Estimación del feminicidio en México con base en homicidios en solitario

Las mujeres de México enfrentan dos guerras que atentan contra su vida; por un lado, la violencia de machismo y misoginia, y por otro, la violencia generalizada por la guerra contra las drogas (Atuesta y Vela, 2020; Torreblanca, 2018). La violencia de género experimentada por las mujeres, entonces, se entrelaza con otro tipo de violencias, como la criminal.

Cortés (2018), con base en Bourgois (2010), al referirse a mujeres en tránsito a Estados Unidos, menciona que el continuo de violencia que enfrentan opera mediante tres mecanismos invisibles: violencia estructural, violencia simbólica y violencia normalizada. Estos mecanismos tienen diferentes manifestaciones de violencia visible: violencia criminal, delincuencial o autoinfligida (Bourgois, 2010). Desafortunadamente, agrega Bourgois, esta violencia física visible solo es el pico del iceberg de la violencia invisible.

La violencia estructural se refiere a la represión económico-política y de desigualdades sociales históricamente arraigadas (Bourgois citado en Willers, 2016), como las desigualdades de género (Bourgois, 2010). La violencia simbólica es aquella en la cual el sector de población dominado naturaliza el statu quo y se culpa por su dominación, de manera que se naturaliza y legitima (Bourdieu citado en Bourgois, 2010). La violencia normalizada se refiere a la producción social de la indiferencia ante la brutalidad institucionalizada (Scheper-Hughes y Lovell citado en Bourgois, 2010).

La violencia normalizada coincide con la noción de «cultura del terror», en la cual la prevalencia de brutalidad y violación de derechos humanos crea un espacio de muerte que naturaliza la tortura y los asesinatos (Taussig citado en Bourgois, 2010). En este punto, Paley (2020) refiere cómo las masacres y la exposición de cadáveres son técnicas de terror utilizadas para imponer regímenes políticos y económicos. A través del terror, se siembran nuevas formas de control social, y en el caso particular de México, permite el avance y la intensificación capitalista (Paley, 2020). Desde el punto de vista de esta autora, la guerra contra el narcotráfico está contribuyendo con ambos procesos.

Las manifestaciones de violencia criminal y de género son generadas desde estructuras más complejas de violencia e incluso existe un entrelazamiento de ellas. Este hecho no deslinda la relevancia de visibilizar aquella violencia que se origina en las desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres. De hecho, requiere su propio espacio y análisis (Vela, 2016). Dado que «no toda violencia contra las mujeres es violencia de género» (Frías, 2016), el reto consiste en delimitarla (si esto es posible) o analizarla en conjunto con aquella violencia que no es de género, como sugiere este artículo.

En este tenor, el concepto de feminicidio surgió en un intento por diferenciar los homicidios por razones de género de los homicidios (Russell y Harmes, 2006) y se ha utilizado para representar la forma más extrema de la violencia sexista (Fernández et al., 2010). Entonces, para diferenciar un homicidio de un feminicidio, Lagarde (2006) explica que cuando el género de la víctima es irrelevante para quien comete el delito se considera homicidio, y cuando los motivos se relacionan con la violencia sexista es un feminicidio. En este sentido, los hombres no son asesinados por ser hombres o a consecuencia de su vulnerabilidad por pertenecer a un género subordinado (Fregoso y Bejarano, 2011).

Recuperemos algunas definiciones del feminicidio: «el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público» (Rojas citado en Vásquez, 2015); «asesinatos de mujeres por parte de los hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentimiento de propiedad sobre ellas» (Russell y Caputi, 1992); «asesinato misógino de mujeres cometido por hombres» (Russell y Radford, 2006).

Es relevante resaltar la diferencia entre femicidio y feminicidio; el último, según Lagarde (2011), tiene que ver con la responsabilidad del Estado, que ha favorecido la impunidad; por lo tanto, es un crimen de Estado. En relación con la concepción teórica del feminicidio, no existe una definición consensuada del concepto, y su alcance, contenido e implicaciones son objeto de amplios debates tanto en las ciencias sociales como en la acción política (ONU Mujeres y ACNUDDH, citado en Kohan, 2018).

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (CEVI/MESECVI) señala que los feminicidios son: «la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión» (MESECVI, 2008: 6).

