La política migrante en la política local. Asociaciones y partidos durante la pandemia covid-19 en La Plata, Argentina

En los últimos años diferentes investigadores problematizaron las tensiones que se producen entre los mecanismos de control y gobierno de la movilidad humana y los múltiples modos en que las personas y los grupos los desafían (Papadopoulos et al., 2008; Mezzadra, 2012; De Genova et al., 2015; Mezzadra y Neilson, 2016; Cordero et al., 2019). En este marco de preocupaciones, quienes adscriben la perspectiva denominada autonomía de las migraciones buscaron comprender las nuevas formas de subjetividad y agencia política migrante (Cordero-Díaz y Cabrera-García, 2016; Cordero et al., 2019; Casas-Cortés y Cobarrubias, 2020). En términos teóricos, caracterizaron el movimiento poblacional como un exceso que no puede ser reducido a los códigos del Estado y el capital (Mezzadra, 2012), lo que lo instituye como un acto político en sí mismo (Mitropoulos, 2011). Los desplazamientos, así, se conciben como fuerzas constituyentes que preceden a las formas de producción y sujeción política y las transforman (Papadopoulos et al., 2008). Como contraparte, las técnicas y tecnologías de control se entienden como mecanismos de captura de las prácticas de fuga y de desobediencia de los migrantes (Cordero et al., 2019).

Los autores que sostienen esta perspectiva pusieron especial énfasis en dar visibilidad a las disputas que emergen en contra de estos dispositivos. Señalaron que a pesar de estar inscritas en las relaciones de poder que configuran el Estado y el capital, las prácticas de los migrantes no se encuentran totalmente subsumidas a sus parámetros: de ahí su autonomía. En este sentido, proponen que las luchas migrantes -en las cuales actores que no son formalmente reconocidos se posicionan como sujetos de derecho, rechazando el estatus que les atribuye el Estado- ponen en crisis los mecanismos excluyentes que fundamentan el orden nacional y la soberanía estatal (Balibar, 2012; Papadopoulos y Tsianos, 2013; Caraus, 2018). De este modo, observan que quienes las protagonizan no buscan integrarse en un marco legal y político ya existente, sino que el aspecto más relevante de su intervención es el cuestionamiento del concepto de «extranjería» y su oposición a los modos hegemónicos de gestión del movimiento poblacional (Varela-Huerta, 2015).

En Argentina, siguiendo este enfoque, se realizaron cuestionamientos a las limitaciones a la perspectiva de derechos humanos que poseen las políticas migratorias nacionales del siglo XXI (Domenech, 2020). También, diferentes estudios analizaron la conformación de colectivos y alianzas que buscaron rechazar el giro restrictivo de la política migratoria desarrollada por el gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019). Señalaron que estos agrupamientos cuestionaron la articulación entre nacionalidad y ciudadanía a través de diferentes estrategias de manifestación y de la recuperación de consignas de movimientos situados en el Norte global (Gavazzo, 2018; Rho, 2020).

Sin embargo, si situamos el foco en las modalidades de organización y movilización concretas que vienen llevando adelante los migrantes en las últimas décadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, podemos observar que solo una pequeña porción de los conflictos que tienen como protagonistas se desarrollan siguiendo estos principios. Por el contrario, mientras que la autonomía de las migraciones prioriza las manifestaciones contra el régimen de nacionalidad-ciudadanía que cuestionan su existencia, es necesario reconocer otros conflictos que se emprenden por él, buscando transformar el lugar social de los extranjeros en los contextos de recepción, ampliando así sus derechos o la efectivización de ellos.

Aun cuando la politización de la cuestión migratoria adquiera características específicas en un contexto de globalización de las migraciones (Castles y Miller, 2010), más allá (o más acá) del impacto transnacional de esa politización (Vertovec, 1999; Itzigsohn, 2009), la participación política migrante no se da, sino en tanto proyecto, de cara a una sociedad civil global o transnacional extraestatal. Con excepción de la pregnancia que puedan tener algunos discursos globales sintetizados en consignas como No chains o No human is illegal, las organizaciones sociales de migrantes operan de cara a esferas públicas nacionales, que en ocasiones involucran simultáneamente a los Estados de procedencia y de recepción (Portes y Fernández-Kelly, 2015). Ello recuerda la conclusión de Koopmans y Statham de que «la ciudadanía nacional da forma al transnacionalismo» (2001: 95) o la propuesta más general de Bauböck de que la política transnacional depende de la política nacional (Bauböck, 2003).

