Movimiento social y discurso emancipador con enfoque en derechos humanos: la Asociación 22 de Abril en Guadalajara

Los movimientos que se han conformado en torno a una lucha relacionada con la defensa de los derechos humanos son afines a la perspectiva que los concibe como algo inherente al individuo, la escuela naturalista, y que radica en la dignidad humana de los individuos. Lo anterior es contrario a la perspectiva deliberativa que considera este tipo de derechos son una concesión del Estado y producto de un consenso. Pero, ¿de qué se habla cuando se hace alusión a la dignidad humana? De acuerdo con la gramática moral planteada por Honneth (2006), la dignidad humana es la satisfacción de las condiciones que les permiten a los sujetos alcanzar la autonomía para su bienestar en el seno de la sociedad.

Por lo tanto, se puede decir que la dignidad humana es la base mínima necesaria que los sujetos requieren para contar con bienestar en su vida social. Sin embargo, Honneth (1996) señala que la falta, el daño o el perjuicio de estas condiciones provoca en las personas una herida moral; en diálogo con Moore (1989), este tipo de heridas pueden fungir como motor o detonante de la movilización para exigir que se acate el contrato social,³ sobre todo cuando son provocadas por el Estado, instituciones o alguno de sus agentes.

En tal tesitura, se puede decir que este tipo de movilizaciones son acciones políticas que buscan el resarcimiento de la falta o el daño para que las personas tengan una base mínima de bienestar. Desde esta perspectiva, más que de una conquista, se trata de la reparación de las condiciones básicas de la autonomía del individuo para que recupere el bienestar; es decir, no se trata de ganar algo adicional, sino de la reparación o recuperación de las condiciones básicas para el desarrollo pleno de las personas.

Desde otra perspectiva, la dignidad humana vinculada a los derechos es un mínimo de la libertad que los sujetos merecen para desarrollar su plenitud moral; pero esta se encuentra sujeta a la racionalidad y capacidad de autodeterminación moral de los individuos (Spaemann, 1988). De acuerdo con esta conceptualización, la dignidad humana es proporcionada a las personas en distintos niveles, y la designación de ellos está condicionada a la racionalidad y autodeterminación moral de cada persona; no se trata de una base ni de un mínimo, sino de una escala que varía entre los individuos.

En consecuencia, desde dicha visión, en las luchas por derechos humanos la dignidad humana se incrementa mediante movilizaciones, lo que es una conquista y no una condición inherente a las personas. De acuerdo con la propuesta de Spaemann (1988), para disfrutar el máximo nivel de dignidad humana se deben tener determinadas características; lamentablemente, de conformidad con la premisa de este autor, las personas con ciertas condiciones acceden de manera diferenciada a la dignidad humana, ya que se trata de un escalafón de ella; su posición en el espectro de la dignidad humana depende de sus condiciones de libertad y conciencia (Spaemann, 1988).

Para cuestiones prácticas del presente trabajo, cuando se mencione el término dignidad humana este se abocará al significado que Honneth (2006) propone; es decir, entender dicho concepto como el nivel mínimo de condiciones que les permita a los sujetos alcanzar la autonomía para su bienestar en la sociedad. La elección de esta concepción se sustenta en el reconocimiento a todos los integrantes de la sociedad para que reúnan el mínimo de condiciones; sin condicionantes o restricciones, concebido como un mínimo equiparable para todos. Lo anterior se traduce en una cualidad global y equitativa de todos los sujetos, por lo que no existe una diferenciación entre unos y otros.

A partir de lo antes analizado, se puede plantear que los movimientos y las acciones colectivas sustentadas en la lucha por derechos humanos son una acción política que tiene como objetivo transformar el statu quo en que se encuentra el ejercicio de los derechos humanos (Vázquez, 2017: 148); es decir, las luchas por derechos humanos son procesos capaces de lograr cambios sociales. Si bien el carácter político de la acción es importante, no es lo único pues, como se verá más adelante, también tiene implicaciones sociales.

Bajo este esquema existen actores políticos con posturas que se contraponen, lo cual no quiere decir que sean enemigos, sino actores con posturas antagónicas respecto al statu quo (Vázquez, 2017: 157). A la par, la inclinación ideológica que tienen De Sousa y Sena (2020) es afín, pues consideran que los derechos humanos son gramáticas emancipadoras de dignidad humana. Asimismo, para estos autores los movimientos y las acciones colectivas que se yerguen sobre cualquier derecho humano son resultado de luchas por el reconocimiento de derechos que se encuentran al margen de los derechos humanos hegemónicos o convencionales.

