Conflictos socioambientales y estrategias de resistencia en la Ciudad de México

De acuerdo con Valdés (1973), Contadero ha sido un territorio disputado desde la época prehispánica principalmente por el valor de sus bosques como fuente de recursos para la explotación forestal.³ Ahí se ubicaba una estación de tren, una especie de aduana, donde contaban ganado o materias primas; de ahí su nombre.

Con la Guerra de Reforma, la propiedad original (La Venta) en la que se ubicaba se vendió a diversas familias con influencia política y social en la zona.⁴ En 1910 una de las familias vendió sus terrenos a Alberto Lenz, dueño de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, los adquirió para reforestar y tener materia prima para la producción de papel. Durante la reforma agraria, inmediatamente después de la Revolución, los habitantes de los pueblos de Cuajimalpa (Contadero, San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y San Mateo Tlaltenango) reclamaron el reparto de las tierras de la hacienda de La Venta, solicitud que nunca fue considerada bajo el argumento de que era pequeña propiedad, por lo que los bosques se siguieron explotando hasta que se decretó la veda forestal en 1947. Medida que impactó profundamente a Contadero, y en general a los pobladores de Cuajimalpa ya que, al no poder explotar los bosques, los terrenos aledaños a los pueblos comenzaron a fraccionarse para su urbanización. Paralelamente, Hanz Lenz decidió, a finales de la década de los sesenta, vender parte de sus tierras a importantes empresarios de la época y familias de altos recurso, y en los ochenta la fábrica y sus activos, los bosques, se vendieron a Grupo Carso, de Carlos Slim, el hombre más rico del país.

Es así como buena parte de las tierras de Contadero fungieron como reserva territorial para la construcción de viviendas para familias de altos ingresos en una zona con alto valor ambiental. Hacia los setenta se observa un crecimiento del sector terciario en la zona con la creación de pequeños comercios y la construcción de la Zedec (Zona Especial de Desarrollo Controlado) Santa Fe, se detona un auge en materia inmobiliaria de carácter residencial y para oficinas de corporativos. También se han instalado importantes escuelas privadas, hospitales y en general diversos servicios y múltiples desarrollos habitacionales para habitantes de altos ingresos.

La obra pública que promovió el gobierno fue principalmente la carretera de cuota, y recientemente el tren México-Toluca, que acentúan el proceso de urbanización. Así, la movilidad se ha resuelto cruzando bosques y barrancas, bajo el dilema que confronta el discurso ambientalista del gobierno con la necesidad de preservar bosques, barrancas y ríos. Es así como la zona de Contadero y sus alrededores se reafirma como un territorio de disputa entre diversos actores sociales (Morales, 2018).

Cabe señalar que en años recientes Contadero ha aumentado su plusvalía y comenzado una demanda de terrenos para construir vivienda en desarrollos privados o pequeños fraccionamientos. Para Martínez (2011) este tipo de construcciones estaban prohibidas, de tal manera que se desarrollaron informalmente, al arbitrio de acuerdos con las autoridades locales y sin orden ni equipamiento suficiente. En palabras de un informante delegacional: «Contadero lo tiene todo, los terrenos son grandes y se prestan para este tipo de desarrollos privados y son terrenos muy rentables. El desarrollador compra un terreno grande, se asocia con el dueño y hace viviendas en cotos o espacios privados, ese es el mecanismo principal que funcionó en Contadero a partir de la década de 1990». Por lo tanto, hubo un proceso de acumulación de la propiedad de la tierra en grandes extensiones a partir de la desintegración de la hacienda de La Venta, la veda forestal y, posteriormente, el desarrollo de Santa Fe, con lo cual se inició la construcción de viviendas para familias de tipo campirano o residencias en urbanizaciones privadas,⁵ lo que ha llevado a la redefinición de los perímetros de contención urbana.

