura intensiva, el acaparamiento del agua y la acentuación de las desigualdades, con el fin de caracterizar la precarización de la vida cotidiana por efecto del tipo de empleos agrícolas disponibles y la degradación del ecosistema, que ha provocado cambios en la forma de organización y de sobrevivencia material y simbólica entre los cucapá contemporáneos.

De los carrizales salían […] un chorro de animales cochi, correcaminos, venados. Donde quiera uno ahí con el rifle, pues, mataba unos de esos y […] había mucho qué comer.

[…][luego] para acá ya no se metió el agua. El pescado ya no caminaba, el agua ya no tenía oxígeno, se fue toda el agua y se fue todo el pescado. Nos tuvimos que ir también nosotros (Rosario, 94 años, entrevistada en 2010).

Los cambios del ecosistema deltaico han sido causados, en gran medida, por el redireccionamiento del agua del río Colorado a los canales que riegan los cultivos orientados a la exportación. La racionalidad que hay detrás de este tipo de aprovechamiento del agua beneficia a inversionistas porque se les ofrecen condiciones que incentivan su llegada: se pone a su disposición agua, tierra en renta a bajo costo y mano de obra que en 2005 se pagaba a cincuenta centavos de dólar la hora (Moreno y López, 2005). Estas condiciones hacen posible que las empresas que se instalan en esta zona del territorio mexicano aumenten sus ganancias en todos los sentidos. Ese mismo año ofrecían 6.5 dólares la hora para los jornaleros agrícolas que realizan el mismo trabajo a solo unos kilómetros en Estados Unidos (Moreno y López, 2005).

Así, la falta del agua en el río y la estructura del empleo en la región son factores que determinan la producción de desigualdades regionales, en el sentido de que la racionalidad de desarrollo instalada beneficia económicamente a los dueños de agronegocios trasnacionales en detrimento de la salud del ecosistema y quienes viven en esa región, que por sus escasas oportunidades de generar ingresos recurren a este tipo de empleos precarios porque son los únicos disponibles.

En febrero de 2019 Claudia, empacadora de hortalizas, recibe un sueldo de 2 000 pesos por un trabajo de seis días a la semana. El transporte de personal la recoge en el ejido donde vive a las doce del día y la regresa a las tres de la mañana. A ella le parece mejor el horario vespertino, porque de esa manera puede cuidar a su hijo de tres años por la mañana, y está de acuerdo con quedarse después de las ocho horas de trabajo porque le pagan horas extras (diario de campo, 2019). En realidad Claudia solo cuenta con este empleo y este transporte; quiera o no trabajar horas extras, solo regresará a su ejido a las tres de la mañana.

Por lo tanto, la lógica que orienta la administración de la única fuente de agua en el delta del río Colorado privilegia el desarrollo económico agrícola en la región e invisibiliza el deterioro del ecosistema por los efectos en su desertificación, pues el agua es acaparada para el riego agrícola. Para los cucapá esto ha significado la precarización de su forma de vida, ya que la falta de agua en el frágil ecosistema ha reducido el número de especies animales y vegetales disponibles para su consumo (Porcayo et al., 2016). A continuación, veamos los cambios y desplazamientos que ha producido la falta de agua en el río y su impacto en el territorio en el que subsisten cultural y materialmente los cucapá.

Sin drenaje y con tomas de agua comunales, los cucapá viven en un ecosistema radicalmente distinto del que conocieron los ancianos hace menos de setenta años. Información arqueológica, arqueofaunística y etnográfica permite trazar la presencia de un ecosistema diverso en especies terrestres y acuáticas hasta hace por lo menos tres siglos (Porcayo et al., 2016). La escasez de alimentos y los cambios en los patrones de consumo son procesos que se observan en el contexto de la desaparición de los ecosistemas en el delta del río Colorado. Mediante el análisis de restos arqueofaunísticos localizados en campamentos históricos cucapá se sabe que:

