Este artículo buscará explicar el papel que desempeñan las emociones en un grupo organizado de personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Siendo personas discapacitadas, adultas mayores y en su mayoría mujeres, este colectivo ha tenido que luchar durante los últimos 30 años para resolver dos problemas fundamentales: el acceso a servicios de salud integrales y una pensión vitalicia. Sin embargo, los obstáculos han sido muchos. Alejándonos un poco de modelos convencionales para explicar la acción colectiva, en este artículo utilizamos algunas de las herramientas teóricas que proporciona la sociología de las emociones para entender el significado del dolor entre estas personas, pero visto no solo desde el ángulo corporal, sino también desde sus contenidos sociales. Asimismo, cómo ese debate puede ser llevado a sus dimensiones morales como un factor explicativo de la movilización social.
This article will seek to explain the role that emotions play within an organized group of people injured by the explosions of April 22, 1992 in Guadalajara. Being disabled people, older adults and mostly women, this group has had to fight for the last 30 years to solve two fundamental problems: access to comprehensive health services and a life pension. However, the obstacles have been many. Moving away from conventional models to explain collective action, we wish to follow some of the theoretical tools provided by the sociology of emotions to understand the meaning of pain among these people, but seen not only from the bodily angle, but also from its social content. Likewise, how this debate can be taken to its moral dimensions as an explanatory factor of social mobilization.
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Introducción
El día 22 de abril de 1992 había una tensa calma, ya que los habitantes de aquella zona, que estaba a instantes de convertirse en el escenario de la peor tragedia en la historia moderna de Guadalajara, no podían negar la incertidumbre que les causaban los constantes olores a gasolina que salían de las alcantarillas. Desde varios días antes, habían informado a las autoridades acerca de la situación, sin que estas lograran determinar qué sucedía ni lo que estaba por ocurrir. Descargaron grandes cantidades de agua en el colector, lo cual provocó una disminución momentánea de los niveles de explosividad y los olores, pero no de manera constante y definitiva. Las agujas de los explosímetros iban y venían, lo cual demostraba que no se estaba solucionando el fondo del problema. Se hablaba de la posibilidad de evacuar a la gente, pero no se tomó la decisión de hacerlo por consideraciones más de orden político, económico, logístico y técnico que humano.
Hasta antes de ese día, Analco y los barrios circundantes habían estado naturalmente conectados a un flujo cotidiano en el cual las relaciones sociales y las interacciones vecinales eran inmutables y sólidas. Las personas se conocían y reconocían en sus calles, parques, escuelas, mercados y múltiples comercios que se interconectaban a la dinámica de esas redes. En una frase, eran barrios llenos de vida que aun en medio de la vorágine urbana mantenían su esencia basada en la historia, la tradición y la cercanía. A las diez de la mañana con diez minutos de aquel día, todo esto sufrió un irreversible quebranto. Varios kilómetros del colector profundo fueron destruidos por un conjunto de explosiones que derribaron fachadas y casas completas, arrojaron por los aires automotores de todos tamaños y dieron fin o alteraron profundamente la vida y cotidianidad de cientos de personas.
Los transeúntes y vecinos se convirtieron en los primeros rescatistas, mientras las instituciones lograban reaccionar. Las ambulancias comenzaron a escucharse por todos lados como una premonición de hospitales saturados y gobiernos rebasados. Mientras, el Estado mexicano, como lo harían muchos otros, comenzó a calcular cuál sería el costo político y económico de la tragedia. En especial porque su paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) fue señalada como la principal responsable de la presencia de hidrocarburos en el drenaje. De inmediato montó una investigación, que encontró culpables para acallar a la opinión pública, y buscó resarcir algunos daños a fin de dar «carpetazo» al problema lo más pronto posible. Así, atendió las demandas de algunos comerciantes, vecinos y deudos, lo cual tuvo mucho que ver con la inmediatez de reacción de algunos grupos y su grado de organización.
Sin embargo, en medio de estos conflictos había personas perjudicadas por las explosiones que, en cuanto a las acciones de reparación del daño, quedaron prácticamente invisibilizadas: los lesionados físicos. Estos, en especial los más graves, se debatían entre la vida y la muerte en diferentes hospitales. Quienes después de salir de los servicios médicos pudieron acceder a algún tipo de apoyo se dieron cuenta de que tendrían que cargar con una condición estructural de discriminación: la discapacidad. En efecto, muchos de ellos quedaron con heridas y huellas permanentes que les significarían cambios radicales en sus vidas cotidianas. Sus cuerpos serían valorados, en el caso de los que lograron obtener algún tipo de indemnización, en función de la notoriedad de sus lesiones, pero nunca del efecto que tendrían a largo plazo.
Al entender estas circunstancias adversas, algunos de ellos se organizaron y crearon la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, A .C. , que tendría dos metas claras: 1) conseguir servicios de salud integrales, y 2) lograr una pensión vitalicia, ya que muchos de ellos no pudieron volver a hacer un trabajo basado en esfuerzos físicos. A 30 años de las explosiones, este colectivo ha conseguido avanzar en la atención de algunas de esas demandas. Sin embargo, no ha logrado que se las atiendan de manera definitiva.