Este tipo de pensamientos es congruente con las premisas discernidas por Arias (2015). En especial cuando se habla de la paradoja de la bipolaridad, que plantea la presencia de tensión entre dos polos cuando se trata de proporcionar soluciones en materia de derechos: la visión heterogénea y la visión homogénea⁴ (Arias, 2015: 19). Esta condicionante se suma a su premisa nombrada inadecuación entre teoría y práctica, en la cual Arias (2015: 17-18) expone que existe un desfase entre el desarrollo del discurso y lo normativo de los derechos humanos y la práctica de estos, así como la falta de consenso en la manera como se deben ejercer estos derechos.

En general, el discurso normativo de los derechos humanos no se refleja en la situación real de su ejercicio, en la que existe una tendencia creciente a vulnerarlos, no respetarlos y manipularlos; a la hora de buscar soluciones para estas situaciones, no existe un parámetro para darles solución (Arias, 2015: 17). Este autor señala que la falta de correspondencia entre lo discursivo y lo práctico de este tipo de derechos es consecuencia de las crisis en los ámbitos teórico, conceptual y cultural del término derechos humanos.

Por lo tanto, si no se solucionan estas crisis se seguirán reproduciendo escenarios desalentadores en la práctica de los derechos humanos, ya que el discurso dominante de estos desde su formulación hegemónica «juridicista» no es una expresión teóricamente suficiente de las necesidades prácticas del proyecto (Arias, 2015: 16). Es decir, se necesita llegar a un consenso en el plano discursivo, para después tomar decisiones y realizar acciones vinculadas a él; de lo contrario se seguirá nutriendo un círculo vicioso en el que la brecha entre lo discursivo y lo práctico continuará ensanchándose.

Sobre tal punto, Arias (2015: 17) menciona que la diferencia entre el discurso normativo y la práctica de este le resta poder al carácter emancipador (discurso) de los derechos humanos. Por ello se puede decir que Arias (2015) y De Sousa y Sena (2020) concuerdan en que el discurso dominante sobre los derechos humanos no expresa a cabalidad las necesidades que plantean los movimientos correspondientes en la actualidad; Arias (2015: 18) lo atribuye a la tradición jurista positivista, y para De Sousa y Sena (2020) es consecuencia de la aplicación de dobles criterios que favorecen la visión hegemónica de la vida en la cultura occidental.

Para estudiosos como Vázquez, el discurso construido en torno a los derechos humanos y la lucha por estos son un proceso de emancipación política y humana (2017: 151). Por una parte, las acciones realizadas como parte de las luchas buscan modificar el statu quo ya sea por medio de modificaciones en la normatividad o mediante la creación de políticas públicas que atiendan sus demandas. Por otra parte, estas luchas tienen el objetivo de provocar cambios en las condiciones en que se encuentran expuestas las personas, de ahí la calidad emancipatoria humana en este tipo de luchas; y también el desarrollo pleno de las personas, la dignidad humana.

Desafortunadamente, en cuanto a la articulación de lo discursivo con lo práctico de los derechos humanos, De Sousa y Sena (2020) plantean un panorama muy oscuro. Según ellos, en cuanto al acceso a los derechos humanos de la mayoría de la población, esta «no es sujeto de derechos humanos sino objeto de sus discursos». En este orden de ideas, se considera que las personas, en lugar de gozar de los derechos humanos, son víctimas de los discursos configurados en torno a ellos, y tales discursos vulneran su dignidad humana.

Es evidente que la postura que tienen De Sousa y Sena (2020) sobre el ejercicio de los derechos humanos se encuentra distante de la normatividad establecida en esta materia. Ello es consecuencia de la presencia dominante de una visión hegemónica de los derechos humanos que no acepta la inclusión de otras ideas de dignidad humana,⁵ por lo que el reconocimiento de esa visión se utiliza como parámetro para establecer derechos humanos.

«La vida se recobra con dignidad y justicia», es la insignia que abandera a uno de los grupos que integran el movimiento de lesionados de una de las catástrofes que marcó a la capital de Jalisco, la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, A .C. Dicho siniestro fue una serie de explosiones suscitadas en el colector profundo de la ciudad el miércoles 22 de abril de 1992. Los estallidos fueron provocados por la presencia de hidrocarburos en el sistema de drenaje de múltiples calles del Sector Reforma. A consecuencia de ello, varios kilómetros de calles explotaron y ocasionaron daños materiales, un número incierto de vidas humanas perdidas y cientos de lesionados.