Entonces, en las discusiones sobre el concepto de feminicidio se han señalado algunos elementos en torno al asesinato de mujeres que podrían ser un indicativo de si un homicidio fue motivado por razones de género; algunos de ellos son: si hubo violencia sexual, si la pareja o algún familiar llevó a cabo el homicidio, si el lugar del delito fue la vivienda. Estos elementos no son exclusivos, y ahora se reconoce que el asesinato de mujeres por razones de género no se limita a estas circunstancias.

Al llegar a este punto es importante aclarar que, en términos generales, el sentido original del concepto de feminicidio asume que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres; ocurre en lo público o lo privado, perpetrado por conocidos o desconocidos (Vásquez, 2015). A su vez, la violencia de género no solo sucede en el ámbito privado, no solo las mujeres son las víctimas y no siempre los hombres son los victimarios (Vásquez, 2015). Tómense como ejemplos las siguientes situaciones: el suicidio derivado de constantes acosos, la violencia masculina o el asesinato de algún hombre que intenta defender a su hija (feminicidio por conexión), el asesinato de una mujer por otra mujer por razones de género (Vásquez, 2015).

Además de estos escenarios, considérense aquellas muertes por razones de género en el contexto del crimen organizado. Pongamos por caso el asesinato de una mujer que es pareja sentimental de algún hombre vinculado con el crimen organizado, o el de los cuerpos de mujeres utilizados para enviar algún mensaje a un cártel enemigo. Al respecto, será preciso decir que la mayoría de los reportes de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, no han vinculado la violencia contra las mujeres con la dinámica de la violencia criminal (Estévez, 2017). No obstante, de acuerdo con datos cualitativos, se ha analizado cómo mujeres mexicanas y centroamericanas huyen de persecución feminicida efectuada por alguna pareja o familiar vinculada con la delincuencia organizada, agentes estatales que trabajan para los cárteles o que son protegidos por el pacto patriarcal de las instituciones públicas (Estévez, 2017).

Ariadna Estévez (2017) desarrolla la idea de guerras necropolíticas para explicar la existencia de continuidades de género presentes en la dinámica de la violencia criminal. En la visión de la autora, la violencia delincuencial y de género coexisten como parte de un contínuum de violencia. El resultado esperado de esta violencia consiste en afirmar y fortalecer el poder en los mercados criminales a través de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. En el contexto del narcotráfico, los hombres utilizan los cuerpos de las mujeres para fines de comercio sexual y para fines de subordinación doméstica y sexual.

Estévez desarrolla la idea de dos guerras. La primera es la guerra de gubernamentalización necropolítica del Estado, conocida como la narcoguerra, cuyas víctimas directas son principalmente los hombres; la segunda, la guerra de desposesión de cuerpos femeninos, que afecta a las mujeres en lo individual y de la cual poco se ha escuchado, pues no existen cifras que tengan consideraciones de género. Las cifras de violencia en contra de las mujeres apuntan a una guerra adyacente a la narcoguerra y que «si bien no responde a las dinámicas de peleas entre cárteles, sí tienen que ver con hombres vinculados a ellos, y con su misoginia y actividades en la economía criminal, no necesariamente de trasiego de drogas sino de esclavitud sexual con fines comerciales» (Estévez, 2017: 77).

La preponderancia numérica de los hombres en las cifras de muertes y desapariciones no quiere decir que las mujeres no sean asesinadas o desaparecidas, solo que esta violencia de desposesión de cuerpos femeninos tiene otra dinámica espacio-temporal (Estévez, 2017). Ellas son dominadas y explotadas sexualmente en los ámbitos público y privado y en una combinación de ambas. En la guerra de desposesión de los cuerpos femeninos se deja morir a mujeres que ya no son útiles por resistirse a la esclavitud sexual con fines de dominación o comerciales; el instrumento empleado es el feminicidio. Por otra parte, en las guerras necropolíticas no solo el asesinato las distingue sino también el uso intensivo de las masacres, la tecnología de muerte por excelencia (Estévez, 2017).

Estos últimos hallazgos apuntan a una diferenciación importante entre estas dos guerras. En un sentido general, la primera genera muertes en masa (hombres y mujeres, pero principalmente hombres); en la segunda, la tecnología de muerte del feminicidio suelen ser acciones específicamente dirigidas a ellas de manera individual. Lo anterior no quiere decir que no existan casos de homicidio en solitario generados por la primera guerra ni que el feminicidio solo ocurra en solitario. A pesar de ello, en el análisis de las tendencias generales del feminicidio (números agregados), como herramienta metodológica, deberíamos excluir aquellas muertes que ocurrieron en masa y en compañía de hombres.