Lo anterior conforma un ámbito experiencial de estas personas en el cual las emociones desempeñan un papel fundamental. La sociología ha encontrado en ellas un campo abierto, muy fértil, de explicación de los motores de la movilización social, ya que no solo se basa en las cualidades de organización colectiva y las formas de protesta, sino particularmente en los significados profundos de la acción, que van más allá de la exposición pública o de las reivindicaciones vistas desde una perspectiva puramente política. Al respecto, un objetivo de este artículo es retomar algunos de los debates sobre las emociones para entender, desde ese ángulo, cómo este grupo ha podido mantenerse activo por 30 años. Al respecto, plantearemos la importancia que tiene la convergencia de las experiencias personales en la construcción de metas colectivas en la organización. Para ello utilizaremos el concepto de dolor como uno de los ejes de análisis teórico, toda vez que representa una emoción central entre estas personas. Como expondremos, se trata no solo de las dolencias físicas individuales, sino de cómo estas se vinculan a daños morales colectivos que hacen mucho más compleja esa experiencia. Asimismo, cómo esas experiencias emocionales se convirtieron en un elemento fundamental de medición de lo justo y lo injusto y de las responsabilidades del Estado al respecto. Esto nos permitirá acercarnos a los significados que los miembros de la organización dan a su lucha y a su condición de lesionados.
Por otra parte, es importante señalar que la mayor parte de la información empírica utilizada es resultado de varios años de inmersión etnográfica entre los lesionados. No obstante, también se recurrió a notas periodísticas, entrevistas y algunos archivos de la Asociación con el fin de integrar a la explicación algunos sucesos clave.
El artículo cuenta con tres apartados, además de esta introducción y la conclusión. El primero plantea un primer contexto de las explosiones y lo relaciona con las lesiones físicas, y después con el significado que dan al dolor los afectados en un sentido individual. El segundo busca relacionar esas vivencias personales para explicar el nacimiento de un sentido colectivo del dolor, fundamentado en un principio de injusticia. Esto para demostrar, en el tercer apartado, la forma en que es necesario entender esta gama de emociones en sus dimensiones morales y cómo esto da significados y sustento a sus acciones colectivas.
Las lesiones físicas y la primigenia significación del dolor
Aquel aciago día de las explosiones, Lilia Ruiz Chávez, la actual presidenta y lideresa de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, A .C., salió a un mercado local sin saber que no regresaría a su casa sino después de varios meses. Fue precisamente en su traslado, en el transporte público, cuando las explosiones la alcanzaron. Ella no recuerda un sonido, un golpe o un movimiento brusco, solo que despertó entre los escombros, envuelta en gritos y una espesa nube de polvo que no la dejó observar a su alrededor. Asimismo, rememora unas voces que decían «primero esta señora que está embarazada y luego esta otra que tiene las piernas deshechas», y cierra diciendo, aun con mucha aflicción: «la segunda era yo» (Eufracio, 2017: 95).
En aquel momento comenzaría lo que ella define como el «viacrucis» (Eufracio, 2017: 96) de su recuperación, pues vendrían por delante las 19 intervenciones quirúrgicas que buscarían salvar sus dos piernas, pero que solo lo lograrían con la derecha; su pierna izquierda había quedado tan dañada que se le tuvo que amputar tres semanas después de las explosiones. Aquello significaría un vuelco total en su vida. Por principio, Lilia tendría que reaprender cuestiones básicas y adaptar su entorno inmediato al respecto. Así, por ejemplo, tuvo que enseñarse de nuevo a usar un baño y a sentarse, ya que guardar tal posición con la falta de una pierna la hacía marearse continuamente. De igual forma, tuvo que modificar su hogar con el fin de desempeñarse en él: le fue habilitada una habitación en la planta baja, se quitaron los obstáculos que le impidieran moverse en silla de ruedas y se modificó la cochera para facilitar las entradas y salidas.
Por supuesto que cada una de las alrededor de 55 personas que componen al día de hoy la Asociación tiene una historia similar a la de Lilia. Por ejemplo, María de Jesús González tuvo lesiones graves en cuello y rodillas que le impidieron volver a caminar de manera fluida y, por lo tanto, continuar con sus actividades laborales. Susana voló dentro de su camioneta al momento de la explosión, y al caer sufrió daños fuertes en su espalda que solo se pudieron paliar, en sus inicios, colocando barras de Luque en su columna vertebral; no obstante, su movilidad se redujo tanto que ya no logró realizar actividades laborales o cotidianas. Igualmente, José Antonio Vargas, a sus 14 años, quedó enterrado a consecuencia de las explosiones. Debido al impacto que sufrió su espalda, perdió totalmente la movilidad de sus piernas... Así, en todos los casos se vieron obligados a modificar sus vidas, a cambiar drásticamente sus hábitos; tuvieron que aprender y reaprender funciones de sus cuerpos, así como pasar por un proceso de aceptación de las limitaciones. Por lo tanto, no solo fueron las cuestiones laborales o, en general, tareas para las cuales tuvieran que salir de sus casas, sino la imposibilidad de realizar actividades que hasta antes de las explosiones eran parte de la rutina dentro de sus hogares.
Las teorías sociológicas más actuales sobre las emociones han logrado abrir debates interdisciplinarios sumamente importantes. En este sentido, más que buscar la resolución del añejo debate acerca del origen de las emociones (condición biológica/física vs. construcción sociocultural), han propuesto un diálogo transdisciplinar para vincular el cuerpo, la mente y la cultura. Así, la salud se convierte, hoy en día, en un campo de investigación que pretende borrar divisiones entre lo estructural, lo social, lo interpersonal, lo psicológico y lo corporal (Francis, 2007: 591). En este encadenamiento, las emociones se convierten en la piedra de toque que vincula lo social con lo físico. Partiendo de ello, estas nuevas rutas sociológicas buscan analizar, por ejemplo, la enfermedad y el daño corporal como experiencias emocionales (su incidencia o prevalencia), en las cuales los sujetos son apelados físicamente por dolencias que terminan siendo vividas y entendidas social y culturalmente. De este debate se desprende el dolor como experiencia física y emocional y, a la vez, como concepto sociológico.
