Migración y vulnerabilidad en el Caribe: los casos de Cuba y Haití

En apariencia, resultaría más factible utilizar los términos «disfunción» y «marginación» para describir experiencias de desventaja sufridas por haitianos, en una historia en que han sido recurrentes las crisis políticas y ambientales. Sin embargo, ambos términos son útiles también para describir situaciones de desigualdad y vulnerabilidad acumuladas en Cuba durante las últimas décadas, toda vez que conceptualmente ellos refieren procesos disímiles de exclusión directa o indirecta de poblaciones que finalmente encuentran desarraigadas sus oportunidades de reproducción socioeconómica.

Por una parte, tanto la disfunción como la marginación (Sunkel, 1970) se pueden explicar en ambos contextos como resultantes de una heterogeneidad estructural sistémica, en la que existe un predominio de sectores productivos tradicionales, como áreas con mayor prevalencia de «tareas simples» (Sztulwark, 2020), que son incapaces de asimilar una creciente fuerza de trabajo. Y que, además, no permiten el ahorro necesario para la inversión en políticas públicas o estrategias económicas virtuosas que cambien tales desequilibrios.

Esa disfuncionalidad para el desarrollo (Sunkel, 1971; Nun, 2010) daña el acceso a activos y a estructuras necesario para la reproducción socioeconómica. Esto es, una vulnerabilidad social (Sánchez y Sauma, 2011) definida por la debilidad de activos y la extenuación de accesos a estructuras de oportunidades (Kaztman, 2001). Un vínculo social -desventajoso e inherente al desenvolvimiento periférico y heterogéneo- que no favorece el necesario intercambio material y simbólico para la reproducción social (Busso, 2011); y que no es suficiente para lograr la capacidad de movilizar recursos y utilizar el capital humano para activar estrategias (Esping-Andersen, 2008).

Así, la vulnerabilidad por disfuncionalidad para el desarrollo (Sunkel, 1970, 1971; Nun, 2010) es la incapacidad de acceder a esas estructuras de oportunidades. Una marginación vinculada al proceso sistémico que tiene lugar en esos contextos cuya consecuencia es una desigualdad que no se relaciona con la cuestión económica exclusivamente, sino que abarca otras dimensiones culturales y sociales.

La emigración que responde a esa vulnerabilidad por disfuncionalidad para el desarrollo es una secuela de condiciones desfavorables inherentes a las sociedades de origen. Y esa respuesta es una dispersión de tal vulnerabilidad al ámbito transnacional, toda vez que a través de la migración se intenta alcanzar nuevas estructuras de oportunidades para la reproducción social. En ese contexto transnacional, esa dispersión se agrava cuando se agregan circunstancias negativas que impiden una reinserción efectiva de los migrantes en otras sociedades.

De este modo, el enfoque DTV vincula expectativas de reproducción social con la superación de la desventaja en etapas de tránsito y asentamiento. Se enfoca, al mismo tiempo, en el tipo de interacción que sostienen los migrantes con diversas estructuras a lo largo del ciclo migratorio; y en cómo, por interacciones desfavorables, se reproducen condiciones de vulnerabilidad similares a las circunstancias de desventaja que enfrentaban en las sociedades de origen. Una interpretación importante derivada de ello es que cuando se constatan esas experiencias desventajosas la vulnerabilidad no desaparece con la migración, sino que se incrementa o varía. Esto último refiere cómo durante la migración hay riesgos y obstáculos que impiden o dificultan la reinserción exitosa en términos de acceso a activos y a estructuras diversas; y, no obstante, hay accesos desequilibrados a mercados laborales segmentados o ingresos bajos.

Si bien en el caso haitiano tal disfuncionalidad pervive endógenamente por una inextricable trama política -con dictaduras en distintas etapas, golpes de estado, violaciones a derechos humanos e invasiones militares de Estados Unidos (Bilbao, 2009; Sánchez, 2010; Nieto, 2014; Schwarz y Torre, 2020), se ha agravado por catástrofes naturales recientes como el terremoto de 2010 y ciclones (Burbano, 2017; Coello, 2019). No obstante, un factor principal para Louidor (2020), que determina la presencia de la migración como una alternativa, son los desequilibrios económicos que obstaculizan transformaciones sociales necesarias para eliminar la pobreza y la desigualdad. Para este autor, en esa circunstancia se reconoce la inefectividad e inestabilidad de políticas públicas, que no han sido competentes para promover el acceso equitativo a estructuras de oportunidades ni para fomentar el acceso a capitales diversos. Ello junto a un crecimiento demográfico importante sin inversiones en sectores como el agrícola -con bajo nivel de diversificación y de productividad por la desertificación y erosión de suelos- y sin un desarrollo industrial (Nieto, 2014). Sobre esto, una sugerencia interpretativa para estudios ulteriores sería valorar si estas peculiaridades monoproductivas y de ausencia de diversificación se relacionan con el sostenimiento de la producción agrícola de bajo dinamismo.