En estas luchas los partidos políticos se constituyen como interlocutores relevantes. Luego de la crisis de 2001, y especialmente a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, en Argentina se desarrolló un proceso de reconstrucción parcial de la legitimidad estatal que modificó las formas de relación entre las organizaciones y los movimientos sociales y las instituciones estatales, lo que situó a estas últimas (y sus mediaciones políticas) en un lugar central (Svampa, 2011; Retamozo, 2011). Si bien las configuraciones hegemónicas son dinámicas y se han ido transformando a lo largo de los años, la consolidación de una polarización social y política de un bipartidismo renovado (Monestier y Vommaro, 2021) a partir de la década de 2010 da cuenta de la centralidad del sistema de partidos en la organización de la conflictividad social, al menos hasta la pandemia de covid-19.

En la bibliografía internacional, la importancia económica, política y cultural de la politización migrante se ha interrogado tempranamente en países de larga tradición migratoria, como Argentina (Devoto y Míguez, 1990; Fernández, 1992), aunque en general los estudios han limitado sus preguntas al papel de las organizaciones de migrantes en los procesos de integración (Pries y Sezgin, 2012). A inicios del presente siglo ha despertado creciente interés el involucramiento de asociaciones de migrantes no solo en actividades de servicios, culturales y religiosas, sino también en las de cabildeo e incluso de protesta y reclamo (Flam y Lloyd, 2008; Sezgin, 2008).

En este marco se ha interrogado el perfil y la orientación ideológica de las organizaciones de inmigrantes en relación con la posición de clase y el nivel económico de sus miembros: asociaciones más étnicas y comunitaristas o asociaciones más universalistas y progresistas.² También se ha indagado la incidencia que tiene en el perfil de las asociaciones su vínculo con organizaciones de base de la sociedad de residencia, como las sindicales (Ness, 2005). Respecto a las redes y las relaciones organizacionales, Dumont (2008) mostró que las organizaciones de migrantes difieren entre promocionar una identidad de clase o una nacional según que sus vínculos estén mejor aceitados con organizaciones sindicales o de derechos del lugar de residencia, o bien con dependencias estatales de su país de origen. Respecto de las asociaciones no ya de sino para migrantes (Caggiano, 2019), diferentes estudios han mostrado cómo los vínculos con organizaciones transnacionales o con organismos de Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones, influyen en el diseño de un temario global (Kalm, 2008; Pries et al., 2012; Mansur-Dias, 2014).

En estos antecedentes, que abordaron distintas aristas de la politización de la experiencia migrante, en general, y de las asociaciones de migrantes, en particular, no se ha reparado lo suficiente en cómo los vínculos de estas asociaciones con facciones políticas partidarias configuran las condiciones de posibilidad de esa politización, ofreciéndole tanto oportunidades como límites. El trabajo de Halpern (2009) sobre la conformación en Argentina de colectivos de paraguayos disidentes del partido colorado o militantes de izquierda revolucionaria, exiliados de su país por la persecución del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), constituye una excepción. Los datos que presentamos a continuación confirman la centralidad del ámbito partidario local y nacional en el proceso de politización migrante.

La llegada de senegaleses a la Argentina comienza en la década de 1990 y se incrementa desde 2000. Dado que Argentina no tiene representación consular en Senegal desde la crisis de 2001-2002, es imposible tramitar una visa en el país de origen. El ingreso se realiza generalmente de manera irregular vía terrestre, previo paso por Brasil, Ecuador, Paraguay o Bolivia, lo cual deja a los migrantes en una situación que les impide iniciar trámites de radicación y obtención de documentación legal (Espiro y Zubrzycki, 2013).