El dolor, bajo esta óptica, y como se irá desarrollando en este apartado, no solo es una sensación física, sino también una vivencia que, en efecto, es encarada a partir de determinados marcos culturales y significaciones sociales. De esta manera, un daño profundo como el que experimentan las personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 no se explica en el aislamiento de sus consecuencias corporales, sino en el significado que les dan quienes lo sufren. En especial cuando de las lesiones se derivan condiciones permanentes por ejemplo discapacidades que imponen transformaciones serias a las formas de vida, pues conllevan maneras diferentes de entender el mundo y las interacciones sociales.
Por lo anterior, las afectaciones en sus hábitos que sufrieron las personas lesionadas no se deben minimizar. Lo cotidiano no se puede analizar como algo banal, sino como un conjunto de prácticas y actividades simbólicas permanentes que condicionan y reacondicionan la vida (Lalive, 2008: 20), que dan significado al transcurrir diario y a las rutinas. Así, el flujo de la cotidianidad permite a los sujetos construir certezas, por lo que su alteración radical genera un estado de incertidumbre e inseguridad que los afecta a ellos y sus entornos. Desde la perspectiva emocional, el daño corporal se tradujo en que los lesionados pasaran por etapas de gran enojo y frustración, incluso de vergüenza ante el hecho de que las personas los vieran con lástima o compasión; reacciones que, además de tener sus propias expresiones físicas, respondían a la necesidad de darle significado a la vivencia de dolor, de tratar de encontrar una explicación de aquella vivencia. Lo dicho los llevó, en un principio, a intentar mantener los padecimientos encapsulados en la vivencia personal (Bendelow y Williams, 1995: 157). Lilia lo explica así en su caso:
Se lleva años cada etapa [psicológica], pero tuve que superarlas por mis hijos que estaban chicos. Ellos tenían que regresar a la escuela y no quería que me vieran acabada. Yo lloraba cuando ellos no estaban, cuando iban a la escuela, o simplemente cerraba la puerta de mi cuarto para llorar. No quería que ninguno de ellos me viera triste. Creo que aún tengo mucho llanto atorado… (Eufracio, 2017: 99).
Ese ensimismamiento tuvo mucho que ver, justamente, con los significados otorgados al daño corporal. Además de tratar de llegar a explicaciones o justificaciones acerca de lo que les había pasado, las lesiones que dejan huellas permanentes provocan que las personas no solo pasen por el proceso de resignificación de sus cuerpos mencionado más arriba, sino también por un diferente entendimiento y vivencia del mundo debido a las limitaciones físicas (Leder, 1990). Este proceso de corporeización de las experiencias o embodiment (Turner, 1992) tiene que ver con la constante apelación del cuerpo cuando existe un daño sistemático; el cuerpo se convierte en frontera y en factor de medición del entorno, que se presenta lleno de incertidumbres y obstáculos. Guadalupe Zambrano, por ejemplo, explica la manera en que sus lesiones de espalda, piernas y oído se convirtieron en limitaciones para desempeñarse como lo hacía anteriormente:
Ya no podía abrazar a mis hijos, ya no podía agarrarlos, no podía levantarlos; no podía porque el dolor era muy fuerte; a pesar de que ya me habían puesto las varas, que ya estaba operada, yo tenía dolor, muy fuertes dolores… de ahí para acá fue mi desgracia, yo no era enfermiza, ni nada me dolía. A raíz de todo eso yo las piernas no las aguanto; no oigo de un oído porque al momento de que explotó yo tengo un zumbido diario, como si estuviera la televisión prendida día y noche; siento un ruido en el oído (comunicación personal, 30 de agosto de 2019).
Es en este punto que el concepto de dolor se vuelve clave para entender a los lesionados del 22 de abril. En efecto, durante el trabajo etnográfico la palabra ha surgido en infinidad de ocasiones para delimitar sus experiencias cotidianas y dentro de la acción colectiva. Primero, las heridas físicas nunca han desaparecido, de hecho algunas se han recrudecido por la edad (la mayoría de estas personas tienen más de sesenta años). En este sentido, todos ellos han construido distintas formas de encararlo, de sobrellevarlo, incluso de naturalizarlo (conocen de medicamentos, recurren a diferentes tipos de terapia, dosifican sus actividades, etc.), pero el dolor representa una disrupción constante. Para Bendelow y Williams (1995: 148), la presencia sistemática de dolor implica una «demanda télica», es decir, una búsqueda continua de sentido por parte de quien lo siente.