De forma desemejante, Cuba manifiesta la disfuncionalidad de sectores poblacionales con presencia de políticas públicas que facilitan el acceso a estructuras educativas y de cuidado y que fomentaron la formación de una fuerza de trabajo calificada y con niveles educativos medios. Esta es una inusual disfuncionalidad que se explica debido a una heterogeneidad estructural que es anterior al socialismo, y que fue soslayada, y hasta cierto punto profundizada, por un intercambio preferencial socialista que duró hasta 1989.

En este caso -de forma similar a lo ocurrido en Haití, aunque con un corolario similar-, las políticas productivas y de industrialización amparadas por el intercambio socialista preferencial no fueron capaces de promover la producción de bienes de mayor dinamismo y competitividad (Mañalich, 2004) en el mercado global. Se fortaleció, en cambio, la tradicional producción relacionada con bienes primarios -en especial la azucarera-, que no permitió una diversificación productiva ni el crecimiento en la innovación. Un escenario en el que también se fortaleció la dependencia del intercambio global, se redujo paulatinamente la capacidad de ahorro y, al mismo tiempo, se mantuvo un alto gasto social.

En el contexto de ese gasto social, desproporcionado para Vidal y Pons (2008: 92), la disminución paulatina de los subsidios y la asistencia social después de que desapareció el intercambio preferencial y la homogeneización de los ingresos incrementaron paulatinamente la pobreza y la vulnerabilidad (Espina-Prieto, 2009). En eso influyó una política de pleno empleo en el socialismo en sectores menos dinámicos, que proporcionan aún bajos ingresos. Estos últimos fueron insuficientes para el acceso a los distintos mercados de consumo en la isla. Y un resultado negativo de esas circunstancias ha sido la existencia de segmentos de población incapaces de realizar gastos más allá de los mercados subsidiados por el Estado (Togores, 2008).

Ante esas condiciones, la migración se convirtió en una alternativa de reproducción social y asumió un papel compensatorio frente a los efectos socioestructurales de tales distorsiones inherentes al sistema productivo cubano. Este papel compensatorio disminuye la presión sobre mercados laborales actuales incapaces de asimilar una fuerza de trabajo calificada. Una incapacidad que también se mantiene por la animosidad prevaleciente hacia alternativas de producción.

La inhabilidad de la economía cubana de incorporar a recursos humanos calificados en sus sectores más dinámicos favorece la exposición de ellos a una limitación relativa del consumo (Fresneda y Delgado, 2013). La prevalencia de bajos ingresos determina un carácter marginal y disfuncional de esa población aunque reciba ingresos indirectos a través de las políticas públicas. Esta es, al mismo tiempo, una condición de vulnerabilidad, no frecuente en la región, cuando esos bajos ingresos se enfrentan a mercados endógenos de bienes de consumo con precios internacionales (Nova, 2008).

Tanto en el caso de Haití como en el de Cuba, entonces, es la disfuncionalidad directa o relativa de segmentos poblacionales -en tanto los mercados laborales son incapaces de asimilarlos- la que fortalece la estrategia migratoria como alternativa de reproducción social. Esta tesis es de una importancia hermenéutica sustantiva para evitar explicaciones unidimensionales y homogéneas sobre la migración, entendidas en ocasiones como resultantes de catástrofes naturales, en el caso haitiano; o como consecuencia de un conflicto político o crisis económicas, en el caso cubano. Esta última interpretación, además, coadyuva a que las estrategias políticas prevalecientes en ambos países se apropien del adeudo histórico con sus migrantes, desechando de ese modo paráfrasis no del todo congruentes sobre la causalidad detrás de la emigración.

Al incluir otros elementos de análisis que van más allá de los ingresos y el acceso a mercados laborales, la DTV da cuenta de ejes analíticos útiles para comprender la migración en sus distintas etapas: origen, tránsito, asentamiento. Las que componen el ciclo migratorio y en las que pueden ocurrir políticas de protección y atención ineficientes, la prevalencia de estigmas sociales y culturales, la subvaloración de la calificación laboral, la desprotección consular o jurídica y la exposición a riesgos como la violencia de género, el crimen organizado y el tráfico de personas o agresiones diversas. En adelante, entonces, se dará cuenta de estudios empíricos sobre ambas migraciones, donde se abordan los distintos escenarios que enfrentan los migrantes haitianos y cubanos en su tránsito por Latinoamérica.