Ante una catástrofe de tal magnitud, las movilizaciones de los afectados no se hicieron esperar; se organizaron por gremios: aledaños,⁶ comerciantes, quienes perdieron a un familiar y los vecinos de la zona siniestrada, entre otros. De esta manera, las negociaciones entre las autoridades y estos grupos se dieron rápidamente, y también llegó pronto la respuesta oficial: el 13 de mayo del mismo año se creó el Patronato para Auxilio e Indemnización de los Afectados, Reconstrucción y Adecuación de la Zona Siniestrada del Sector Reforma de Guadalajara⁷ (CEDHJ, 2000: 16), que se encargaría de indemnizar a los afectados y dar por concluido el caso.

No obstante, la mayoría de los lesionados del suceso, quienes tuvieron procesos de recuperación prolongados, no pudieron acceder a tal beneficio, por lo que los favorecidos por este instrumento fueron los menos. A esto se sumó que la obtención del recurso estaba condicionada a la firma de un convenio-finiquito, lo que impediría a los beneficiarios hacer reclamos posteriores por secuelas del suceso (Eufracio y Paredes, 2020: 84), así como por las lesiones o pérdidas visibles.

Otro elemento en contra de los lesionados fue el discurso biomédico, bajo el cual se indemnizó a los lesionados. En este sentido, la manera en que el Patronato asignó los recursos para indemnizar a los lesionados se basó en las partes del cuerpo que habían perdido a causa de las explosiones: un brazo, una pierna, un pie, algún sentido -como el oído o la vista- y la movilidad por lesiones de columna, por mencionar algunas afectaciones a sus cuerpos. Es decir, se le asignó un monto monetario a la parte del cuerpo, pero también a su corporeidad.⁸ Este criterio invisibilizó el valor o la función que tenía para la persona, la cual sería una idea más apegada a la antropología de la salud.

Esta rama de la antropología propone un análisis alternativo de los procesos de salud. Concibe la enfermedad como un fenómeno más allá de lo biológico, a lo que complejiza mediante la manera como es atendida y sus implicaciones, con lo cual procura tomar en cuenta la forma como se inserta en los contextos social, político, económico y cultural de los individuos de manera diversa y concreta (Esteban, 2007: 7). En este sentido, el planteamiento antropológico ve la enfermedad como un fenómeno multidimensional en comparación con el articulado; opuesto al discurso dominante, el biomédico, en el que existe la tendencia a la unidimensionalidad, se enfoca en supuestos netamente biológicos.

A la luz de lo expuesto, debido a la inmediatez de la evaluación del estado de salud de los lesionados, no fue posible determinar a cabalidad la magnitud de las afectaciones que las explosiones habían dejado en los lesionados, pues muchas de ellas se presentaron en años posteriores al desastre. A la premura e imprecisión de las evaluaciones realizadas a las y los lesionados se sumó la omisión de dimensiones vinculadas con las implicaciones en las vidas de los lesionados, elementos sin los cuales la reparación de los daños es superficial, pues se ciñe exclusivamente a la visión biomédica.

Ante este panorama tan desalentador, un grupo de lesionados se organizó y constituyó la Asociación, con el propósito de conseguir una mejor indemnización por parte del Estado, más allá de la proporcionada mediante el Patronato. Para muchos de ellos las pérdidas causadas por las explosiones no solo fueron materiales, sino además en su calidad de vida y estado de salud; la condición de vivir con discapacidad de movilidad es una constante en la mayoría de ellos.

Así fue como el grupo, mediante la figura de una asociación civil, comenzó a entablar diálogos con los gobiernos estatal y municipal. Lo anterior implicó un gran reto para quienes integran la Asociación por su estado de salud y las limitaciones que su discapacidad representaba para la mayoría. A sus integrantes, enfrentar estos desafíos los hizo redimensionar las implicaciones de su condición física y su salud, de tal forma que se autodenominaron como lesionados de las explosiones del 22 abril.

Más allá de las lesiones corporales, este colectivo comparte un recordatorio diario de sufrimiento físico y emocional ocasionado por las explosiones, así como por la transformación de su vida diaria. De acuerdo con los argumentos que se desprenden de la antropología de la salud, estas personas viven su enfermedad en las dimensiones física, emocional, social e incluso económica, lo que los hizo buscar una adscripción propia para luchar por su derecho a la salud, como un medio para alcanzar la dignidad humana.