En la evolución histórica de Contadero se observa el impacto que han tenido la expansión urbana perférica y las necesidades y formas de interacción en la gestión diferenciadas desde el punto de vista de los actores sociales. De acuerdo con Díaz (2012), la periferia y «su evolución debe ser entendida en el contexto de las transformaciones vividas por las ciudades. Las periferias no son piezas aisladas del resto del territorio en el que se inscriben y, por lo tanto, su devenir se ha visto muy condicionado por las transformaciones generales (sociales, económicas, políticas, culturales, etc.) experimentadas por las ciudades». En el mismo sentido, al estudiar la periferia, Cruz (2013) llega a la conclusión que destaca «la presencia homogeneizada de los intereses del sector inmobiliario, que ha generado un desarrollo urbano diferenciado, marcado por una intensa segregación social y espacial, que confronta y relaciona formas de urbanización y de actores disimiles entre sí». Así, la urbanización periférica del poniente se ha llevado a cabo de manera fragmentada y accidentada, generando así un alto grado de segregación, que se expresa en diversas formas territoriales o asentamientos como fraccionamientos cerrados, edificios residenciales destinados a las clases medias y altas, colonias populares y pueblos; además de centros comerciales, que encuentran rentable el suelo que aún no está urbanizado o se encuentra ocupado por otras formas territoriales que no movilizan rápidamente el capital, como la tierra de cultivo o incluso los bosques, con lo que se han modificado los límites del suelo urbano y se ha invadido el suelo de conservación, lo que expresa una fragmentación territorial urbano-rural y otra de tipo social que, como hemos señalado, deriva en diversos tipos de poblamiento. En el siguiente apartado abordaremos la territorialidad reflexiva de Contadero, expresada en las formas de relacionarse y asociarse entre diversos actores e intereses, desde la urbanización popular que subsiste hasta la creciente demanda de determinados habitantes por mantener su nivel y modo de vida en la zona.

De acuerdo con Touraine (1985), todo grupo se forma para hacer frente a un conflicto. La existencia de un conflicto común produce necesariamente identidad y su resolución se constituye en objeto principal de la acción colectiva. Se parte, por lo tanto, de la concepción básica de que a todo grupo social se le define por un conflicto y que es este el que promueve la estrategia que se plantea. En este sentido, los conflictos que reflejan las organizaciones vecinales son relativamente similares. Sin embargo, la importancia e intensidad que dan a cada conflicto, según los diferentes estratos sociales, son significativamente distintas. Mientras que en las zonas de estratos medios y altos tienen mayor importancia los conflictos en torno al cambio de uso del suelo y las afectaciones al entorno por el fuerte desarrollo inmobiliario de lujo y de alto impacto con un carácter defensivo, en los barrios se añaden la situación socioeconómica y su progresivo deterioro, como enunciado que encierra problemas y carencias económicas y sociales. Es decir, en el primer caso prima la identidad como vecino residente o ciudadano; en el otro, la identidad como pueblo-persona determina la reivindicación esencial del grupo vecinal. Para avanzar en esta perspectiva teórica, concebimos los conflictos desde su productividad social y ambiental (Melé, 2016), la cual tiene tres dimensiones: territorial, jurídica y política. La primera se relaciona con los efectos de las movilizaciones desde su inscripción territorial: «las movilizaciones locales constituyen no solamente una forma de territorialización puesto que producen grupos conscientes de una solidaridad de destino que replantea su inscripción espacial» (Melé, 2016: 421), y es que mediante la apropiación de un territorio es posible observar la configuración de un escenario de territorialidad reflexiva toda vez que se expresa como una tentativa de control sobre el espacio y el territorio a través de formas colectivas de sociabilidad con un fuerte anclaje territorial, como es el caso de Contadero.

Contadero experimenta un proceso de urbanización periférica que se acentúa por presiones inmobiliarias sobre el territorio no urbanizado, particularmente sobre los bosques y las barrancas, debido a 1) la necesidad de vivienda de sectores urbanos populares y de alta marginación, lo que ha derivado en procesos de urbanización irregular en suelo de conservación; 2) la valorización del territorio por parte de sectores urbanos de altos recursos económicos debido a su cercanía y accesibilidad a la zona de Santa Fe, lo que ha derivado en conflictos socioambientales por la urbanización en zonas de alto valor ecológico, y 3) la proyección de un corredor económico y comercial del sector inmobiliario que plantea cambiar la carretera libre a Toluca para convertirla en el Boulevard Reforma de la Ciudad de México. Para Martínez (2011) «este desarrollo extiende la lógica inmobiliaria residencial y de oficinas en un corredor paralelo a la carretera de cuota. Justo en medio de estos dos corredores se encuentran importantes áreas de valor ambiental como la Barranca de Contadero y los Bosques del Cedral y El Encino».