La incertidumbre que experimentan los haitianos se extiende en el tránsito y en emergentes asentamientos en la región. No obstante acciones humanitarias dirigidas a esta migración después del terremoto de 2010 (Burbano, 2017; Coello, 2019), esta movilidad hacia países latinoamericanos ha confrontado políticas de atención y migratorias ineficaces para facilitar accesos equilibrados a estructuras de educación y de salud, así como laborales con ingresos suficientes.

Una peculiaridad que resalta de esas políticas es la racialización, como una tipología de exclusión presente desde las primeras etapas de la migración haitiana (Ferrer, 2003). Según Nieto (2014), Ceja (2014), Rojas et al. (2016, 2017), Burbano (2017), Martínez y Dutra (2018), Moreno-Mena (2019), Schwarz (2020), Louidor (2020), Stang et al. (2020) y Alarcón y Ortiz (2021), esta racialización ha configurado el tránsito indocumentado a través de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México y varias naciones de Centroamérica, toda vez que este estigma cultural ha estado presente en el diseño de políticas de restricción de esa migración, detrás de los escenarios de precarización laboral y educativa (OIM, 2017; Burbano, 2017) y en la ausencia de iniciativas que faciliten la reinserción de migrantes con fragilidad de recursos enfrentados a un desamparo equiparable a aquel en que sobrevivían en su sociedad de origen (García y Medeiros, 2019).

En estas experiencias de vulnerabilidad influyen los desequilibrios inherentes a las sociedades de acogida. Coello (2019), analizando el mismo caso, argumenta que existe un desencuentro entre la gobernabilidad de lógica nacional y el carácter transnacional de la migración. Desencuentro que subsiste en el trasfondo de políticas migratorias restrictivas que fortalecen la exclusión y la segregación, como acciones de especial relevancia en las fronteras y que consolidan el carácter marginal y disfuncional de esta migración.

Este fenómeno es observable en el caso de República Dominicana, donde mediante la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13, que buscó proteger la identidad nacional al limitar con carácter retroactivo el derecho a nacionalidad de haitianos (Burbano, 2017; Rojas et al., 2017; Schwarz-Coulange, 2018; Louidor, 2020), se restringió institucionalmente la posibilidad de acceder a diferentes estructuras y el amparo jurídico. La privación de los derechos a la ciudadanía agrava la desventaja de estos migrantes en República Dominicana, en especial a los obligados a retornar a Haití sin haber nacido o vivido allí durante años (Schwarz-Coulange et al., 2020). Al respecto, es sustantivo analizar si estas disposiciones restrictivas e institucionalizadas en República Dominicana en la segunda década del presente siglo influyeron en la reorientación del flujo migratorio haitiano hacia otros destinos.

También en Brasil se registró, después de 2012, un trato ambivalente en materia de política migratoria cuando el carácter humanitario de esta migración impidió el uso de la categoría de refugiado y del recurso de deportación, al mismo tiempo que se establecieron estrategias de contención como la solicitud de visados en terceros países (Louidor, 2020). Este uso y recurso fue puesto en práctica en naciones como Perú y Ecuador, según Burbano (2017) y Berganza (2017). También en Chile, según Rojas et al. (2017), donde coexiste una institucionalidad migratoria informal que desplaza el control fronterizo a terceros países demandando requisitos institucionales y solvencia económica y que facilitó el rechazo de un número considerable de haitianos que solicitaron refugio en la nación del sur en 2012. Para Stang et al. (2020) esto es evidencia de un carácter restrictivo y expulsor en la gobernabilidad migratoria del mismo país, que además incluyó procesos de deportación no voluntarios a través del denominado Plan Retorno (Lepe, 2018).

Según Trabalón (2019), esta restricción fronteriza hacia los haitianos en Argentina se basa en una construcción social sostenida con criterios raciales. Y esto refuerza una clasificación excluyente dentro de un discurso humanitario, según Domenech (2020), en un contexto donde la opinión pública percibe a estos migrantes como problemas y como «usuarios ilegítimos de los servicios proporcionados por el Estado» (Trabalón, 2021).