Partiendo de ello, es necesario establecer, siguiendo a Leavitt (1996), que la interpretación densa del dolor en los lesionados responde a la dualidad feeling y meaning, es decir, dolor sentido (como sensación corporal) y sentido del dolor (en términos de su explicación y construcción cultural). Por lo tanto, el dolor representa en ellos no solo una reacción física, sino también un proceso de producción constante de significados, fuente de entendimiento de diversas experiencias (en especial las que los hacen sentirse receptores de alguna injusticia), y además deseo de encontrar alivio a sus condiciones (Bendelow y Williams, 1995: 148-149). Desde esta perspectiva, el cuerpo es inseparable de las condiciones sociológicas que los llevan a definirse como lesionados. El mejor ejemplo de ello es el uso de tal palabra para diferenciarse de otros tipos de damnificados de las explosiones (en especial los que solo perdieron algún bien material); para ellos ser lesionados implica ser sobrevivientes de la tragedia, pero también llevar en sus cuerpos las huellas imborrables de lo que ocurrió aquel día. Hugo Gómez da su propia visión del significado de damnificado y cómo tal concepto lo lleva a plantearse el sentido dado a su lesión de espalda, que no le permitió regresar a su trabajo como mecánico:
Yo la verdad no sabía el término «damnificado» hasta que lo viví. Yo siempre escuchaba el término damnificado en otras partes del mundo; pero vivirlo es algo que te cambia la vida, fue un parteaguas completamente. A mí me cambió la vida en ese sentido, por cuestiones de salud, tuve una lesión que me marcó la vida completamente (comunicación personal, 29 de mayo de 2018).
Al final esto se tradujo, como lo veremos en los siguientes apartados, en una construcción colectiva de sentidos y metas que, justamente apoyadas en su condición de lesionados, merecerían su resolución integral por parte de un Estado que, desde su óptica, no debería escatimar en la mejora de su calidad de vida. En concreto, describiremos cómo el dolor y la lesión física, así como sus primeras significaciones (más construidas en ese momento en los planos individual y familiar), se redimensionaron cuando las personas lesionadas se encontraron y se reconocieron, ya que esto les permitió comprenderse colectivamente; se vieron a sí mismos como lesionados morales.
De la lesión física a la construcción colectiva de la injusticia
Como ya se mencionó, la mayoría de las personas que integran la Asociación 22 de Abril tuvieron que pasar semanas en los hospitales o en sus casas recuperándose de las dolencias primigenias. Esto las alejó del flujo de información de lo que había ocurrido aquel aciago miércoles. De hecho, algunas de ellas no supieron detalles finos de lo sucedido ni de las medidas que tomarían los gobiernos local y nacional sino hasta varias semanas después.
Muy poco a poco, los lesionados y sus familiares se fueron enterando de las acciones gubernamentales para supuestamente reparar los daños dejados por la tragedia. En este sentido, y mediante la transmisión de voz en voz o por los medios escritos -no hubo información oficial dirigida a ellos- conocieron, aunque con mucha dilación, de la creación del llamado Patronato de Auxilio e Indemnización de los Afectados, Reconstrucción y Adecuación de la Zona Siniestrada del Sector Reforma de Guadalajara. Entre los rubros que se manejaron había uno dirigido a brindar una cantidad económica preestablecida y fija para los lesionados, lo cual dependería de lo que las propias evaluaciones gubernamentales arrojaran sobre la magnitud de las heridas. El Cuadro 1, que apareció en los medios de comunicación locales, muestra la tasación hecha para algunos de tales casos.
Nombre | Edad | Lesión | Indemnización | Situación |
---|---|---|---|---|
José Antonio Vargas | 15 | Parálisis | 67 | Transeúnte |
María Guadalupe Castillo López | 10 | Amputación de brazo | 53.6 | Transeúnte |
Lilia Ruiz Chávez | 39 | Amputación del muslo izquierdo; problemas con la pierna derecha | 53.6 | Vecina |
Luis Cruz Franco | 48 | Fractura de pelvis y lesión uretral posterior | 40.2 | Vecino |
Ricardo Soto Castañeda | - | Lesión medular permanente | 20.1 | Trabajador |
Celia María Lugo Castañeda | 29 | Fractura de columna | 13.4 | Vecina |
Nicolás Hernández Covarrubias | 23 | Fractura de tórax y muñeca | 20.1 | Trabajador |
Elvira Sánchez Araujo | 47 | Quemaduras en el 20 % del cuerpo | 6 | Comerciante |
María Guadalupe Sambrano Andrade | 46 | Esguince cervical y luxación del tobillo | 10.05 | Vecina |
Armando Cervantes Franco | 14 | «Traumatismo cráneo encefálico, edema cerebral | 23.45 | Vecino |
Cantidades en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en una nota publicada en el diario local Siglo 21 el 23 de septiembre de 1992.
En el Cuadro 1 es posible notar, por ejemplo, que Lilia Ruiz fue una de las personas lesionadas que más dinero recibió, pero que en términos reales la cantidad era ínfima 1 tomando en consideración las afectaciones que la falta de su pierna le acarrearían el resto de su vida. Al respecto, todos los lesionados que integran en la actualidad la Asociación coinciden en señalar que nunca hubo un peritaje exhaustivo de sus lesiones o su condición médica, sino que el Patronato solo se basó en los primeros reportes médicos de los hospitales o incluso en la notoriedad de sus heridas. Finalmente, y lo más grave para estas personas, fue que el Patronato les pedía como condición para entregarles los recursos que firmaran un documento llamado «convenio finiquito», el cual, como su nombre lo indica, pretendía liquidar, dar cierre expedito al caso 22 de abril, pero comprometiendo a los lesionados a no hacer en el futuro reclamo alguno, eximiendo así a los diferentes órganos de gobierno de cualquier responsabilidad. La Figura 1 muestra parte de lo que decía tal documento.