A partir de lo anterior, en busca de concretar su lucha, pensaron en formas poco convencionales de protesta, que se adecuaran a sus particularidades como personas en condición de discapacidad; si bien las marchas también formaron parte de su repertorio, este grupo con el paso del tiempo ha optado por otros recursos, como plantones, huelgas de hambre, encadenamientos en lugares públicos y la irrupción en actos políticos. Estos requieren un esfuerzo físico menor, por lo que se ajustan a las necesidades del colectivo de manifestarse, pero también a sus limitaciones de movilidad.

Las demandas iniciales de la Asociación tenían que ver con servicios de salud, obtención de vivienda para los que la perdieron a causa de las explosiones y un seguro de desempleo para quienes no podían conseguir trabajo debido a su condición de discapacidad (archivo personal de Lilia Ruiz Chávez, 1994).⁹ Estas demandas concretas surgieron de aquello que los lesionados entendían como el mínimo de bienestar en su situación; es decir, el restablecimiento de la dignidad humana en sus vidas.

El primer logró de la lucha llegó en agosto de 1994, dos años después del siniestro. La Delegación Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) les otorgaría a los lesionados una despensa de alimentos mensual, becas escolares para sus hijos y atención médica integral a través de una institución pública y otra privada (archivo personal de Lilia Ruiz Chávez, 1994, folios 74-78). Sin embargo, con el paso de los meses estos beneficios de la Sedesol comenzaron a ser irregulares, hasta que a finales de 1995 fueron suspendidos por completo.

Ante esta situación, los miembros de la Asociación comenzaron a demandar la creación de un fideicomiso que cubriera los gastos relacionados con el suministro y la gestión de los beneficios que recibían. Pero como nunca se declaró un responsable político de las consecuencias de las explosiones,¹⁰ señalar a quien se hiciera cargo de las demandas de los lesionados se volvió algo complicado, y también conseguir que tal fideicomiso fuera una realidad. Hasta la fecha no se ha podido determinar puntualmente a quién corresponde atender a los lesionados de la catástrofe.

Entre 1995 y 1998, los beneficios que recibían los miembros de la Asociación eran intermitentes y procedían de distintas instancias gubernamentales, pues ninguna quería asumir la responsabilidad de atender a los lesionados por las explosiones. En tal contexto, el panorama para ellos no era alentador, por lo que la idea de crear un fideicomiso que se encargara de gestionar los servicios que recibían arraigó en los miembros de la Asociación.

Los lesionados se encontraban ante un escenario de incertidumbre en cuanto a los recursos que recibían, por lo cual tanto los esfuerzos de movilización como el discurso de los miembros de la Asociación se enfocaron en promover la formación de un fideicomiso responsable de atender sus demandas. Ello se puede identificar en las notas periodísticas publicadas entre 1995 y 1998, en las que se aborda el tema de los lesionados, y en múltiples oficios y pliegos petitorios expedidos por la Asociación.

Sus esfuerzos se vieron retribuidos a finales de 1998, cuando los lesionados lograron que se constituyera un fideicomiso para su atención por medio del Contrato Constitutivo de Fideicomiso Número F/29428-0, bajo el gobierno estatal de Alberto Cárdenas Jiménez. Dicho instrumento de la administración pública se creó con el nombre de Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), con un capital inicial de seis millones de pesos.

Sin embargo, para recibir los beneficios de este fideicomiso los lesionados tuvieron que someterse a una revaloración de su condición física por parte de tres instituciones diferentes, con el objetivo de certificar su condición de discapacidad y el porcentaje de esta condición. Una vez más, la visión que predominó en este proceso fue la biomédica, que permeó el mecanismo de asignación de beneficios del fideicomiso en lo referente al monto de la pensión de manutención y el acceso a los servicios médicos.

En este punto es importante señalar que, en contraste con la perspectiva de reparación de los daños ante una violación de derechos humanos, la visión biomédica no toma en cuenta las estructuras sociales ni los contextos en que ocurre la violación del derecho a la salud de manera sistemática (Koteich, 2012). Por lo tanto, este requisito del fideicomiso no consideró la influencia que la condición de discapacidad tenía en la vulneración de la calidad de vida de los lesionados ni las implicaciones en su corporeidad; es decir, la reparación no se dio con base en las limitaciones a su calidad de vida derivadas de la condición de discapacidad, se limitó a los daños físicos en su cuerpo (Koteich, 2012).