Por otra parte, la reinserción de los migrantes haitianos en espacios laborales y educativos en distintos países latinoamericanos no ha estado exenta de dificultades que refuerzan el carácter vulnerable y disfuncional. De acuerdo con la perspectiva de Latortue (1985), esto último se ha manifestado históricamente en República Dominicana con la existencia de contratos desfavorables por la condición de ilegalidad, con bajos ingresos. Más recientemente, y sobre el mismo caso, Canales et al. (2010), Landry (2013) y Alarcón y Ortiz (2021) argumentan que aunque la participación económica de la migración haitiana muestra tasas superiores al promedio nacional, está expuesta a situaciones de vulnerabilidad por la baja escolaridad, menor calificación, precarización y exclusión laboral; y el empleo en actividades agrícolas, de construcción, comercio y servicio doméstico en el caso de las haitianas en República Dominicana.

En lo relativo a la exclusión laboral, a pesar de que en 2014 en la Declaración de Brasil se acordó fortalecer un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe,² en realidad los haitianos sufren de un déficit de acceso a estructuras laborales y educativas en la región. Esto frustra las expectativas de estos migrantes de encontrar oportunidades laborales y educativas en Ecuador (Burbano, 2017). Sobre todo cuando encuentran dificultades para su regularización, ausencia de protección legal o la imposibilidad de poner en práctica su capital cultural (Rojas et al., 2017), lo que agrava un contexto de discriminación y xenofobia (Madriaga, 2019; Campos-Bustos, 2022).

En Chile esa exclusión se manifiesta con el empleo de haitianos en los servicios, la construcción y el aseo doméstico, con salarios mínimos la mayoría de las veces (Rodríguez y Gissi, 2020). Una «racialización de la desigualdad», según Canales (2019), cuando se clasifica esa migración como de inmigrantes por provenir de países de menor desarrollo, y que los excluye en los deficientes accesos educativos que logran (Pavez et al., 2019). Realidad que es eludida por discursos de inclusión que omiten las malas remuneraciones, la descalificación y la explotación laboral, fortaleciendo así el carácter provisorio y temporal del asentamiento en Chile (Rojas et al., 2016). Al respecto, Bustamante (2017) argumenta que la vulnerabilidad experimentada en Haití se replica en Chile con una inestabilidad económica recurrente; con escasas oportunidades de empleo, que son facilitadas mayormente por familiares y amigos; con relaciones contractuales informales y enfrentando desigualdades definidas en relaciones de racismo. Estas desigualdades fomentan la sobrerrepresentación del empleo de la mujer haitiana en el trabajo doméstico (Handerson y Rose-Myrlie, 2015).

La respuesta de los migrantes haitianos a estos obstáculos para la reproducción social ha sido, por una parte, la elaboración de estrategias propias de organización y activación de redes (Romero, 2017). Sobre todo para lograr espacios de interlocución política, y mayormente en países como Ecuador y Chile (Berganza, 2017; Dorsainvil, 2019; Avilez, 2020). Por otra, la articulación de redes para evadir riesgos en el espacio transnacional (Nieto, 2014), como activos basados en relaciones de confianza y reciprocidad sostenidas por medios de comunicación (Castro, 2019) y financiadas desde Puerto Príncipe y Estados Unidos principalmente. Redes que han facilitado la adaptación del tránsito de los migrantes hacia otros destinos, como lo demuestran los casos de las recientes caravanas migrantes (Torre y Mariscal, 2020).

Una tercera estrategia elaborada por esta migración haitiana hacia distintas latitudes del Sur y frente a la vulnerabilidad, la exclusión y la marginación ha sido la continuidad del ciclo migratorio hacia Estados Unidos. Una opción que se valida frente a la condición de irregularidad que impide una reinserción social, legal y económica, como lo exponen López y Wessel (2017) en el caso de Ecuador. Tránsito que se realiza con un desamparo jurídico e institucional no obstante diversos esfuerzos de la sociedad civil y la emisión de permisos temporales para darles legitimidad y refugio a estos migrantes (Alarcón y Ortiz, 2017).

Por otra parte, en el caso de la migración cubana reciente también se observa una DTV con similitudes y diferencias respecto al caso haitiano. En cuanto a las similitudes, están los límites para su reinserción en esas sociedades -con empleos precarios, bajos ingresos, estigmas culturales y raciales-, situaciones en las cuales se fortalece un tránsito indocumentado por diferentes naciones y orientado hacia Estados Unidos. Por otro lado, en cuanto a las diferencias principales respecto al caso haitiano, esta migración tiene un relativamente alto componente de migrantes calificados y muchas veces es interpretada como un éxodo político.