[E]ntre 1923 y 1950 la forma de alimentación entre los cucapá se transformó en el contexto del desarrollo agroindustrial del delta del río Colorado. Las dinámicas laborales son las que más sobresalen por el efecto que tuvieron en los cambios identificados en [… su] forma de vida: fueron reclutados para trabajar como vaqueros cuidando el ganado y participaron en todos los procesos de agricultura, particularmente en cultivos de algodón y de trigo. En este periodo, los cucapá relatan que, a la par de los productos que podían comprar para el consumo cotidiano, seguían alimentándose principalmente de los recursos que les proveía el entorno. Los ríos Hardy y Colorado los proveía de mayor número de alimentos (Porcayo et al., 2016: 63; las cursivas son mías).

La drástica transformación de la forma de vida de los cucapá entre 1917 y 2011, por lo tanto, se da precisamente en el periodo en el que se inició y consolidó una extensa red de canales de riego que convirtieron el delta del río Colorado en lo que ahora es el Valle de Mexicali: un espacio dedicado a la agricultura intensiva, a la que se otorgan los permisos de agua necesarios para su producción. Esta ha sido la dinámica socioeconómica que, orientada por las políticas públicas y las normas que regulan el manejo, la distribución y el control del agua y el territorio deltaico, ha orientado el uso del agua del que depende la estructura del empleo en el Valle de Mexicali desde los inicios del siglo XX, que prioriza las actividades agropecuarias y no considera importante mantener cierta cuota de agua en el lecho del río. Como consecuencia, la degradación ecosistémica por falta del líquido impactó especies terrestres y acuáticas, y también a grupos de población que dependían de cierto balance para mantener una forma de vida. Lo anterior confirma el engranaje natural que desempeñan los ecosistemas en el sostenimiento de formas de habitar, usar y transitar el territorio, así como en los modos de sobrevivencia de grupos de población específicos, particularmente los pueblos originarios que radican en ecosistemas altamente frágiles, como lo es el delta del río Colorado.

El agua del río Colorado, que daba vida al ecosistema deltaico, ya no corre por su cauce en territorio mexicano. Sus aguas se van distribuyendo para uso industrial, humano y los cultivos en los estados de Colorado, Utah, Wyoming, Nuevo México, Arizona, Nevada y California antes de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Por un tratado de aguas internacionales, se permite a México el uso de 9.5 % del volumen total del río (CILA, 1944). Ya en el país, el agua del Colorado es desviada de su cauce una vez más y se distribuye por canales a la zona de riego del Valle de Mexicali para consumo humano, incluyendo las ciudades de Tecate y Tijuana. La catástrofe ambiental que representa el lecho seco del antiguo río Colorado guarda una relación directa con las políticas de administración del agua en México y Estados Unidos.

De todas las prácticas de subsistencia documentadas arqueológica e históricamente (Porcayo et al., 2016), la pesca es la única actividad que todavía realizan los cucapá, aunque en medio de polémicos cuestionamientos institucionales. Por las transformaciones en su forma de pescar, las autoridades no reconocen su pesca como una actividad auténticamente indígena, ya que se realiza con artes de pesca que no son tradicionales -anzuelos hechos de concha, redes de cintura tejidas con fibras naturales y balsas-, sino en pangas de fibra de vidrio impulsadas con motores fuera de borda y redes de nailon (Navarro et al., 2010).

Las transformaciones en el modo de pescar cucapá -tanto en los instrumentos de pesca como en el paso de una actividad de autoconsumo a una actividad comercial- se han dado en medio del cambio de uso de su territorio, en estrecha relación con los intercambios en las dinámicas socioeconómicas y culturales de las pequeñas poblaciones a las formas de organización más amplias orientadas al desarrollo y la producción. Los cucapá relatan cómo su trabajo pesquero ha pasado de ser una actividad libre -realizada en lagunas o brazos del río Colorado al lado de donde vivían- a una actividad cada vez más controlada por el Estado. No es sino hasta que los pescadores cucapá son incorporados al sistema de control estatal cuando se empieza a contabilizar su presencia, sumándolos a la lista de esfuerzos pesqueros.