En la siguiente sección se sistematiza la información de investigaciones de corte cuantitativo que intentan dar cuenta del feminicidio y de los efectos colaterales de la guerra contra las drogas. La información se sintetiza en cuatro esferas: 1) cómo delimitan los feminicidios, independientemente de la definición legal y conceptual del término; 2) especifica qué años son los de mayor incidencia del feminicidio; 3) describe los principales hallazgos en torno a los homicidios de mujeres perpetrados con armas de fuego y fuera de la vivienda, y 4) puntualiza los espacios que exhiben las tasas más altas. Estas esferas no son independientes en sentido estricto, por lo que los resultados de un rubro se vinculan frecuentemente con los de otro. El propósito de esta revisión es establecer cuáles han sido los alcances de las definiciones operativas del feminicidio en la comprensión y distinción entre violencia de género y violencia delincuencial.

Diversos estudios han señalado la dificultad existente para medir o realizar una aproximación cuantitativa sobre el feminicidio (CLADEM, 2008). El principal obstáculo es que «no se dispone de datos oficiales confiables para identificar un feminicidio» (Agudelo y Castro, 2020: 43). En México, como en otros países de Latinoamérica, existe escasez de estadísticas uniformes sobre el fenómeno (Kohan, 2018), y la falta de un registro homologado de muerte con perspectiva de género dificulta discriminar entre homicidios femeninos y feminicidios (Echarri, 2011, 2012). Incluso la contabilización de los homicidios enfrenta dificultades debido a que los registros están sujetos a diversos factores legales y metodológicos (Valdivia et al., 2020). Ahora bien, conocer la dimensión de los feminicidios es importante pues en la medida en que un Estado no cuente con información clara sobre el tema se encuentra incapacitado para cumplir con la responsabilidad de prevenir la violencia extrema contra las mujeres (Toledo citado en Vásquez, 2015).

Concretamente en México, en los certificados de defunción que alimentan las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la mayoría de los casos, no se asienta la información necesaria para la investigación y procuración de justicia (Incháustegui, 2014). Por ejemplo, la información faltante del lugar donde ocurrió el evento es del 10 %, los medios empleados entre 20 % y 35 %, y si había antecedentes de violencia intrafamiliar entre 80 % y 90% (Incháustegui, 2014). Otras ausencias importantes se relacionan con variables sociodemográficas de las víctimas como grupo étnico, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio y si tienen alguna discapacidad (Data Cívica y CIDE, 2019). Estas omisiones en los certificados de defunción son relevantes, pues podrían apuntar a colectividades que viven discriminación o mayor vulnerabilidad y riesgo.

Otro recurso de información disponible son las cifras de homicidios dolosos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En esta fuente el número no se refiere al de personas asesinadas en México sino al número de delitos registrados en las investigaciones ministeriales, incluso una investigación puede incluir múltiples víctimas (Galindo et al., 2018). Las desventajas de este recurso son que no tiene una metodología establecida, los ajustes de reclasificación de los tipos de homicidios en sus series históricas, la divergencia en la capacidad forense y legal en las fiscalías estatales, la manipulación política de los datos y que no se incluyen los casos de homicidios federales (Galindo et al., 2018).

En relación con la fuente del SESNSP, Torreblanca (2018) menciona que estas cifras no son un indicador comparable de feminicidios, pues los datos únicamente reflejan el total de víctimas reportadas en averiguaciones previas o cartas de investigación abiertas para aquellos homicidios que las procuradurías estatales consideraron feminicidios. Con todos estos argumentos, las cifras a partir de este recurso de información no son recomendables para monitorear los homicidios ni los feminicidios. Probablemente debido a esta circunstancia, los estudios que aquí se revisan no utilizan esta fuente de información. Veamos cómo se han delimitado los feminicidios en las diferentes investigaciones.

El objetivo de este artículo es proponer una nueva aproximación al feminicidio. Para su delimitación se consideran tres criterios: 1) el asesinato ocurrió en un evento no vinculado con el asesinato de hombre(s) y con un mecanismo diferente al arma de fuego; 2) el homicidio ocurrió por agresión sexual, y 3) en el homicidio se especifica que existió violencia familiar.