Esa particular interpretación esconde la complejidad detrás de recientes éxodos de cubanos a diversas latitudes latinoamericanas, cuando se atribuyen a causas políticas o exclusivamente económicas como desencadenantes de estos flujos. No obstante, como ya se explicó, esta migración surge de una vulnerabilidad sui generis donde un mercado laboral centralizado y extenuado sostiene un estrés sistémico sufrido por una población marginal y disfuncional con bajos ingresos a pesar de ingresos indirectos contenidos en las políticas públicas.

Se extiende así una subjetividad proclive a migrar cuando los espacios de reproducción social en el socialismo se interpretan colectivamente como extenuados y débiles. En esa subjetividad influyen transferencias culturales que acreditan otros escenarios transnacionales de consumo, interpretados como más eficaces. Frente a estas peculiaridades, el conflicto con Estados Unidos es una variable paralela y abstracta respecto a las causas de esta emigración reciente no obstante que es un acicate relevante, toda vez que históricamente ha simplificado el asentamiento de cubanos en esa nación como parte del mismo desencuentro.

Otro inconveniente de explicaciones unidireccionales sobre la migración cubana, y del sobreúso del factor político como explicación formal, es que homogeneiza los distintos caminos que toma esa migración. Rutas donde los cubanos enfrentan diferentes riesgos y múltiples exclusiones en su intento de reinsertarse en nuevas estructuras de oportunidades. Particularmente en el caso latinoamericano, tales riesgos y exclusiones están relacionados con una relativa fragmentación de esta migración que no facilita la interlocución con políticas públicas o la defensa de sus derechos; con un acceso precario a mercados laborales donde existen experiencias de denegación de la calificación ostentada por estos migrantes y prácticas de explotación laboral; con la exposición a violencia de género, el crimen organizado, la violación de sus derechos y el tráfico de personas. Justamente frente a esos fenómenos, la animosidad política y el rigor migratorio desde el país de origen hacia esos migrantes -lo que paradójicamente es un intento de salvaguardar esos recursos humanos- amplía la vulnerabilidad del éxodo, toda vez que su representación política está determinada por el mismo conflicto.

No obstante, en estas rutas de la migración cubana hacia el Sur latinoamericano se configuran nuevos asentamientos en países como México, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, según Aja et al. (2017). Pero esta migración también involucra flujos de profesionales que buscan insertarse provisionalmente en otras economías, incluso en los marcos de las relaciones internacionales de la isla (Siqueira y Gomes, 2019; Solano, 2019; Pérez-García, 2020), y al mismo tiempo hay un tránsito indocumentado por países como Colombia, Centroamérica y México en el intento de llegar a Estados Unidos.

De forma análoga a lo que ocurre con la migración haitiana hacia el Sur, la sobrerrepresentación del tránsito indocumentado en este flujo cubano desafía las políticas migratorias, que en no pocos casos responden con una gestión restrictiva. Este tránsito migratorio indocumentado lo ha causado la frustración que para los migrantes ha significado una reinserción desventajosa en algunos de los países mencionados. También, por excepciones migratorias en distintas etapas y en países como Ecuador (2008-2012), Nicaragua (2008 y 2021) y Panamá (2018), que posteriormente fueron reemplazadas por políticas migratorias restrictivas (Cortez, 2016; Brismat, 2016; Kudeyárova, 2017; Clot y Martínez, 2018; Orozco, 2019; Hernández y Ramos, 2021).

Con la crisis de 2015, al cerrar Nicaragua sus fronteras a la entrada de migrantes cubanos, fue más nítido el carácter restrictivo de las políticas migratorias que enfrentó este flujo en la región. Al percibirse institucional y públicamente como un problema, la exclusión y el uso de la expulsión fueron validados, a pesar de medidas humanitarias como el otorgamiento de visas provisionales. Como una solución a esta crisis, los cubanos fueron deportados «humanitariamente» a México y detenidos en numerosas ocasiones en Turbo, Colombia, país donde se les negó el recurso de solicitar refugio (Ocampo y Arboleda, 2016) y adonde arribaron miles de cubanos en tránsito provenientes de Guyana (Almeida, 2018).

En Ecuador el número de inmigrantes cubanos creció entre 2008 y 2012, según Correa (2013), como una población económicamente activa y con calificaciones. No obstante, según el mismo autor, esta fuerza de trabajo experimentó un acceso informal a mercados laborales con bajos ingresos y experiencias adversas e inseguras. Experiencias negativas favorecidas por impedimentos para legalizar el estatus en el país y evitar la condición de irregularidad, y ampliadas por vivencias relacionadas con extorsiones, detenciones arbitrarias y deportaciones, como las amparadas en la Operación Identidad, según Correa (2013, 2020).