La mayoría de los lesionados, ante la urgencia en que se encontraban, aceptaron tales condiciones. Vieron su situación de manera individual, pensaron en sus familias y sus circunstancias inmediatas para tomar dicha decisión. En un primer momento no alcanzaron a dimensionar la gravedad del asunto ni la cantidad de personas que estaban siendo afectadas por tales medidas. Lo anterior cambió cuando la encargada de la ventanilla de atención de los lesionados, la licenciada María del Carmen Ponce Pérez, los instó a reunirse para explicarles la situación a mediano plazo; les hizo entender que los apoyos gubernamentales terminarían pronto y que ellos quedarían desamparados (Eufracio, 2017: 100). De esta manera, los convenció de que se organizaran y lucharan juntos. Asimismo, persuadió a Lilia de que asistiera a las reuniones de los lesionados y comenzara a tomar las riendas del naciente colectivo.
Lilia no aceptó de inmediato porque, ante la falta de su pierna, aún no quería que las demás personas la vieran; explica que en aquel momento se sentía incompleta (Eufracio, 2017). Esto cambió cuando, varios meses después de ocurridas las explosiones, le fue adaptada su primera prótesis. El poder dar sus primeros pasos en compañía de su familia representó un hecho muy emotivo que modificó el estado de ensimismamiento al cual se hacía referencia en el apartado anterior. Lilia reconoció en el aparato ortopédico un mecanismo no solo para movilizarse, sino también para lidiar con el dolor que, como ya se explicó, refiere al innegable perjuicio físico y a la manera como su persistencia moldeaba su comprensión de lo que le rodeaba y su relación con el resto de las personas. Así, aquellos primeros pasos independientes la llevaron a querer reconectarse con el mundo y, por ello, a desear conocer lo que les había pasado a otros lesionados.
Cuando se pudo reunir con algunas personas que, como ella, habían sido afectadas por las explosiones, conoció casos que le permitieron entender que, además de las condiciones individuales y familiares, prevalecían factores comunes para todos los lesionados en términos de la ausencia de apoyos a mediano y largo plazo. Lilia explica que algunos de tales casos le parecieron muy dolorosos:
Al llegar me di cuenta de que éramos nada más siete sobrevivientes. Entre ellos tres hombres que, al conocer sus historias, me dolieron mucho porque pensé en mi esposo. ¿Qué tal si en lugar de haber sido yo le hubiera tocado a él? ¿Qué habría sido de toda mi familia? Para mí que nos hubiera pasado lo mismo que a ellos, pues el proveedor principal era el que estaba en mis condiciones. Habían perdido su casa, se habían tenido que ir del barrio y quedaron con discapacidad. Por lo tanto, concluí: «tengo que hacer algo por ellos» (comunicación personal, 15 de septiembre de 2016).
A partir de aquel momento, Lilia decidió, junto con el pequeño grupo, que era necesario localizar a otros lesionados para formar un colectivo mucho más grande. A falta de las innovaciones tecnológicas actuales, la estrategia fue pegar carteles en diversos puntos de la zona siniestrada con un número telefónico de referencia. Lilia explica que la convocatoria atrajo a muchas personas, pero pocas se quedaron; mostraban desconfianza hacia las metas del colectivo y no creyeron en su capacidad organizativa. Al final, fueron 80 lesionados los que conformaron la naciente Asociación, la cual quedó formalmente establecida el 4 de mayo de 1993.
Como veremos más adelante, la conformación de la Asociación permitió a los lesionados organizar, con el correr de los meses y los años, prácticas concretas de acción colectiva. No obstante, para llegar a ello es necesario entender que la formalización del grupo es el resultado del reconocimiento de los problemas y las emociones comunes entre los lesionados. En efecto, el conocer historias y dolores similares les permitió construir una explicación de lo que les pasó (no había sido una casualidad o una obra divina, sino un hecho humano evitable y con claros responsables) y, a la par, significados colectivos para interpretar y expresar sus sentires. Collins (2001: 29) llama a esto una transformación emocional, es decir, una fuerte conexión que redimensiona las vivencias individuales en sentidos grupales de injusticia. Lo anterior refiere a un estado muy emocional o hot cognition (Gamson, 1992: 32) que permite a los colectivos, en este caso a los lesionados, construir un marco de injusticia, un punto común de entendimiento y delimitación del problema vivido (Chihu y López, 2004: 437) y una definición clara del «enemigo». Así surgió el concepto de «gobierno» entre los asociados. Es la palabra que señala al responsable, al que tiene la obligación de proporcionar los mecanismos necesarios para la mejora de la calidad de vida de los lesionados. Esta fijeza de la contraparte ha dirigido sus acciones por 30 años, bajo la convicción de que el dolor provocado por las injusticias vividas merece ser subsanado.
Las emociones morales y la acción colectiva
Jasper (2013) propuso una clasificación que busca diferenciar las emociones fuertes, capaces de movilizar a las personas, de otros distintos tipos de sensaciones y sentimientos. En este sentido, formuló una escala que va desde las pulsiones básicas (como las urgencias corporales naturales), que son de una temporalidad corta, hasta distintas formas de expresión emocional más estables y duraderas. En primer lugar, se encuentran las emociones reflexivas, que refieren a diferentes formas de apego como confianza, admiración y respeto, así como a sus equivalentes negativos. No obstante, las más importantes son las emociones morales, que se refieren a procesos de aceptación o rechazo con base en principios morales. Tienen mucho que ver con la diferenciación que hacen los sujetos entre lo correcto y lo incorrecto y que, en su sentido negativo, puede llegar hasta una profunda indignación producida por una injusticia. Para Jasper son este tipo de emociones, cuando se trasladan a lo colectivo, las que funcionan como el motor de diversas formas de movilización social.