Los senegaleses -mayoritariamente del grupo étnico wolof- llegan a la ciudad de La Plata a mediados de la década de 2000. Son un grupo reducido, de menos de doscientas cincuenta personas, pero en crecimiento constante hasta 2019,³ según las estimaciones disponibles (Espiro y Zubrzycki, 2013; Espiro y Voscoboinik, 2017), y particularmente visible por desarrollar sus actividades laborales en la vía pública, en lugares de alta circulación. La principal ocupación entre los varones, que en La Plata constituyen 98 % del total (varios autores, 2020), es la venta ambulante de bijouterie, accesorios y artículos de comercialización estacional. Sin Documento Nacional de Identidad (DNI) y con dificultades idiomáticas, el autoempleo en la venta callejera aparece como una de las pocas alternativas laborales viables.

Una única organización social, la Asociación Senegalesa de La Plata, reúne sus acciones colectivas en los últimos años. La primera reunión organizativa tuvo lugar en 2014. Con el paso de los años fue tomando fuerza y consolidándose, sobre todo por la defensa ensayada contra las reiteradas acciones municipales y policiales de erradicación de la venta ambulante. Como otros estudios han mostrado, los primeros espacios de vinculación entre los senegaleses en La Plata fueron las dahiras, agrupamientos religiosos de las cofradías islámicas. Estos vínculos fueron esenciales para la conformación posterior de la Asociación Senegalesa (Maffia et al., 2018). En 2017 iniciaron el proceso de formalización que hasta 2021 no había concluido, en parte demorado por la pandemia de covid-19.

En sus inicios, la organización recibió orientación de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), de ciudad de Buenos Aires, con la cual mantiene contactos. Esta agrupación ha puesto énfasis en la participación política y el restablecimiento de las representaciones diplomáticas argentino-senegalesas, a fin de facilitar la obtención del documento argentino (Maffia et al., 2018). La asociación en La Plata, entretanto, concentra sus esfuerzos en los asuntos urgentes de la supervivencia cotidiana, derivados de los obstáculos que encuentran para trabajar.

Sobre la migración venezolana en la ciudad no se cuenta con estimaciones numéricas confiables. La Dirección Nacional de Migraciones estimaba para comienzos de 2020 alrededor de 130 000 venezolanos viviendo en la República Argentina. De acuerdo con los datos de este organismo, 91 % de las personas que iniciaron su proceso de radicación de 2014 en adelante informaron tener como lugares de residencia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, 51 % de los radicados son hombres, mientras que 49 % son mujeres. Otros aspectos relevantes están dados por la juventud de los arribados, ya que 58 % se concentra en la franja etaria que abarca entre los 22 y 35 años, y por su elevado nivel de instrucción: 56 % posee estudios terciarios, universitarios o de posgrado (Najm-Tino, 2020).

Estos datos coinciden con los testimonios de nuestros informantes, que indican que la mayoría de los migrantes venezolanos adultos son profesionales. A su llegada o al poco tiempo del arribo es común que se vinculen a la universidad para estudiar una carrera de grado o posgrado, pero también que desarrollen trabajos precarizados. Son recurrentes los casos de profesionales empleados en puestos informales en el comercio y los servicios. También se desempeñan en talleres mecánicos, en servicios de mantenimiento, en tareas de supervisión y administración y como operarios. Algunos han conseguido cupos en las cooperativas municipales de limpieza y barrido de calles.

El panorama asociativo entre venezolanos en La Plata es embrionario. Ninguna organización sobresale claramente e incluso dos de ellas tienen el mismo nombre, que es tentativo, precisamente porque ambas se encuentran en sus primeros pasos. Fluctúan entre propósitos políticos, asistenciales o comerciales, que a veces se superponen.

La Asociación de Venezolanos en La Plata se nucleó a partir de un grupo de conocidos y de los contactos de su líder en Venezuela y Argentina. No tiene estatuto formal y sus objetivos van desde montar una feria gastronómica en la ciudad hasta colaborar en acciones políticas en su país de origen, como la convocatoria a votar en las elecciones legislativas venezolanas de 2020.