En el mismo país, los cubanos enfrentaron solicitudes innecesarias de documentos para dificultar el acceso a la regularización, la negativa de acceder a servicios notariales y la censura para registrar títulos profesionales en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Ágreda, 2015). La estigmatización, el rechazo y las prácticas xenofóbicas basadas en aspectos culturales y nacionales fueron palpables para esta migración en ciudades como Quito y Guayaquil (Defensoría del Pueblo, 2010; Correa, 2013; Feline et al., 2018). Dificultades que en su conjunto cambiaron la percepción sobre Ecuador de país de asentamiento a país de tránsito.

En Chile los cubanos también fueron sujetos a prácticas de contención en la frontera, donde el acceso de estos inmigrantes se niega habitualmente, junto con la posibilidad de calificar como refugiados (Liberona et al., 2021). Debido a ello, la irregularidad es una condición frecuente de estos migrantes, que más recientemente han asumido esta nación como territorio de tránsito (Riquelme y Tapia, 2020).

Precisamente ese tránsito indocumentado de cubanos es parte de la crisis migratoria que enfrentan Centroamérica y México, con incrementos notables de tráfico humano y violación de derechos (Polo et al., 2019) en diferentes escenarios transfronterizos. En especial en la selva del Darién, donde los migrantes son asesinados, robados o sufren violaciones sexuales (Weck, 2021); o, en cambio, mueren como resultado de enfermedades o eventos naturales.

En esta crisis migratoria reciente se reitera el sesgo restrictivo de las políticas migratorias de los países involucrados hacia la migración indocumentada, a pesar de programas humanitarios de escaso alcance (González y Hernández, 2017). En estas políticas ha crecido paulatinamente el uso de la deportación como paliativo a la aglomeración de cubanos en esas latitudes (Macías, 2022). No obstante, han existido excepciones como la de Panamá -y Nicaragua más recientemente, en 2021-, que por un breve periodo permitió viajar a los nacionales de la isla sin visado, con fines comerciales. Estrategia amparada en los eventuales rendimientos que posibilitan tanto el déficit comercial endógeno en la isla como la potencial acumulación de divisas de esta población por las remesas.

No obstante, la vigencia del sesgo restrictivo hacia la migración cubana indocumentada es palpable en aquellos países centroamericanos que configuran corredores geográficos de la ruta hacia Estados Unidos. Esto fue evidente en 2015, cuando el cierre de las fronteras de Nicaragua (Orozco, 2019; Miranda y Silva, 2022) a esta migración irregular aglomeró alrededor de ocho mil cubanos en Costa Rica (Villalobos, 2017; Moreno, 2019), país que intentó hallar una solución regional en el marco del Sistema de Integración Centroamericano sin éxito, toda vez que esa propuesta fue rechazada porque entrañaba, según los países involucrados, un riesgo para la integración regional (Stein, 2020).

Lejos de aprovechar la oportunidad para elaborar estrategias comunes y regionales para un fenómeno transnacional que involucra migraciones de diferentes países -incluidos algunos del Sistema de Integración mencionado, como Belice y Guatemala (Villafuerte y García, 2016)-, Costa Rica se vio forzada entonces a encontrar un procedimiento para disminuir la crisis migratoria en su territorio, que implicaba el no reconocimiento de los migrantes como refugiados, el cierre de sus fronteras en 2016 por incapacidad para proveer apoyo suficiente, el uso de la deportación y el traslado de parte de esa migración a México (Villalobos, 2017) a través de vuelos humanitarios.

En respuesta a estas características que regionalmente afrontan las migraciones de cubanos y haitianos en el subcontinente latinoamericano, y ante la ausencia de una gestión migratoria regional concertada y sistematizada, también se ha configurado un ciclo migratorio extenso, que involucra varias naciones y en el cual una determinante principal es la condición de indocumentados e irregulares durante ese tránsito.