Siguiendo este argumento, Moore (1989) planteó hace algunas décadas que la acción colectiva encuentra fundamentos sólidos cuando quien produce las injusticias no es un sujeto individual, sino un Estado o un organismo gubernamental. Esto porque tal emoción puede volverse estructural cuando el recambio de agentes institucionales no modifica o resuelve la situación. En el caso de los lesionados del 22 de abril han pasado diversas administraciones municipales, estatales y federales; han ido y venido gobernantes, así como colores de partidos, pero sus demandas principales no han sido resueltas. Al respecto, el propio Moore especifica que en estos casos las injusticias no solo señalan las distinciones que las personas hacen entre lo correcto y lo incorrecto, sino también los principios que entienden sobre las tareas y obligaciones que tienen todas las instituciones de un Estado. Estos principios generan expectativas, en especial cuando se esperan acciones contundentes para resolver los problemas sentidos de la población. De esta manera, cuando las personas perciben un sistemático quebrantamiento de tales expectativas, que refieren a la obligación de brindar cuidado y seguridad, sobreviene una violación del contrato social entre gobernantes y gobernados, lo cual se traduce, a su vez, en la profundización de una injusticia y en una condición de agravio moral que enmarca la acción colectiva.
Este agravio comenzó desde el momento en que los lesionados comprendieron que el Estado no los indemnizaría en función de sus necesidades del momento y, en especial, de las futuras. Además, cuando los pocos recursos canalizados a ellos fueron decididos, para quienes alcanzaron, a partir de una tasación que ponía precio a las diferentes partes de sus cuerpos y exigiendo un desistimiento que buscaba eximir a las instituciones de cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, continuó una vez formalizada la Asociación porque sus dos principales demandas -servicios de salud integral y una pensión vitalicia- nunca han sido atendidas en plenitud.
Cada administración gubernamental -ha habido cinco gobernadores después de las explosiones- les ha significado a los lesionados una constante negociación, presión o movilización en busca de que tales metas se cumplan. Gracias a ello han podido avanzar en algunas cuestiones. En concreto, sobre los servicios de salud, la Asociación logró a principios de este siglo, durante la gubernatura de Francisco Ramírez Acuña, la creación del consultorio «22 de abril» en el Hospital General de Occidente, también conocido como Zoquipan, para atender exclusivamente a lesionados por las explosiones. Por otra parte, consiguió la creación, a finales de la década de 1990, de un fideicomiso del cual se provee hasta hoy una pensión.
Sin embargo, los miembros de esta agrupación han tenido que luchar en múltiples ocasiones para que el mencionado consultorio no sea desaparecido. Han sido ya varios los intentos, por parte de algunas de administraciones subsecuentes, de desmantelarlo por su supuesta inviabilidad administrativa y económica.2 A la par, los lesionados han tenido que sufrir el sistemático desabasto de medicamentos, en especial los controlados, y el constante aplazamiento de algunas intervenciones quirúrgicas, lo que los ha llevado a manifestarse en múltiples ocasiones a lo largo de casi veinte años. De igual manera, respecto al fideicomiso, el gran problema es que requiere una constante recapitalización. En este sentido, han tenido que gestionar o negociar con cada administración entrante de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco la inyección de recursos, pues no existe una fuente segura y constante. Además, varios de los asociados no han podido entrar al fideicomiso en todos estos años a pesar de las gestiones debido a que no se ha hecho una reestimación exhaustiva e integral de las personas que fueron mal valoradas e identificadas como lesionadas menores o temporales. Esto sin incluir los casos en que el fideicomisario ha fallecido y las familias han quedado desamparadas, pues no existe un mecanismo de continuidad para protegerlas.
Lo anterior se traduce en una mezcla particular de éxitos y reveses que, sin duda alguna, han tenido repercusiones o expresiones emocionales entre los lesionados, que van desde la alegría que dan los triunfos obtenidos hasta la frustración e ira ante la desatención y la negligencia. Jasper llama a esta combinación o encadenamiento de emociones contrarias una «batería emocional», es decir, la unión de contrapartes positivas y negativas que motivan la acción o demandan atención (2013: 52). Desde nuestra perspectiva, la acepción compleja que hemos tomado del concepto de dolor (feeling y meaning) representa una parte importante de ese polo negativo. La demanda télica de alivio de ese dolor es una pieza importante para explicar por qué estas personas siguen movilizándose. En este sentido, es importante recalcar que no solo se trata del dolor físico, sino que ahora podemos relacionarlo con una esencia moral. Son los dolores del cuerpo (las sensaciones) sumados a los dolores causados por el olvido, la invisibilización y la indiferencia que profundizan la herida aún abierta (los sentidos y significados atribuidos). Esto los hace lesionados morales (Sauerwald, 2008).