Por su parte, la Asociación de Venezolanos en La Plata (ASOVENAP) surge a partir de la iniciativa de cinco mujeres profesionales que se reunieron a comienzos de 2019 y decidieron realizar un evento solidario en la Plaza Moreno, centro geográfico y referencia simbólica y política de la ciudad. El evento tenía por objetivo entregar ropa y otras donaciones a connacionales y poner a prueba su capacidad de convocatoria. Con base en este primer acto, lanzaron la agrupación.

Una tercera agrupación, la Asociación de Migrantes Venezolanos en La Plata, da cuenta de los efectos que la coyuntura especial de la pandemia y el aislamiento social tuvieron en el panorama asociativo migrante de la ciudad. Como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) permaneció cerrada un tiempo y los documentos se acumulaban sin ser entregados, organizó diferentes formas de entrega de la documentación en el territorio. Un grupo de conocidos venezolanos llegados poco tiempo atrás participó en esas entregas y a partir de tal actividad surgió la iniciativa de formar la asociación.

La llegada de estos grupos de migrantes y sus procesos de organización social se dan en un contexto de politización de la cuestión migratoria en Argentina conformado a partir de los cambios en las políticas públicas sobre este tema durante el siglo XXI y por las transformaciones en las estructuras de oportunidades que se desarrollaron durante su implementación.

La sanción de la Ley N° 25.871 en 2003 constituye un hito fundamental de las políticas migratorias, ya que reconoce a los migrantes como sujetos de derecho y recupera un universo de sentidos ligado a los derechos humanos (Vichich, 2005; Novick, 2011). Un segundo aspecto ineludible de esta cuestión es el desarrollo de programas de regularización, como el Programa Patria Grande (2006-2010) y el Programa Territorial de Acceso a la Documentación (2013-2015), que apuntaron a garantizar la regularización de la situación administrativa de los residentes extranjeros. Su implementación implicó la realización de operativos territoriales en diferentes barrios en articulación con los gobiernos provinciales y municipales y con asociaciones civiles. Si bien estos programas fueron impulsados desde organismos nacionales, la participación de los gobiernos municipales en su ejecución confirma su relevancia en las políticas migratorias (Espinosa, 2009). Este proceso fue sumamente importante ya que situó a las organizaciones de migrantes como interlocutoras y partícipes de la política pública.

Dichas políticas transformaron el lugar de los migrantes en la sociedad receptora y, al menos parcialmente, habilitaron nuevos vínculos entre sus organizaciones y las instituciones estatales. Su reconocimiento como sujetos con intereses específicos y la interlocución con las asociaciones y los referentes permitió que se sitúen como actores legítimos en ciertos barrios y ámbitos productivos y políticos de la vida local y, como tales, emprendan procesos de movilización para reclamar ante las autoridades. De esta manera, los cambios legislativos y los programas de documentación fueron apropiados en el marco de disputas por la ampliación de la membrecía a la comunidad política.

La pandemia de covid-19 afectó de manera particular a personas migrantes con irregularidad documentaria o con poco tiempo de residencia en el país. Las disposiciones para controlar los contagios, como el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), limitaron especialmente los empleos informales. Además, los mecanismos de asistencia social previstos en estas disposiciones requerían la tenencia de DNI o un plazo de dos años de residencia (Sala, 2020).

En este contexto, algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales llevaron adelante acciones de entrega de alimentos en las que participaron las asociaciones de migrantes mencionadas. La Dirección de Pluralismo e Interculturalidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, distribuyó bolsones de comida facilitados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, también provincial. En La Plata organizó las entregas con la Coordinadora Migrante, agrupación nacida en 2017 como reacción al Decreto de Necesidad y Urgencia 70 (DNU 70) del entonces presidente Macri, que limitaba los derechos migrantes (Caggiano y Mombello, 2020). La Coordinadora Migrante, a su vez, se apoyó en las asociaciones de base, como la Asociación Senegalesa, para la entrega de la mercadería.