Las ventajas sobre otras definiciones operacionales son: 1) que se recuperan los decesos por razones de género que ocurrieron fuera de la vivienda y el criterio de que un feminicidio ocurre tanto en el ámbito privado como en el público (Vásquez, 2015); 2) que se excluyen los asesinatos de mujeres ocurridos en eventos de homicidios múltiples que se asocian preponderantemente con violencia delincuencial, y 3) que, a diferencia de las investigaciones que toman los homicidios femeninos, admite el hecho de que no toda violencia contra las mujeres es violencia de género. Como lo refiere Torreblanca (2018), «pensar que la violencia feminicida y la violencia homicida son el mismo fenómeno borra las particularidades de los dos tipos de violencia».

La propuesta de este artículo está lejos de ser perfecta; no obstante, el análisis sobre homicidios múltiples y en solitario aporta elementos de reflexión y con seguridad representa un paso en el camino hacia nuevas herramientas metodológicas de aproximación. Se identifican dos principales inconvenientes en el procedimiento de este ejercicio. El primero es que la definición del feminicidio deja fuera un importante número de asesinatos de mujeres en solitario ejecutados con arma de fuego. Desde mi punto de vista, este tipo de asesinatos engloban casos de feminicidios y eventos delincuenciales. Dada la imposibilidad de separar ambos conjuntos, se tomó la decisión de excluirlos como casos de feminicidios. Esta debilidad es relevante si se considera que también el crimen organizado se desenvuelve en un sistema patriarcal, en el cual se convierte al cuerpo de la mujer en un objeto de valor; en otras palabras, se asesina a la mujer del otro para dañar al grupo rival, mostrar superioridad y exhibir mayor hombría (Calzada citada en Álvarez, 2020). Estos hechos son claros ejemplos de muertes por razones de género y son excluidos; en este sentido, el nivel de feminicidio que aquí se reporta es una cifra conservadora.

El segundo inconveniente es que en la definición de un evento de homicidios múltiples se emplearon tres variables de corte temporal: día, mes y año, y tres de escala espacial: entidad, municipio y localidad. En la medida en que alguna de estas variables esté erróneamente capturada, este tipo de eventos no serán distinguidos. Se pierden así los casos de homicidios con respuesta no especificada en alguna variable. Por otra parte, si se considera que la unidad espacial más pequeña es la localidad, existe un probable riesgo de asumir dos o más asesinatos independientes como asesinatos en conjunto. Para reducir este riesgo de asignación se requeriría una unidad espacial más pequeña. Otras variables que podrían contribuir en este sentido son el tamaño de la localidad y el lugar donde ocurrió el asesinato. Lamentablemente, para esta última variable el nivel de no respuesta es alto. Otra posibilidad sería que existiera alguna clave en los certificados de defunción para señalar la ocurrencia de un mismo evento.

A partir de esta propuesta, se exhibe un hallazgo alarmante en el caso mexicano: las muertes de mujeres ocurren en primer lugar a consecuencia de su vulnerabilidad (muriendo solas) o su muerte se encontraba vinculada con la muerte de algún hombre (por encontrarse en el lugar o el momento incorrecto); mientras que las muertes de los hombres ocurren en un contexto de muertes de otros hombres, esencialmente por verse involucrados en actividades del crimen organizado. Además, mientras que en el pasado las muertes de mujeres eran independientes de las de hombres, ahora vemos una tendencia creciente en la relación de las muertes de estas mujeres con las de hombres.

Aun si la definición operativa del feminicidio no es satisfactoria, este artículo ofrece la sugerencia de analizar eventos de ocurrencia de manera simultánea, que representa la sustancia central del análisis demográfico, usualmente expresado en la edad, el periodo y la cohorte. Cada expresión del tiempo agrega información para la interpretación de los fenómenos demográficos. En este mismo orden de ideas, la simultaneidad puede aportar mayores herramientas de análisis. La invitación es a incorporar a la coincidencia geográfica, la temporal.

Algunos temas de futura exploración con esta herramienta de análisis serían: ¿los niños que han sido asesinados en nuestro país murieron solos o acompañados? ¿Las mujeres están siendo asesinadas al lado de sus hijos por sus parejas sentimentales? ¿Qué tan frecuente es el asesinato de una mujer seguido por el suicidio de un hombre? ¿Las muertes en solitario tienen una correlación espacial con los asesinatos múltiples? Adicionalmente, queda pendiente la tarea de explorar el significado teórico-social de morir en solitario para hombres y mujeres.