Este es un escenario que se ha agravado durante la pandemia de covid-19. Lapso comprendido entre 2019 y 2022, en el cual la vulnerabilidad de los migrantes creció no solo por su potencial exposición a esta enfermedad sino también porque la disfuncionalidad inherente a sociedades de origen y la marginación experimentada en sociedades de acogida se acrecentaron a raíz del estancamiento económico que ha causado esa enfermedad a nivel global. Tan infausto lapso multiplicó la participación en la migración de sectores vulnerables y disfuncionales desde estos países, y al mismo tiempo suscitó una continuidad de la migración a Estados Unidos de marginados y excluidos en naciones antes avizoradas como de asentamiento por los propios migrantes, como Ecuador, Chile y Brasil, en ambas migraciones. De ese modo se amplificó, también durante la pandemia mencionada, una presión migratoria sobre México, país que figura como antesala geográfica del principal destino de estas migraciones y que ha tenido que adaptarse sobre la marcha a la tensión que simboliza el arribo de miles de migrantes, también organizados en caravanas, frente a la férrea política migratoria de no aceptación enarbolada por Estados Unidos.

En la actualidad México experimenta una transición del carácter histórico de país origen de migraciones a una sociedad receptora de flujos provenientes de distintos lugares. Entre los factores que potencian este cambio están el protagonismo regional y el ascenso económico de esta nación; pero, al mismo tiempo, su cercanía geográfica con el principal destino de las migraciones de América Latina y el Caribe.

Como ya se mencionó, esta transición se ha visto supeditada en los últimos años a una crisis migratoria agravada por la pandemia de covid-19, pero delineada desde antes por una gestión migratoria restrictiva en el ámbito regional latinoamericano, que ha favorecido indirectamente el tránsito indocumentado de migrantes marginados y disfuncionales a los desequilibrios endógenos de otras sociedades. También, en el otro extremo fronterizo, la misma crisis migratoria en México se ha intensificado por la restricción de entrada a los migrantes.

Esta combinación de factores ha propiciado respuestas contrapuestas en la política migratoria mexicana: desde ejercicios altruistas como el otorgamiento de permisos especiales y visas humanitarias para el libre tránsito de migrantes por territorio mexicano y el otorgamiento de la condición de refugio hasta el uso de la deportación masiva y la contención de la migración con instituciones castrenses. Sobre todo después de 2018, cuando las caravanas de miles de migrantes propiciaron que el gobierno de Estados Unidos presionara a las instituciones mexicanas para que resguardaran las fronteras.

Aunque el tratamiento de México a los migrantes difiere respecto al que les dan otros países de la región y el predominio de un discurso humanista y comprensivo, tal y como sucede regionalmente, existen insuficiencias importantes en cuanto al fortalecimiento de la interlocución con los migrantes indocumentados, su atención y la organización institucional. Esto permite de modo indirecto una reproducción de la vulnerabilidad, que se constata con la incertidumbre para acceder al trabajo, la educación y estructuras de salud por el carácter temporal de los documentos migratorios (Montoya y Sandoval, 2019).

A lo anterior se le suma una representación social sobre los migrantes como una amenaza contra la pobreza nacional, que descontextualiza la figura del refugiado como alguien dependiente del Estado (Torre, 2019). En contraposición a la ayuda proporcionada por múltiples organizaciones de la sociedad civil mexicana, subsiste una vulnerabilidad de los migrantes haitianos que se sustenta en francas desventajas sociales y la existencia de riesgos. También, pervive un déficit cognoscitivo sobre cuáles son sus expectativas de integración como comunidad en el país, al no poder cruzar a Estados Unidos y después de un largo tránsito con experiencias y vivencias de riesgo e incertidumbre (Moreno, 2019).

Precisamente para evitar anteriores experiencias riesgosas, la emigración haitiana marcha organizadamente, en grupos o en familias, comunicándose entre sí sobre las rutas menos arriesgadas, aprovechando ocasionalmente los beneficios de la legislación migratoria. El proceso de reinserción en la sociedad mexicana es paulatino, con obstáculos importantes en cuanto al lenguaje y ocasionales prejuicios culturales y sobre su raza. No obstante, se registran asentamientos importantes sobre todo en el norte del país como resultado de la larga espera de cruce fronterizo, donde también condiciones de hacinamiento, mala alimentación, ausencia de lugares adecuados para vivir, la desprotección consular e institucional, mala calidad de vida y el desempleo inciden en situaciones de depresión e incertidumbre (De Alba, 2018). El reto más importante para la legislación migratoria es la regularización de estos asentamientos de haitianos en el norte de México. A futuro, estos nuevos asentamientos también suponen intercambios transnacionales, culturales, sociales, familiares y de divisas en variados sentidos, que involucran a Estados Unidos, Haití y el país receptor y suponen una reconfiguración del espacio transfronterizo.