De nuevo se utilizó el discurso biomédico como un parámetro para definir y retribuir a los lesionados, lo cual tuvo como resultado un entendimiento unidimensional de los desafíos que deben enfrentar día tras día. En tal sentido, el uso de este discurso para determinar el tipo y grado de beneficios que cada beneficiario del fideicomiso obtuvo se limita a la parte más visible de su padecimiento crónico y no a las repercusiones en su vida diaria: desplazarse, realizar tareas domésticas y el cumplimiento de su papel en la familia, entre otros aspectos de ella.

A pesar de que se creó el fideicomiso, la prestación de servicios médicos integrales y el otorgamiento de las pensiones no se regularizaron, y mucho menos volvió la certidumbre; la constitución del fideicomiso no puso fin al temor de la suspensión de los servicios. Por el contrario, los lesionados tuvieron que afrontar nuevos retos derivados de la falta de claridad en la creación del FIASS. Estos desafíos se tradujeron en la búsqueda constante de actores que alimentaran el fideicomiso ante la falta de un responsable político, y de incidir en la toma de decisiones del fideicomiso.

Frente a este nuevo desafío, los miembros de la Asociación buscaron nuevamente entablar comunicación con actores de los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de que se comprometieran a financiar el fideicomiso y evitar su extinción. Justo en esta coyuntura mutó la lucha de los lesionados: pasó de ser una acción meramente política a una lucha por el reconocimiento de su condición de lesionados por las explosiones y adscribirse a sí mismos como víctimas de negligencia gubernamental. Para ello era necesario encontrar un responsable político de la tragedia y así tener la certeza de que funcionara el FIASS.

Con este cambio, los miembros de la Asociación se vieron inmiscuidos en una ola constante y sistemática de actos de menosprecio por parte de funcionarios e instituciones gubernamentales en sus intentos de gestionar recursos para el fideicomiso. A la luz de la propuesta de Honneth (1996), la falta, el daño o el perjuicio a las condiciones de bienestar de las personas provoca una lesión moral; precisamente ante este panorama, los asociados se dan cuenta de la revictimización constante de que son objeto por instituciones de gobierno y sus funcionarios.

Ejemplos de estas situaciones sobran. Uno de los más recordados por los integrantes de la Asociación sucedió en 2001, cuando sus miembros decidieron manifestarse para que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) donara 40 millones de pesos¹¹ (Foto 1). La totalidad de dicha donación estaba destinada al FIASS, cuyos recursos disminuían con el paso del tiempo, y la entrada de ingresos no tenía ningún tipo de certidumbre.

En 2003 se llevó a cabo otra manifestación, con el propósito lograr la inclusión en el FIASS de 12 miembros de la Asociación y que se indemnizara a seis miembros más que no habían podido certificar su condición de lesionados por las explosiones. En aquella ocasión los participantes quedaron divididos en dos contingentes: un pequeño grupo de seis integrantes mujeres que quedó dentro de Palacio del Gobierno¹² cuando la fuerza policial intentó desalojar a los manifestantes del edificio y otro más numeroso constituido por quienes no pudieron acceder y decidieron esperar a sus compañeras para reunirse en la Plaza de Armas, que se encuentra frente a dicho edificio.

Ante tal circunstancia, el grupo pequeño decidió realizar un plantón dentro del Palacio de Gobierno, el cual duró aproximadamente un mes. El grupo grande fue retirado de la Plaza de Armas una madrugada con el uso de mangueras de agua, por lo que su plantón duró menos tiempo, y así quedaron aisladas las mujeres que se encontraban en el interior del edificio. Desafortunadamente ninguno de los grupos dejó de padecer la represión ejercida por la policía ni de sufrir vejaciones durante el tiempo que duró cada uno de los plantones.

Entre las particularidades de esta manifestación se rescatan las narrativas de las mujeres involucradas en el plantón dentro del Palacio de Gobierno y los documentos del archivo de la Asociación, que registran el hostigamiento constante a las mujeres que estaban en el edificio por parte la fuerza policial, a tal punto que al inicio del plantón no se les permitía usar los baños públicos del interior. Asimismo, las manifestantes narran cómo los policías en ocasiones no las dejaban dormir en la noche, por lo cual unas debían hacer guardia para que otras pudieran descansar, y no se les permitía recibir víveres y medicamentos del exterior. Incluso en diversas ocasiones les retiraron las pancartas y los recursos visuales que las manifestantes colocaban en la zona donde llevaban a cabo su plantón (entrevistas de Jorge Federico Eufracio Jaramillo a Lilia Ruiz Chávez, 31 de agosto de 2017, y de Sagrario Paredes Vargas a Yolanda Vázquez Briones, 14 de mayo de 2021).