Para ejemplificar de mejor forma lo anterior, analizaremos brevemente dos hechos o actos de protesta emblemáticos de la Asociación, ya que proveen el material adecuado para entender las baterías morales y la relevancia del dolor, en tal sentido, entre los lesionados. El primero de ellos ocurrió durante la gubernatura de Alberto Cárdenas (1995-2000), el primer gobernador no priista de Jalisco (extraído del Partido Acción Nacional) y que llegó al Ejecutivo estatal dos años después de ocurridas las explosiones del 22 de abril. Como se mencionó, durante este periodo los asociados lograron la formalización del fideicomiso, pero con poco dinero.3 Este fideicomiso funciona, hasta el día de hoy, con un comité técnico compuesto en su mayoría por funcionarios, el cual en aquel momento determinó que las primeras remuneraciones serían de solo un salario mínimo diario. Al ver que esto era poco, los lesionados pidieron al Congreso de Jalisco un aumento a tres salarios mínimos, solicitud que fue vetada por el gobernador. Ante este hecho, la indignación no se hizo esperar, por lo que los miembros de la Asociación decidieron manifestarse frente al Palacio Legislativo. Debido a la falta de respuestas, decidieron ingresar y tomar la tribuna; durmieron ahí durante tres días, hasta que el titular del Ejecutivo reculó y aceptó la petición.
En la foto se observa una manifestación clara de las emociones negativas en Lilia Ruiz. En concreto, la permanencia en el recinto legislativo, aunada a la falta de soluciones y la puesta en huelga de hambre por tres días, evidenciaron un complejo cuadro emocional en el que convergieron los dolores físico y moral. El resultado fue la necesidad de que intervinieran los servicios de salud para atender los signos más evidentes de tal cuadro. Al final la Asociación consiguió su objetivo, por lo que las emociones negativas abrieron paso a emociones positivas de alegría y satisfacción. Ambos tipos de emociones han alimentado las acciones colectivas de este grupo ya que mientras las primeras, fundadas en la significación de las injusticias y el agravio, dan concreción a las demandas y prácticas de protesta, las segundas se hilvanan con la capacidad de agencia que tiene el grupo para transformar su entorno.
Por otra parte, en 2003 los lesionados se vieron en la necesidad de acudir al Palacio de Gobierno a exigirle al gobernador Francisco Ramírez Acuña que mantuviera el apoyo al consultorio. No obstante, en cuanto arribaron, los policías comenzaron a cerrar las puertas para evitar que entraran. Solo siete personas, mujeres todas, lograron quedarse adentro; entre ellas Lilia, que sufrió de la opresión de su prótesis durante el «portazo». Este hecho causó gran indignación entre los miembros de la Asociación presentes, lo que se tradujo en que las lesionadas que estaban en el interior se negaran a salir. En efecto, sin planearlo, montaron un plantón que duraría 30 días. Estas siete mujeres dormirían, comerían y se bañarían en el Palacio de Gobierno durante este tiempo a pesar de que los policías, por lo menos al principio, buscarían evitar u obstaculizar que tuvieran algún contacto con el exterior y se les pasaran víveres, ropa o enseres básicos.
En la imagen se muestra un extracto del archivo de la Asociación en que destacan dos fotografías tomadas en aquellos días y con la leyenda «represión» escrita en letras mayúsculas por Lilia Ruiz. Esta forma de representación y etiquetamiento del hecho concreto revela las fuertes emociones morales vinculadas a él, pero también la dureza o impresión del «shock moral», entendido como reacción emocional ante un evento violento (Poma y Gravante, 2017: 43) infligido por los agentes del Estado. No obstante, más allá del miedo que pudieron haber experimentado en el momento más candente, las lesionadas tomaron el hecho como un impulso para la acción colectiva. Sufrieron privaciones e incomodidades y el hostigamiento policial, pero se mantuvieron firmes en el plantón todo el tiempo que pudieron. Incluso realizaron una huelga de hambre para hacer que el gobierno reaccionara y las atendiera, aun cuando esto les trajo consecuencias físicas que debieron atender los servicios de emergencia. Al final, el titular del Ejecutivo estatal no las recibió, lo cual podría verse como un fracaso de la Asociación y de estas lesionadas en particular. Sin embargo, al salir del Palacio se dieron cuenta de que lo sucedido había llegado a muchas personas, medios de comunicación, estudiantes, visitantes y familiares, que las recibieron con felicitaciones y reconocimiento por lo hecho. Por lo tanto, aunque no consiguieron el objetivo inmediato, el contexto emocional en torno al acto de protesta permitió resignificar los resultados y, por lo tanto, otorgarles una explicación, una sensación de efectividad sobre el mundo que solo se puede entender en el terreno de las emociones morales colectivas. Lilia lo explica así:
Es el [plantón] más significativo para nosotros porque logramos el mayor apoyo de parte de la ciudadanía. Demostramos la fuerza que teníamos y exhibimos el miedo que el gobierno tenía a enfrentar el problema del 22 de abril. En muchos aspectos creo que rebasamos al gobierno a pesar de nuestras limitaciones. El gobierno se vio muy chiquito ante la grandeza de nuestra lucha, y no lo digo con soberbia, lo digo con verdad, con dignidad. Porque nosotros en cada acto, en cada situación de ese tipo, recuperamos la dignidad. Por eso nuestro lema es «Dignidad y vida se recobran con justicia» […] Creo que nosotros hemos recobrado nuestra dignidad, la justicia no llega, pero la dignidad siempre ha estado de nuestra parte. La justicia no está en nuestras manos, pero la dignidad sí. La dignidad ha superado a la justicia (comunicación personal, 31 de agosto de 2018).