Frente a la presión inmobiliaria, destaca que los recursos naturales de la zona, es decir, barrancas, bosques y grandes terrenos, tienen dueños legítimos o se encuentran en conflicto por la propiedad. Un factor que agudiza dicha presión y genera conflictos socioambientales en la zona son los incentivos que tienen los propietarios para obtener el máximo beneficio económico como dueños de las tierras, en tanto que pueden extender sus propiedades, por ejemplo, al ampliar sus espacios residenciales o tramitar un cambio de uso de suelo cuyo potencial de construcción se puede autorizar a pesar de la reglamentación que establece el desarrollo urbano del pueblo.

Por su parte, dicha territorialidad reflexiva en Contadero tiene como base la defensa del entorno, los recursos naturales, su modo de vida y los atributos asociados a este, como tranquilidad, paisaje, aire puro y seguridad, entre otros,⁶ compartido por el comité vecinal, ahora Comité Ciudadano de Contadero, electo conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la ciudad y que integra a representantes de las zonas popular, residencial y tradicional ya que las planillas que han competido buscaron desde su origen una representación de todo el territorio. La Asociación Civil Pro Contadero, en cambio, está relacionada con la gestión de la zona residencial, y el Comité Organizador de la Fiesta de la Purísima Concepción es un actor social profundamente enraizado en la zona popular-tradicional. Los actores económicos de Contadero y las familias con poder económico y terratenientes si bien no están organizadas formalmente, tienen relación con otras organizaciones, participan en las fiestas religiosas con donativos o tienen presencia en algunas movilizaciones de protesta y brindan apoyos por medios diversos;⁷ además de familias originarias como las de Héctor Frappé y Emilio Carballo. Grandes propietarios de tierra nativos de la zona, las familias Muciño, Vázquez, Bobadilla, Serrano y De la Rosa. Vecinos o dueños de la tierra que habitan en grandes residencias y representan importantes grupos empresariales: Daniel Servitje (Grupo Bimbo) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa). Cabe señalar que Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, es propietario de importantes terrenos aledaños a la zona a partir de la adquisición de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre.

Finalmente, los agentes y socios de los desarrolladores inmobiliarios que poseen territorios de la zona para construir vivienda, ya sea residencial o de tipo medio. En este caso un actor relevante ha sido la inmobiliaria que construye el Club Hípico la Sierra⁸ en la barranca de Contadero, así como el desarrollo inmobiliario Stampa Residencial,⁹ que se construye actualmente en la carretera libre a Toluca.

Asimismo, para defender su posición los habitantes movilizados identifican cualidades y valoran los atributos naturales del territorio. Los actores han señalado que esto se debe al gran aprecio que tienen por el entorno y los recursos naturales, elementos que sustentan su calidad de vida o el estatus. Además, la apropiación de la naturaleza y de los recursos naturales obedece a motivaciones simbólicas y tradicionales. Si bien la valoración de los recursos naturales y la apropiación se encuentran principalmente en los habitantes de clase alta, que llegaron hace tiempo movidos o valorando dicho entorno, no es exclusiva de ellos, ya que los pobladores de la zona popular y tradicional reivindican su lucha a partir de argumentos socioambientales y motivaciones simbólicas o tradicionales. En cualquier caso, es importante considerar que existe apropiación simbólica y apego o lazo entre los diversos actores y el territorio, lo que articula la territorialidad reflexiva y las estrategias de resistencia colectiva frente a decisiones o acciones de carácter privado o público.