La Iglesia católica, por su parte, intensificó algunas actividades asistenciales. La arquidiócesis de La Plata dispuso un reparto de alimentos que se realizó a través de Cáritas. De acuerdo con un representante laico de la Pastoral Migratoria, durante 2020 con esta acción se vincularon con unas quinientas familias, unas trescientas de ellas venezolanas. La Cruz Roja, a su vez, llevó adelante dos estrategias de entrega de alimentos a familias migrantes. Por un lado, de manera autónoma, desde el inicio de la pandemia la asociación distribuyó casa por casa kits de alimentos. Por otro lado, organizó el reparto nocturno de viandas de comida ya cocida. La filial La Plata de la Cruz Roja también facilitó en su sede un espacio físico de intercambio de experiencias, recreación para niños y niñas y conectividad gratuita para comunicación con familiares en el país de origen. El espacio funcionó como lugar de encuentro que ayudó a consolidar agrupaciones como ASOVENAP.

En las acciones de entrega de alimentos de la Cruz Roja y de la Pastoral Migratoria de la Iglesia católica han participado las asociaciones de migrantes venezolanos, que según una referente de ASOVENAP realizó un relevamiento de familias venezolanas en la ciudad en situación de recibir donaciones, el cual sirvió para organizar el retiro de alimentos de Cáritas y más tarde constituyó la base de datos para la entrega de los kits de alimentos de la Cruz Roja. La Asociación de Migrantes Venezolanos en La Plata también participó activamente de la distribución de bolsones de alimentos y otras donaciones de la Cruz Roja y Cáritas.

La colaboración de las asociaciones migrantes de base en la ejecución de planes y programas del Estado y de organismos internacionales les ofreció la oportunidad de incidir directamente en sus colectividades y, a partir de ello, extender su alcance. La Asociación Senegalesa se consolidó como única organización y referencia asociativa local para los migrantes de esa procedencia. Entre los venezolanos, la recolección de información sobre las familias venezolanas en La Plata encarada por ASOVENAP sirvió tanto a los planes asistenciales de la Cruz Roja como a la proyección comunitaria de la propia asociación. La canalización de ayuda alimentaria de organismos internacionales también supuso para la Asociación de Venezolanos en La Plata una ocasión para ampliar sus redes de contactos a nivel local e intervenir políticamente en su país de origen en tanto representantes en La Plata de Alianza por Venezuela Argentina, una agrupación fundada por Elisa Trotta, designada desde enero de 2019 representante en Argentina de Juan Guaidó, político opositor al gobierno venezolano.⁴

La coyuntura excepcional de la pandemia de covid-19 permite advertir un rasgo característico de la politización migrante en la Argentina contemporánea: el peso que el componente político ideológico y partidario de la trama institucional local -entrelazada transnacionalmente- tiene en la dinámica asociativa migrante. Al observar los casos de las migraciones senegalesa y venezolana a La Plata se distinguen claramente dos conjuntos de organizaciones y entidades.

En el primero de estos conjuntos se encuentran dependencias provinciales que podemos englobar dentro del paraguas de los derechos humanos: Dirección de Pluralismo e Interculturalidad, Centros de Acceso a la Justicia (CAJUS), Defensoría del Pueblo, Comisión Provincial por la Memoria. Durante 2020 y 2021 estas dependencias han desarrollado acciones comunes y, de manera individual o asociada, también junto a entidades estatales nacionales como los Centros de Acceso a la Justicia [CAJ], la DNM y, en alguna coordinación técnica puntual, la Cancillería, así como junto a organismos del Estado nacional autónomos, como los de la universidad (Consejo Social, Prosecretaría de Derechos Humanos, etcétera). Este entramado de instituciones estatales interviene en la defensa de los derechos de los migrantes senegaleses, en directa vinculación con la Asociación Senegalesa de La Plata y otras organizaciones sociales con las que ella se articula, como la Coordinadora Migrante/Consejería Migrante⁷ y el Colectivo de Abogados La Ciega.