Con la reducción en el volumen de agua del río Colorado, los cucapá se vieron forzados a seguir su curso rumbo al sur, hasta llegar a El Zanjón, lugar donde se mezcla el agua dulce que corre en forma subterránea con el agua salada de las mareas del Golfo de California que llegan hasta el delta. La presencia de los campamentos de pesca cucapá en El Zanjón se ha podido documentar desde 1950 (Tapia, manuscrito), y se incrementa para permanecer estable desde 1996, cuando se registra también el repunte de la curvina en el lugar (Tapia, manuscrito). Pero no fue sino hasta mediados de la década de los ochenta cuando la Subdelegación de Pesca de la Sagarpa del Valle de Mexicali detectó a estos pescadores furtivos e inició una campaña de regularización dirigida a los nuevos pescadores de esta región: los cucapá. Tal acción se llevó a cabo ante el reclamo de los pescadores acreditados de Golfo de Santa Clara y de San Felipe, dos puertos importantes ubicados más al sur, que también realizaban actividades de extracción de curvina en la zona.

Con la organización de los cucapá en cooperativas, el Estado introdujo nuevas condiciones en las formas, los tiempos y modos de organización de sus actividades de pesca. Los cucapá permisionarios capturan curvina para satisfacer la demanda del mercado nacional. Este papel como parte del mercado comienza cuando se constituyen como cooperativas pesqueras. Luego empezarían a usar embarcaciones y motores de mayor capacidad para tener espacio suficiente para una pesca de más tonelaje y mayor seguridad de los pescadores en un entorno de altas mareas y fuertes vientos. En este contexto, el sentido mismo del trabajo de pesca cucapá también se ha transformado; si antes pescaban principalmente para el autoconsumo y la venta a pequeña escala, ahora pescan sobre todo con fines de comercialización y en un porcentaje inverso, la menor parte se dedica al autoconsumo. El dinero que reciben de la pesca, sin embargo, les sirve para saldar las deudas que adquieren con los compradores de pescado, quienes les adelantan dinero para que puedan entrar a pescar. Otro poco lo dedican a pagar las deudas adquiridas desde el fin de la temporada de pesca anterior, y si tienen suerte en la nueva, les queda un remanente para la despensa, mejorar la casa, organizar las fiestas de las quinceañeras, pagar partos o atenderse en sus enfermedades.

En el contexto anterior se producen los cambios en la comprensión de lo que el río y su agua significan. Los sentidos que el río tiene para un pueblo indígena vinculado culturalmente a él son muy diferentes de los significados que sobre el mismo se construyen desde el punto de vista ecosistémico en el discurso de conservación y protección de especies, o desde la perspectiva del mercado de agroproducción o de productos del mar. Los cambios en el significado del “río” que se introducen desde estas perspectivas, que comprenden la relación sociedad-naturaleza en un marco económico, muestran cómo se ha producido la expropiación del territorio cucapá. Si bien en el discurso se les restringe el control sobre los recursos como condición para la conservación del entorno y las especies, lo que se observa en la práctica es el fracaso de la conservación, así como la precarización de la vida cotidiana por efecto del desgaste que produce organizarse para contener los impactos negativos del desplazamiento, el despojo y la precarización de la estructura del empleo agrícola de corte extractivo.

A lo largo del artículo se ha explicado cómo los empleos precarizados, el despojo territorial y la corrupción parecerían ser tres elementos constitutivos de un orden social neoliberal en el territorio rural y fronterizo del Valle de Mexicali. El papel del Estado en la pesca y la conservación en el Alto Golfo de California y el delta del río Colorado ha sido crear zonas exclusivas para la conservación y sobrerregulación en materia de pesca con el fin de evitar la sobrepesca. Estas medidas están lejos de haber logrado sus objetivos. Lo que sí han generado son restricciones de acceso a territorio y recursos que los pescadores cucapá reclaman que se les restituyan.