La lógica de apropiación y defensa del territorio de estos actores en algún punto puede contraponerse, sobre todo en lo que a estrategias de lucha se refiere, pero por lo general son ellos contra los extraños e invasores, los desarrolladores inmobiliarios, o muchas veces entre residentes y dueños de la tierra, de manera que la transformación del territorio se ha dado a partir de tensiones y conflictos. Tanto los avecindados como los nativos reconocen que la tierra es un elemento fundamental en su historia, aunque sus experiencias y condiciones sean diferentes. Hay también diferencias en las formas como se ha heredado o adquirido la propiedad y la manera de fraccionarla. Asumen que había un gran territorio, perteneciente a la hacienda de La Venta; una parte fue comprada por Lenz y vendida para cierto desarrollo residencial, aunque otras familias son herederas de los primeros que compraron a finales del siglo XIX . La historia de disputas sobre la propiedad de la tierra y la manera como los actores sociales la interpretan y asimilan resulta un elemento clave para comprender la construcción de la territorialidad reflexiva en Contadero.

Si bien se ha urbanizado una zona, la mayor parte del territorio aún no lo está, pero se mantiene una tensión constante entre quienes buscan apropiársela para maximizar sus beneficios económicos y quienes defienden el statu quo. Pero las áreas de conservación en muchos casos son de propiedad privada; van más allá de una determinación jurídica o una normativa establecida en ordenamientos territoriales tales como los planes de desarrollo urbano, que los considera áreas no urbanizables. La contención a dicha urbanización ha sido posible, en algunos casos, debido al proceso de lucha por parte de diversos actores sociales y, en menor medida, a la normatividad existente. Se trata de actores que tienen un fuerte arraigo, que han participado en el proceso de defensa y apropiación simbólica. En palabras de uno de los informantes: «Nosotros sabemos que para defender la tierra […] si en la mañana ponen su cerca ya en la noche [los vecinos] la desaparecen». Otro testimonio señala:

Era rescatar lo que toda la vida hemos creído que es nuestro, a pesar de que sea tu propiedad, que tú la hayas comprado o […] acredites con un documento que diga que eres la dueña de veinte hectáreas pero nosotros lo consideramos nuestro porque lo hemos cuidado, lo abandonaste por cien años y nosotros lo creemos nuestro porque lo hemos cuidado, […] nosotros estuvimos al pendiente de que no se quemara, que nadie lo invadiera, que no lo ensuciaran. [Incluso frente a los grandes propietarios, por ejemplo:] […] Cuando [Carlos] Slim vino querían poner alambrado y ya querían construir y eso. No, no, no, nada de eso se les ha permitido, […] en eso la gente sí se ha unido y duro. Claro, es que es el último pulmón que queda de la ciudad, no podemos permitir que se lo acaben; qué les vamos a dejar a nuestros nietos, nuestros bisnietos, qué les vamos a dejar.

Estos testimonios dan cuenta de las diversas acciones colectivas en contra de intervenciones privadas o gubernamentales en las que se han involucrado en mayor o menor medida los actores sociales y políticos y que han obtenido resultados diversos.

Las estrategias colectivas se han articulado a partir de diversos actores sociales y económicos de la zona. Resulta de importancia la presencia de la Asociación Civil Pro Contadero, que ha manifestado su presencia en las acciones de defensa, pero no en todos los casos se logra vincular a los actores de relevancia económica en los conflictos socioambientales. Del mismo modo, se han llevado a cabo estrategias de resistencia en torno a los Bosques El Cedral y El Ocotal; cabe señalar que son predios cuyos propietarios son grandes empresarios (Carlos Slim, las familias Barroso y Azcárraga), de tal suerte que las acciones colectivas de defensa pueden trascender su carácter simbólico, por el significado que tienen para los pobladores tradicionales y de zonas populares. Cabe señalar que en el El Ocotal la naturaleza de las lógicas de gestión y acción colectiva se ha articulado con actores de la alcaldía de Cuajimalpa y de la Ciudad de México, que han trascendido su dimensión local ya que han participado autoridades locales y del gobierno de la Ciudad de México; en la discusión del caso se han planteado aspectos normativos, de sustentabilidad, simbólicos e históricos. Por ejemplo, la diputada perredista Araceli Camacho, al presentar un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha señalado lo siguiente: «Si bien El Cedral y El Ocotal son considerados […] propiedad privada de familias poderosas, los cuajimalpenses que conocemos el caso, sabemos que los traspasos históricos que se hicieron de dicha propiedad, fueron dudosos, por esta razón vengo a solicitar desde esta tribuna que los mencionados parajes conserven su vocación de bosque de manera permanente». Cabe precisar que El Ocotal era parte de la hacienda de La Venta y está ubicado entre los poblados de San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y la colonia Loma del Padre, en la alcaldia de Cuajimalpa, delimitado al oriente por la autopista México-Toluca a la altura del kilómetro 21.5. Se trata de un terreno cubierto completamente por un bosque inducido, creado artificialmente para actividades de explotación forestal por la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre; actualmente es aprovechado para actividades deportivas y de recreación tanto por vecinos como por visitantes de otras zonas o regiones de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa, el predio El Ocotal es parte del suelo de conservación del Distrito Federal, y se le asigna la zonificación de preservación ecológica. Con esta zonificación se pretende mantener las características naturales del territorio y