El segundo conjunto de instituciones y organizaciones se trama alrededor de las aún nacientes asociaciones de venezolanos. Además de aprovechar los canales propiciados por asociaciones internacionales como la Cruz Roja, mantienen un contacto activo con la municipalidad de La Plata y la alianza de partidos que ejerce el gobierno local, así como con dirigentes de la oposición venezolana al gobierno de Venezuela. Como señalamos, quien diera inicio a la Asociación de Venezolanos en La Plata recibió el impulso para hacerlo de la representante en Argentina de Juan Guaidó, Elisa Trotta, quien en 2019 le propusiera a este migrante que motorizara en La Plata la Alianza por Venezuela, fundada por ella misma. En una estancia anterior en La Plata, en 2015, él había militado ya con la Juventud Pro (Propuesta Republicana, parte de la Alianza Cambiemos) en la campaña electoral que llevaría al primer mandato del intendente de la ciudad, Julio Garro. Para las iniciadoras de ASOVENAP, por su parte, fue clave conocer a una persona del área de voluntariado de la municipalidad, por cuyo intermedio tejieron vínculos que las llevarían a la Cruz Roja, que en ese momento buscaba armar un equipo de coordinación con migrantes y con la cual sellaron una alianza. En 2019, el miembro del área de voluntariado de la municipalidad presentó a las integrantes de la asociación a miembros de otras asociaciones de venezolanos en la ciudad con vistas a conformar una red. Esa reunión había sido convocada por la municipalidad, nuevamente junto con Elisa Trotta.

Hay asociaciones de migrantes que atraviesan la frontera entre los dos conjuntos institucionales, como también lo hace la Iglesia católica, y durante 2020 la policía provincial ha acompañado a los organismos municipales en el control y la represión de la venta ambulante de migrantes senegaleses, aun cuando la provincia ya no fuera gobernada por el mismo partido que la ciudad. Pero en términos generales los dos conjuntos de actores coinciden con las fronteras entre niveles del Estado y entre los partidos que tienen a su cargo los respectivos gobiernos desde 2019: el Frente de Todos, que gestiona los gobiernos nacional y provincial, y Juntos por el Cambio, a cargo del municipal. El poco tiempo que permanecieron todos los organismos excepcionalmente convocados en el inicio de la Mesa de Diálogo y Gestión confirma la fuerza de la regla (la separación de los dos conjuntos) por sobre la excepción.

Los avatares de la regulación documentaria muestran la importancia de las orientaciones políticas de la gestión estatal y, sobre todo, de la inserción de las organizaciones de migrantes de una u otra procedencia en entramados institucionales y asociativos ordenados partidariamente. Si en las asociaciones de venezolanos en la ciudad reivindican la disposición de 2019 del entonces presidente Macri que facilitó el ingreso, regularización e inserción social de venezolanos en el territorio nacional, en la Asociación Senegalesa apuntan que solo les queda «esperar que el gobierno (nacional) saque un decreto para regularizar la comunidad senegalesa en la Argentina, como lo hizo el gobierno (de Cristina Fernández de Kirchner) que estaba en 2013», con lo cual hacen referencia al Régimen Especial de Regularización Migratoria de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa, que la Disposición 001/2013 de la DNM puso en vigencia y condonaba el ingreso irregular y permitía otorgar la radicación bajo la figura de trabajador autónomo (Klidermacher, 2020).⁸

El papel de las agencias estatales en la inserción social y, en particular, laboral de inmigrantes muestra también el sistema de alianzas ideológica y partidariamente orientado en el que se mueven las asociaciones migrantes. La referida incorporación de profesionales de la salud a puestos de trabajo por parte del gobierno municipal de La Plata se dio en un contexto de posicionamientos públicos de referentes nacionales de Juntos por el Cambio sobre el tema. El propio presidente Mauricio Macri (2015-2019) subrayó en su intervención en el Debate General del 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de acoger la inmigración venezolana que intentaba escapar de una dictadura (Cancillería de la República Argentina, 2022). Contrasta con esta situación el conflicto abierto por el gobierno municipal con los inmigrantes senegaleses por la venta ambulante y la estructuración de otro sistema de alianzas de estos migrantes y su asociación con dependencias provinciales y nacionales, a cargo del Frente de Todos.