En otro sentido, en el caso de la migración cubana en tránsito por México, aunque existen similitudes importantes respecto a la haitiana, como la derivación de ese tránsito en ocasiones desde otras latitudes donde previamente se intentó la reinserción, la exposición a riesgos y el hecho de que el destino principal de estas migraciones sea Estados Unidos, también concurren diferencias notables. Entre ellas que este flujo irregular tiene antecedentes en una migración regular a México, que es más extendida en el tiempo aunque fragmentada y desarticulada, heterogénea y sin organizaciones representativas, y con expectativas de reinserción disímiles en la sociedad mexicana.

Estos antecedentes le permiten reconocer, por una parte, mecanismos regulatorios previamente establecidos en la legislación mexicana aplicables en el escenario más reciente de crisis al tránsito irregular, como es el caso de la deportación. Por otra, percepciones generalizadas sobre el migrante proveniente de Cuba que influyen en su estancia, reinserción o tránsito, como se verá más adelante.

No obstante, en los últimos años ha existido un incremento de la migración irregular cubana en tránsito por México. Lo que ha cambiado el panorama tradicional desde: 1) una migración calificada (García, 2019), que se amplió durante la primera mitad del siglo XX (Martínez, 2016) y se apoyó en los beneficios de políticas mexicanas educativas y de trabajo, aunque no siempre encontraba reinserciones balanceadas debido a prejuicios culturales y raciales (Gutiérrez, 2017), y 2) una migración temporal dirigida principalmente a ciudades como Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán, y la Ciudad de México, restringida por el covid-19, con fines comerciales y de consumo e importantes derramas en las economías de esas ciudades.

Esta migración irregular cubana es la que ha estado más expuesta a situaciones de vulnerabilidad en México, entre ellas la falta de representación consular, las extorsiones del crimen organizado (Sprauer, 2018), la exposición a redes de tráfico humano y en ocasiones a la coacción de representantes institucionales cuando estos migrantes son amenazados con la deportación (Nájera, 2016; Cordero y Jara, 2021). Según Clot y Martínez (2018), estos migrantes indocumentados enfrentan diferentes situaciones de vulnerabilidad cuando viajan endeudados, sin activos porque han sido utilizados para financiar la migración, no obstante que se les percibe como una migración con capitales importantes.

Por la misma política restrictiva aplicada a los haitianos, en los últimos años se ha producido una aglomeración de cubanos en las fronteras de México. Esto ha significado la aplicación de medidas limitantes a este tránsito basadas en la seguridad y el resguardo fronterizo (Basurto, 2021; Cuevas y Aguiluz, 2022); con el uso de la deportación como recurso de contención inmigratoria (Hernández y Ramos, 2021).

Como en el caso de los haitianos, este escenario adverso favorece la exposición de los cubanos a una variedad de amenazas en la etapa final de la trayectoria, que incluyen la desprotección, la ausencia de recursos y debilitados contactos oficiales, con respuestas informales para sobrevivir que están lejos del acceso financiero y a estructuras de cuidado o de trabajo. En esa situación de vulnerabilidad, violaciones, secuestros y extorsiones no se reportan regularmente (Carrasco, 2013).

Además, esta migración irregular encuentra una animosidad pública que se manifiesta en el acceso desigual a la renta de lugares donde transita, la subida de precios de artículos de consumo diario y del transporte (Hernández y Ramos, 2021). En Tapachula, los migrantes cubanos deben pagar los servicios en dólares (Hernández y Ramos, 2021: 89), y allí se manifiesta un prejuicio hacia la mujer cubana que refuerza el acceso informal a trabajos como modelos, bailarinas o acompañantes, a pesar de que ostentan títulos profesionales en ocasiones (Kuhner, 2016; Hernández y Ramos, 2021). También, en general, son contratados como mano de obra barata (Vázquez y Morales, 2021; Hernández y Ramos, 2021).

Por último, en apariencia México se ha convertido en la etapa final para muchos cubanos y cubanas que persiguen llegar a Estados Unidos. Esto fue más visible durante el gobierno de Donald Trump, cuando la política migratoria de aquel país fue consistente con el intento de Barack Obama de regularizar la inmigración cubana en Estados Unidos. No obstante, existe cierta permeabilidad en la frontera bajo el gobierno de Joe Biden, que continúa atrayendo a más cubanos que transitan irregularmente a través de México. Esto supone una reiteración de circunstancias de desventaja para la migración cubana por este país, sustentada en el aislamiento en términos de su representación consular y en lo relativo a su exposición a medidas restrictivas. Escenario frente al cual algunos migrantes han aprovechado los beneficios de la política migratoria mexicana para facilitar una ineluctable reinserción en la sociedad, ante la imposibilidad de continuar su tránsito a Estados Unidos.