solo se permitirá la construcción cuando se trate de instalaciones vinculadas a actividades relacionadas y afines a los usos permitidos que en ningún caso significarán obras de urbanización. Los usos de suelo permitidos para el predio de El Ocotal son exclusivamente los siguientes: de turismo (equitación y campamentos infantiles), todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural de acuerdo con la normatividad vigente, forestal (campos para silvicultura y experimentales), piscícola (estanques, presas y bordos) e infraestructura (bordos y presas) (PDDU de Cuajimalpa, 1997).

En 1982 los dueños de la fábrica decidieron venderla junto con sus bosques a la empresa Samborn’s del Grupo Carso, que en el año 2000 decidió poner una malla ciclónica y privatizar el bosque, lo que causó un importante conflicto de interés. La problemática del predio data de febrero de 2001. En 2003, Crónica publicó que un grupo de comuneros, deportistas y vendedores cerró la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 23.5 en señal de protesta por los mismos motivos de ahora. Desde 2002 hasta la fecha la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha recibido al menos trece denuncias referentes a los bosques El Ocotal, La Venta y El Cedral. Todas las quejas de los colonos están relacionadas con la conservación del área ecológica y demandan que la alcaldía de Cuajimalpa evite que se realicen construcciones dentro del predio, que cuenta con uso de suelo de conservación, según consta en la página de internet de la dependencia.

Para darnos una idea de las estrategias de resistencia que permiten una apropiación y defensa del territorio en Contadero (1990-2009), su origen, las formas de articulación de la acción colectiva y sus resultados se describeN en el Cuadro 1.

En 2003, a raíz de la denuncia de José Lauro Godínez González, la PAOT ordenó el retiro de una malla ciclónica que rodeaba al menos tres kilómetros de dichas áreas ecológicas y que, según los denunciantes, fue colocada por la empresa de Carlos Slim. Dicha determinación fue tomada por la instancia luego de que las autoridades delegacionales revelaron que no se extendió ninguna autorización para instalar la cerca, que impedía el acceso al área boscosa desde el pueblo de San Pablo Chimalpa. Entre las recomendaciones que ofrece la PAOT, se establece como prioritario salvaguardar los servicios ambientales que genera el suelo de conservación, en el que se encuentra el predio El Ocotal, ya que cumple con funciones básicas para la regulación del clima; la captación de agua de lluvia y la recarga del acuífero, del que se extrae parte importante del agua suministrada a la población del Distrito Federal; la regulación del balance hídrico; la retención de partículas suspendidas; la captura de dióxido de carbono, y la preservación de los suelos (PAOT, 2004).

En el caso del paraje conocido como El Cedral el conflicto se detona a partir de que se pretende construir vivienda en una zona en la que originalmente no estaba permitido, pues es un área reconocida como de valor ambiental pero en propiedad privada, lo que demuestra las contradicciones y la vulnerabilidad de los estatutos jurídicos relacionados con el suelo de conservación. Así como la incertidumbre y desconfianza de los vecinos frente a estos.