Este orden social, en el que las instituciones no reconocen derechos y tampoco cuentan con los recursos necesarios para aplicar las regulaciones existentes, hacen muy productivos los mercados legales, como el de productos agrícolas de exportación, y no legales, como la captura de totoaba, cuya vejiga natatoria es demandada en el mercado chino para su consumo en sopa por sus propiedades medicinales. Siguiendo esta premisa, se observó cómo el debilitamiento institucional que se produce cuando no se asigna presupuesto suficiente a la Conapesca o la Semarnat para la inspección y vigilancia, así como la corrupción, fortalecen las redes de comercios ilegales que siguen operando libremente.

Estas redes constituyen un riesgo real por su poder de reclutamiento en una región que oferta empleos precarios sin seguridad social, lo que limita la posibilidad de generar ingresos propios debido a las restricciones para la protección ambiental y de pesca. Así, el debilitamiento institucional parecería ser constitutivo del orden neoliberal global, que ordena el territorio para facilitar el trabajo de corporaciones de comercio global -legales y no legales- organizadas para generar ganancias cada vez mayores al menor costo posible.

Por todo lo anterior, se hace necesario revisar las formas como las políticas neoliberales han influido en la estructura del empleo y el manejo medioambiental en el delta del río Colorado, y el riesgo que esto representa para el bienestar de los hogares cucapá, pobladores originarios de esta región. Fuera de la temporada de pesca, los cucapá pueden conseguir empleo como jornaleros o empacadores de productos agrícolas, y en caso de que estén dispuestos a hacerlo, también podrían trabajar como obreros en fábricas instaladas en la ciudad de Mexicali, e incluso en la mina de oro que se encuentra en la carreta Mexicali-San Felipe. Este tipo de empleos son los únicos posibles para los habitantes de las zonas rurales de esta región, y la mayor parte son empleos sin seguridad social.

La no regulación gubernamental y la apertura de la economía a la inversión de capitales extranjeros produce y agranda cada vez más las desigualdades entre los dueños del capital en los agronegocios y los trabajadores rurales que contratan en el Valle de Mexicali, causando así también degradación ecosistémica por el acaparamiento del agua y el uso intensivo de agroquímicos. De esta manera, en la parte del territorio organizado principalmente para la agroproducción de exportación, en la balanza los beneficios están a favor de las empresas trasnacionales, mientras que los costos recaen sobre los trabajadores, que deben vivir en un ecosistema degradado, con largas jornadas de trabajo, sueldos reducidos y sin seguridad social.

El poder económico de los bucheros de totoaba crece y se fortalece sin que nadie los detenga en una de las zonas naturales protegidas más vigiladas de México tanto por la Marina como por diversas OSC conservacionistas nacionales e internacionales, lo cual demuestra su capacidad de corromper y hacer inviable el Estado de derecho. El poder corruptor de los comercios ilegales es una de las violencias sistémicas que parecen constitutivas del orden social global instalado por la ideología del laissez faire.⁶

Todo lo anterior ha perfilado el territorio del delta del río Colorado, en Baja California, como una zona de extracción en el mapa del consumo globalizado. Por una parte se encuentra la demanda de los mercados asiáticos para los peces, y por la otra, la demanda de hortalizas y productos agrícolas que se distribuyen en el mercado estadounidense tiene efectos devastadores en la degradación ecosistémica. Las poblaciones, a pesar de que se han organizado para evitar el despojo y las afectaciones, están expuestas a una serie de riesgos mayores, los procesos de degradación ambiental y las dinámicas productivas de extracción, que ponen en riesgo también a especies en peligro de extinción. En todo lo anterior, el Estado de derecho y la conservación de especies marinas parecen ser una utopía en las zonas de extracción que el consumo global produce.