Al persistir la negativa del ejecutivo estatal a entablar diálogo con la Asociación, las mujeres escalaron su plantón a una huelga de hambre. Esta duró poco más de una semana, ya que después de ese tiempo la de por sí deteriorada salud de las mujeres empeoró considerablemente y decidieron suspender la huelga, pero no levantar el plantón en el interior del Palacio de Gobierno.

Durante el plantón y la huelga de hambre, las mujeres aprovecharon para exponer ante los visitantes al recinto su lucha por medio de periódicos murales y trípticos, que ellas mismas elaboraron (Foto 2). Su repertorio de protesta en dicho acontecimiento no se limitó al plantón ni a la huelga de hambre, incluyó un proceso continuo de información de sus problemas a la sociedad, lo cual les dio la oportunidad de practicar la parte discursiva de su lucha.

Es importante señalar que si bien las manifestaciones en lugares públicos de la Asociación son la herramienta más mencionada de su repertorio de protesta, no es la única ni la más frecuente. Esto se debe a que la Asociación siempre ha elegido como primera opción de protesta usar los mecanismos formales de comunicación con las instituciones; en su archivo histórico hay centenares de oficios dirigidos a diversas instancias de gobierno con peticiones muy puntuales. Lamentablemente, en ocasiones sus demandas no son atendidas, e incluso ni recibidos sus oficios, por lo que deben emplear diferentes formas de manifestación como un instrumento más efectivo para que sean atendidas sus peticiones.

Mediante la lectura de oficios que se encuentran en dicho archivo se puede constatar que a mediados de la década de 2000 la Asociación incorporó en su discurso de lucha los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud. De esta manera, hizo propios y normalizó el uso de conceptos como víctima, revictimización y vulneración.

En esta tesitura, los integrantes de la Asociación se perciben a sí mismos como víctimas de la negligencia de las autoridades porque estas no tomaron medidas preventivas ante la presencia de hidrocarburos en los drenajes del Sector Reforma. También se sienten víctimas de las autoridades porque no han reconocido su responsabilidad política por su condición, que es consecuencia de las explosiones (Lilia Ruiz Chávez, 31 de enero de 2020). Es necesario profundizar en este último punto, ya que los miembros de la Asociación han identificado que las autoridades e instancias gubernamentales han utilizado diferentes mecanismos a través de los cuales los revictimizan constantemente en su lucha por el derecho a la salud, como discapacitados (Lilia Ruiz Chávez, 31 de enero de 2020).

En el caso de los miembros de la Asociación, su discurso emancipatorio en torno a los derechos humanos está vinculado a la falta de responsabilidad política de los gobiernos ante los sucesos antropogénicos de que se trata, y a que no se les reconoce como víctimas de esta categoría de fenómenos ni como personas en condición de discapacidad. Lo anterior tiene como resultado la falta de apropiación de los problemas sociales que se desprenden de estas situaciones, lo que a su vez provoca la revictimización de las personas que se encuentran en estas condiciones al relacionarse con ellas.

Cabe resaltar que para los miembros de la Asociación la condición de discapacidad y la manera como esta se trata es producto del discurso biomédico dominante en la sociedad, que limita los alcances de ella. En este discurso las discapacidades se ciñen a las dificultades que una persona tiene para realizar acciones puntuales atribuidas a la deficiencia o carencia de una parte de su cuerpo, mente o psique (OMS, 2020).

A pesar de los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ampliar el espectro de elementos que caracterizan la discapacidad para que incluya las limitaciones sensoriales, así como las implicaciones sociales de marginación que esta condición acarrea (OMS y OPS, 2021), ello todavía no representa un cambio sustancial en la concepción general que la sociedad tiene de la condición de discapacidad ni de las personas que la padecen. En este sentido, por medio del discurso que ha construido en torno a su lucha, la Asociación busca construir el reconocimiento de la multidimensionalidad de la condición de discapacidad, así como de sus implicaciones para el goce pleno del derecho a la salud.