El 1 de julio de 2002, Josefina Barroso Chávez, dueña del predio solicita el certificado de Zonificación para uso del suelo del predio Arteaga y Salazar No. 45, el cual le es otorgado al día siguiente. El certificado ratifica que el Cedral está destinado a la preservación ecológica. Inconforme con ello el 31 de julio de 2002 la Sra. Barroso promueve un juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal (no. 771/2001-VII). Se sobresee el juicio. Entonces Barroso interpone un recurso de revisión. La sentencia del Juez de lo Contencioso Administrativo establece la inconstitucionalidad del Programa de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa, por considerarlo una zona de preservación ecológica y determina que se puede construir en él. Esto ocurre en 2012 y la SEDUVI establece una zonificación (H/5/80) es decir habitacional con cinco niveles máximos de construcción y 80 % mínimo de área libre y una vivienda por cada 500 metros dividido entre la superficie total del terreno (Azuela, 2013: 41).

Como respuesta a la movilización de Pro Contadero y varios vecinos de la zona y otros pueblos de Cuajimalpa y a la cobertura del caso por los medios impresos, el 16 de julio de 2013, la SEDUVI inicia el certificado de uso de suelo, reconociendo que fue indebidamente emitido por tratarse una de preservación ecológica. Sin embargo, los vecinos de Contadero y otras organizaciones llaman a una marcha para defender el bosque, a la que se suma el delegado, Adrián Rubalcava. Lo que se exigía era es la expropiación del predio, pero era una alternativa poco probable por el costo del mismo. En lo que coincidieron la mayoría de los vecinos y la PAOT era que se declarase area natural protegida (ANP): «cumplíamos todos los requisitos pero mientras nos mandaban de una instancia a otra, ocurría el cambio de administración». La falta de continuidad administrativa es uno de los problemas más marcados en este conflicto en relación con la gestión para promover la declaratoria de ANP y la aprobación de un nuevo Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y un plan parcial para la zona, lo que no ha ocurrido. A partir de entonces no ha habido más movilizaciones, todo está parado.

En los casos de El Cedral, El Ocotal, e incluso de la construcción del plantel de la UAM en El Encinal, se planteó una argumentación fundada y motivada en las leyes y normas que rigen el uso de suelo. En este sentido, la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó enfáticamente que se frenaría cualquier iniciativa de cambio de uso de suelo en El Encinal, puesto que el bosque presta servicios ambientales vitales para la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes; además, el artículo 87 de la Ley Ambiental del Distrito Federal prohíbe las actividades que afecten a los ecosistemas y zonas de recarga hidrológica.

En el conflicto de la UAM, para algunos habitantes se trató de un atentado contra su modo de vida. Así las familias terratenientes y con influencia económica tienen mayores incentivos para participar y su presencia puede tener efectos importantes sobre todo en la exposición pública del caso y en el ámbito político. En este sentido el conflicto de la UAM en Cuajimalpa resulta emblemático, ya que implica diversos temas relacionados entre sí: la educación, la conservación ambiental, el papel de la ley en el desarrollo urbano y la oposición de los habitantes por la defensa de los bosques.

Desde hace algunos años existía el interés de la UAM de contar con un plantel en el poniente de la Ciudad de México. Para tal fin recibió un predio de 37 hectáreas por parte del gobierno del Distrito Federal conocido como El Escorpión, pero no se utilizó porque estaba en litigio; esto implicó la búsqueda de otro predio: El Encinal, localizado en la Sierra de las Cruces en Cuajimalpa. Destaca que este predio no cuenta con servicios necesarios, como agua, energía eléctrica y transporte, para albergar una población de aproximadamente 12 000 estudiantes; ni con el uso de suelo, ya que es una zona de preservación ecológica y solo se permite la construcción de 10 % de la superficie de doce hectáreas.

Por su parte, los vecinos, organizaciones y actores sociales de Cuajimalpa y Contadero manifestaron su preocupación por el proyecto y han señalado que directivos universitarios y autoridades han suscrito un acuerdo bajo la mesa para cambiar el uso de suelo. En este sentido, para algunos de ellos «si cambian el uso de suelo será el inicio de la tala de estos bosques», lo que implica un permiso para ampliar la urbanización de Lomas de Santa Fe hasta la entrada del Parque Nacional Desierto de los Leones. El encabezado del periódico La Crónica del 6 de junio de 2005 sintetiza este caso: «Defienden su bosque del campus UAM Cuajimalpa».