El concepto de baterías morales nos permite traducir estas diferentes emociones vividas a lo largo de 30 años en fundamentos sociológicos de la movilización social entre los lesionados del 22 de abril. Desde la óptica aquí abordada, son los cauces, los encadenamientos y las significaciones que se les han dado a esas emociones negativas y positivas lo que le ha permitido a este grupo seguir su lucha a pesar de los diversos obstáculos. Debido a ello sus metas no deben ser vistas ni analizadas en su sentido puramente material (medicamentos, atención médica, cirugías o recursos económicos para su fideicomiso), pues esto desestimaría todos esos sentidos otorgados a su acción social y su vinculación con tramas emocionales colectivas concretas. Al respecto, sin duda han tenido algunos éxitos en el camino, que les han generado emociones positivas para concebirse a sí mismos como agentes que inciden en la transformación de sus condiciones de vida. Sin embargo, también es cierto que aún hay deudas para con ellos que no han sido reconocidas y atendidas. Así, las emociones morales negativas, relacionadas con la percepción de injusticia, siguen presentes y muy vivas. Continúan siendo una clave importante para entender sus prácticas grupales, las identidades que se han generado entre ellos, pero también las condiciones estructurales que permiten el olvido y desinterés por parte del gobierno (y de la sociedad). Por lo tanto, estas personas luchan por su reconocimiento como lesionados; un concepto central en tanto que no se trata solo del entendimiento de sus condiciones físicas (agravadas por la edad y los padecimientos), sino también de las formas de menosprecio social (Honneth, 2009) que provocan y fomentan su invisibilización, es decir, las lesiones de orden moral.
A manera de conclusión
En el presente artículo hemos recuperado algunas de las propuestas que la sociología ha desarrollado en el campo de las emociones. En este sentido, hemos considerado central el concepto de dolor para explicarlo como una condición corporal que inhabilita y condiciona la relación con el entorno y como una construcción sociocultural que contiene sentidos y demandas, respuestas o soluciones. En el caso de los lesionados del 22 de abril, fue la definición y resignificación colectiva del dolor lo que generó emociones morales que clarificaron el panorama en términos de lo que debían hacer y por qué luchar. Esas emociones los han unido (a pesar de las diferencias que puede haber en este como en todos los grupos) y les han permitido continuar por 30 años. Aun así, también han sido muchos los gobiernos y funcionarios que han pasado y no han dado respuestas concretas a sus demandas. En varias ocasiones esto se ha relacionado con un total desinterés por el tema, e incluso rechazo a asumir cualquier tipo de responsabilidad. Al respecto, los lesionados luchan por una aceptación y asunción de tal responsabilidad por parte de los gobiernos, pero no entendida en un sentido causal (como causantes negligentes de las explosiones), sino desde la perspectiva política. En otras palabras, como agentes de un Estado que tiene la obligación de proporcionar seguridad y cuidado.
Sobre lo anterior es importante mencionar que el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió en el acto conmemorativo de las explosiones en 2019 a solucionar todas y cada una de las demandas de la Asociación. Expresó públicamente que en el término de un año todo quedaría completamente resuelto, algo que en ese momento emocionó positivamente a los lesionados porque era la primera vez que un gobernador se expresaba de tal forma. No obstante, la realidad ha sido otra. El desabasto de medicamentos continúa, la falta de operaciones quirúrgicas se mantiene y las peticiones sobre el fideicomiso no se han resuelto. Esto agravado por la pandemia que actualmente vivimos, ya que la atención médica se ha concentrado en este problema generalizado, lo cual ha dejado en mayor desamparo a los miembros de la Asociación, que además han sufrido muertes sensibles por efecto de la propia emergencia sanitaria.
A pesar de este panorama sombrío, los lesionados consideran que es necesario retomar los asuntos pendientes y encontrar motivaciones en esas fuertes emociones que les han permitido seguir luchando por lo que consideran justo. Al final, reconocemos una meta fundamental -y sumamente compleja- de los lesionados que se encuentra en el terreno de la disputa de sentidos frente a valores dominantes: la resignificación del dolor humano más allá de los patrones dominantes de la medicina ortodoxa, para entenderlo como una construcción social y cultural; la necesidad de visibilización y reconocimiento de grupos vulnerables, como los discapacitados que se enfrentan a una sociedad poco sensible y carente de solidaridad, y la relevancia del debate público acerca de las responsabilidades políticas del Estado, que deben ir más allá de los cálculos económicos y las mediciones objetivantes características de nuestra modernidad ◊
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1
Para dar claridad acerca de qué capacidad de compra significaban en 1992 los 53,600,000 viejos pesos que recibió, Lilia Ruiz explica que tal cantidad solo le alcanzó para algunos aditamentos para el baño, muletas, silla de ruedas y una parte de su primera prótesis (Eufracio, 2017: 99).
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2
Justo durante el gobierno de Ramírez Acuña Lilia Ruiz se vio envuelta en un hecho de violencia. Fue golpeada por una persona y después increíblemente encarcelada en Puente Grande por supuesta agresión en contra del provocador. Fue liberada horas después junto con su esposo. No obstante, al salir fue notificada de que en esas mismas horas se había decidido quitar el consultorio. Debido a ello, Lilia no ve el hecho como una coincidencia (Eufracio, 2017: 110-117).
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3
Unos años después los lesionados viajarían a la Ciudad de México para exigir que Pemex asumiera su responsabilidad en los hechos ocurridos el 22 de abril. Gracias a un plantón de 15 días, lograron que la paraestatal concediera 40 millones de pesos para el fideicomiso, pero solo como un donativo. Quisieron dejar en claro que eso no significaba ninguna aceptación de responsabilidad por las explosiones.
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- » Recibido: 17/09/2021
- » Aceptado: 10/04/2022
- » : 17/10/2022» : 2022Jul-Dec