Por otro lado, el intento y el logro limitado de inmigrantes senegaleses de salir de la venta ambulante e insertarse en el rubro de la construcción permite apreciar con claridad el peso de las configuraciones partidarias locales en las formas y las vías por las que las organizaciones migrantes pueden canalizar sus demandas. Muchos migrantes llegan de Senegal con formación y, en algunos casos, experiencia en diferentes oficios. Dado el progresivo asentamiento de la colectividad en la ciudad, un canal abierto por la sede local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) posibilitó que un grupo de ellos ejerciera el oficio en el cual tenía formación previa. La UOCRA había organizado y gestionaba desde la segunda mitad de la década de 1990 una bolsa de trabajo para La Plata y Gran La Plata, consistente en un registro de trabajadores y de puestos laborales vacantes en empresas (Labiano y Farace, 2016). No incluía solo a trabajadores que habían visto finalizado un empleo anterior, sino también a aquellos que se afiliaban al sindicato con la intención de empezar a trabajar en el sector (Paganini, 2018). La bolsa de trabajo fortalecía, así, el peso del sindicato al permitirle incorporar nuevos afiliados y lo posicionaba, a la vez, como ente que organizaba de manera centralizada la oferta de mano de obra (Farace, 2015; Paganini, 2018).

Los migrantes se acercaron a las grandes asambleas callejeras del sindicato donde se otorgaban los puestos laborales, tuvieron una presencia sistemática, entraron en contacto con trabajadores y delegados, lograron enlistarse y, finalmente, ser contratados. Los primeros empleos para trabajadores senegaleses a través del gremio se consiguieron en 2012, y en 2017 los contratados eran alrededor de cuarenta y cinco. Se desempeñaban como amoladores, electricistas, camioneros, montadores de caños, albañiles y plomeros.

A finales de ese año, sin embargo, una causa judicial condujo a la detención y el procesamiento de Juan Pablo el Pata Medina, secretario general del sindicato en La Plata. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo de la Nación, de común acuerdo con el secretario general de la uocra a nivel nacional, ordenó la intervención de la seccional. El secretario interventor anunció, en sus primeras declaraciones públicas, la suspensión de la bolsa de trabajo (Paganini, 2018). Desde meses antes de la detención era público el enfrentamiento de los líderes nacionales y locales de Juntos por el Cambio con el dirigente sindical, al que acusaban de conformar una mafia. En el discurso de los líderes de Juntos por el Cambio, el sindicalista era presentado como un exponente de estructuras corporativas ilegales que estarían protegidas o estimuladas por los gobiernos peronistas e impedirían el desarrollo económico de la ciudad y el país. Según estimaciones de la Asociación Senegalesa, para 2020 quedaban unos diez trabajadores senegaleses en estos empleos y los restantes habían vuelto a la venta ambulante.

Volviendo al tema de la persecución de la actividad laboral de los migrantes senegaleses por los organismos de control de la ciudad y la provincia, ambas gobernadas por Juntos por el Cambio en julio de 2019, no es casual que en ese momento una manifestación de los trabajadores senegaleses haya culminado con la entonación del estribillo de la marcha peronista en una céntrica esquina platense. Dos manteros habían sido detenidos el día anterior, tras uno de los operativos de control y decomiso de mercadería mencionados antes, acusados de resistencia a la autoridad. Como protesta por el hecho y festejo por la liberación de sus colegas, producida ese día, los trabajadores llevaron a cabo la movilización que cerró con el canto de la mítica marcha.

La situación, que recibió mayormente un tratamiento jocoso por parte de la prensa, no solo es significativa para entender el peso de la política local en la dinámica asociativa migrante. El hecho mismo, la viralización del video que lo registró, la cobertura mediática y las reacciones en las redes sociales que suscitó constituyen una muestra más del entrelazamiento de clase, etnicidad, racialidad y adscripción política (peronismo/antiperonismo) en Argentina (Caggiano, 2012 y en prensa; Geler, 2015; Adamovsky, 2016).