Como se observa en los distintos conflictos, las estrategias de resistencia han permitido la articulación de acciones colectivas de los habitantes de Contadero. En los casos señalados han constituido una defensa de los recursos naturales incluso en contra de la normatividad, como sucedió con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, y se ha preservado la idea de mantener las áreas boscosas a salvo de la urbanización, como en el caso de la UAM . Lo anterior se puede entender como acciones orientadas al control del territorio o territorialidad reflexiva, como lo hemos apuntado; es decir, la producción de relaciones de asociación y organizativas de seguimiento, ejercicio de gobierno, y sobre todo en la formulación de políticas y planes de desarrollo urbano de Cuajimalpa.

En este sentido, desde su nueva conformación, en 2010, el Comité Ciudadano de Contadero, como ya señalamos, resultó de la elección vecinal que se llevó a cabo de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Para el proceso de elección vecinal se conformaron nueve planillas, a las que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) les otorgó el registro. La planilla ganadora integra a miembros de otras planillas a través del método de representación proporcional. Así, el Comité Ciudadano ha quedado integrado por vecinos de las distintas zonas que conforman Contadero, y su reto ha sido la representación territorial y la articulación de los diversos intereses de los habitantes de la zona.

Es de llamar la atención que cuando se integraron las planillas operaron diversos mecanismos partidistas, es decir, redes territoriales relacionadas con la militancia, así como otras redes de parentesco y compadrazgo conformadas por los vecinos de la zona, como ocurre en la organización de las fiestas parroquiales. El Comité Ciudadano ha trabajado coordinadamente; con tensiones internas por diferencias de criterio o carácter de sus integrantes, pero con la consideración de que la unión de voluntades tiene efectos positivos para el logro de sus objetivos. El Comité no solo ha manifestado sus preocupaciones y desafíos, sino que las demandas de sus integrantes se han diversificado; por ejemplo, a la preocupación por el medio ambiente y la conservación de los bosques se añaden otros temas como la seguridad, las vialidades, el transporte público, las escuelas y el centro comunitario, entre otros.

Además, destaca la construcción del desarrollo inmobiliario Stampa Residencial sobre la carretera México-Toluca. Se trata de un conjunto habitacional financiado con capital internacional, ha trascendido que su dueño es un empresario vecino de Contadero que ha comprado un terreno que anteriormente perteneció a la familia Vázquez. Tanto el Comité Ciudadano como Pro Contadero han realizado diversas gestiones para detener esta obra, que impactará negativamente el modo y la calidad de vida de los habitantes. Los integrantes del Comité han manifestado su preocupación por la posible saturación de los servicios y las vialidades, lo que puede conducir a un aumento del impuesto predial. A pesar de la organización vecinal, protestas, demandas ciudadanas y manifestaciones públicas, la obra continúa. Este desarrollo inmobiliario muestra que las estrategias de resistencia continuarán en la zona, lo que implica no solo el interés de urbanizar los límites de las barrancas y el suelo de conservación, sino también que apunta a la tendencia de expansión de Santa Fe hacia un nuevo corredor inmobiliario que se está configurando sobre el Boulevard Reforma.

Por último, aún no se han aprobado las modificaciones al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa, y el Gobierno de la Ciudad ha tenido la capacidad, a través de instrumentos normativos, de facilitar este tipo de construcciones. Los habitantes consideran que la urbanización periférica impactará de manera negativa a la zona poniente y aumentará la presión para transformar a Contadero en una continuación de Santa Fe. Esta tendencia pondrá a prueba el escenario de reflexividad territorial que se ha construido a partir de la organización social y las capacidades de la comunidad, así como la valoración del entorno, el arraigo a sus recursos y su modo de vida frente a los diversos intereses inmobiliarios y de los distintos actores sociales y políticos que han incidido en la conformación de la identidad de los habitantes de Contadero.