De la liminalidad a la desfronterización. Perspectivas teóricas sobre el vínculo entre asilo y crisis

El nexo entre crisis y asilo cuenta mucho de la historia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. Si queremos mencionar algunas de las más importantes, nos detendremos brevemente en la crisis de los refugiados que huían de Hungría en 1956, la guerra de los Balcanes en la década de 1990, Siria en 2015 y la crisis actual vinculada al conflicto de Ucrania.

Pocos años después del final de la Segunda Guerra Mundial se promulgó el que todavía se considera el principal instrumento jurídico de protección de los refugiados, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas el 28 de julio de 1951.¹ En su versión original, la Convención contenía dos limitaciones: una temporal, en virtud de la cual la definición de refugiado sólo era aplicable a las personas que hubieran sufrido persecución por hechos ocurridos antes del primero de enero de 1951; y otra de carácter geográfico, que limitaba los territorios de origen de los refugiados potenciales a los de Europa.

Entre octubre y noviembre de 1956 nació en Hungría un movimiento de revuelta y disidencia contra la presencia de los rusos en los territorios húngaros. Los acontecimientos históricos nos dicen que, tras un momento inicial en el que parecía que el movimiento revolucionario avanzaba realmente hacia cambios en el orden interno y en las relaciones exteriores del país, a raíz de la crisis del canal de Suez, comenzó una repentina e inexorable represión del movimiento revolucionario húngaro a manos de Rusia.

Es el 4 de noviembre de 1956 y, sólo 12 días después del inicio del levantamiento y de una primera salida de los soviéticos de sus territorios, los tanques rusos vuelven a invadir las calles de Hungría, esta vez con la clara intención de acabar con el movimiento rebelde.

Más de 200 000 cruzaron la frontera húngara para huir primero a Austria y Yugoslavia, y luego fueron «reasentados» en nada menos que otros 37 países (Cellini, 2017). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con motivo del 50 aniversario de los acontecimientos que rodearon la crisis húngara, recuerda que desde el momento en que los refugiados empezaron a dirigirse hacia la frontera austriaca, «tuvieron una cosa a su favor: el mundo exterior, en general, se mostró extremadamente comprensivo con su difícil situación. Fue la primera gran crisis que apareció en la televisión, así como en los periódicos y en los noticiarios de cine» (ACNUR , 2006: 6. Las cursivas son mías).

Durante estos años aumentó la conciencia de que la gente no sólo huiría de los conflictos europeos; así, los Estados firmantes adoptaron el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967 y dispuso la eliminación de las reservas temporales y geográficas, extendiendo así las protecciones garantizadas por Ginebra a todos los refugiados.

En las décadas siguientes, la que entonces se calificó como la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, la que acompañó a la huida de millones de personas de las sangrientas guerras balcánicas que se sucedieron entre 1991 y 1999. Eslovenia fue el primero de los Estados en enfrentar un conflicto, que duró sólo unos días y surgió tras su declaración de independencia de la entonces República Federal Socialista de Yugoslavia. A lo largo de los años ocurrieron conflictos sangrientos en Croacia, Bosnia-Herzegovina, en Kosovo en 1999 y tras la opción de independencia de Macedonia en 2001. Las guerras que siguieron en la entonces Yugoslavia son recordadas por la comunidad internacional como algunas de las más violentas de la historia reciente; baste recordar la masacre de Srebrenica en 1995 y los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) que afectaron a muchos civiles en Serbia y Kosovo en 1999.

La gente sigue huyendo. Ya en octubre de 1992 representaban el 20% de los refugiados del mundo, estimados entonces en unos doce millones (Meznaric y ZlatkovicWinter, 1993).

Europa, sacudida por la violencia de los conflictos y comprometida en la evidente gestión del flujo de personas desplazadas, publica una directiva para apoyar y proteger a sus Estados miembros y, especialmente, a las víctimas. Hablamos de la Directiva 2001/55/CE del Consejo de la Unión Europea, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Se trata de una directiva muy importante en la historia de la jurisprudencia migratoria europea, ya que no sólo establece normas mínimas para conceder protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, sino también sobre el fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a personas desplazadas y asumir las consecuencias de su acogida. Por personas desplazadas, la directiva entiende, como se indica en el artículo 2(c): a) personas que han huido de zonas de conflicto armado o de violencia endémica; b) personas que están sometidas a un grave riesgo de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos o que han sido víctimas de tales violaciones. No sólo eso, en el artículo 25(1) la directiva establece que los Estados miembros acogerán con «espíritu de solidaridad comunitaria a las personas susceptibles de protección temporal» (las cursivas son mías). A lo largo de los años, este instrumento jurídico, considerado por muchos extremadamente vanguardista y protector, nunca será utilizado a pesar de que ha sido invocado por muchos Estados para la gestión de múltiples crisis migratorias (Schiavone, 2022).

Así llegamos, con un salto temporal de diez años, al periodo que vio el movimiento de personas no sólo huyendo de los territorios del norte de África, sino también del reciente -y desgraciadamente todavía actual- conflicto en Siria. En el escenario sirio de entonces, Bashar Al Assad había tomado recientemente el poder de manos de su padre Hafiz. Muchos sirios se habían echado a la calle para disentir contra el régimen dictatorial vigente, reclamando sus derechos y libertades conexas. Aunque comenzó de forma pacífica y laica, las represiones posteriores fueron extremadamente violentas y repercutieron en toda la población, que además de tener que enfrentarse a las dificultades de viajar para escapar y encontrar asilo en otros Estados, si permanecían en Siria se enfrentaban a la pobreza y la falta de atención debido tanto a la guerra en curso como a las sanciones de otros países. Un informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés) en 2022 señala que al menos 12 000 niños han muerto o resultado heridos durante los diez años de conflicto armado y que, de los 13 millones de personas desplazadas dentro del país o que han huido y se han refugiado fuera de la frontera siria, al menos 6.1 millones son niños que aún permanecen en Siria y 2.5 millones de niños refugiados han huido a países vecinos.

Llegamos a 2015, el año definido como el de la crisis mundial de refugiados. Según se informa en el sitio web de ACNUR , más de un millón de refugiados y migrantes alcanzaron las costas europeas, y más de 3 700 personas perdieron la vida en el camino: intentando cruzar el mar Mediterráneo, navegando por la peligrosa nueva ruta entre Turquía y Grecia, o desplazándose por la ruta de los Balcanes, exponiéndose a los riesgos de viajes ocultos en camiones o a través de fronteras boscosas. La mayoría huye constantemente de Siria, Afganistán o Irak.

Pero la llegada de emigrantes que huyen no se corresponde necesariamente con un clima de acogida y apertura. Al contrario, es en este momento cuando se inaugura una era de nuevos muros para bloquear la, aunque inevitable, movilidad humana. Fue la Hungría de Viktor Orbán la que, en plena crisis migratoria de 2015, decidió levantar una valla en la frontera entre Hungría y Serbia para impedir que los migrantes llegados de la ruta de los Balcanes entraran en el país para llegar a otros países de la Unión Europea (UE). Los muros no son sólo físicos, y los gobiernos europeos siguen construyendo más de ellos mediante políticas de externalización de fronteras;² un ejemplo de ello es el acuerdo UE-Turquía de 2016, que al prever la repatriación a Turquía de todas las personas llegadas por vías irregulares a las islas del mar Egeo, incluidos los solicitantes de asilo, ha provocado de hecho el atrapamiento de miles de refugiados en condiciones inhumanas en las islas griegas; así como el llamado Memorándum Italia-Libia, que en 2017 vio un acuerdo entre los gobiernos italiano y libio para reforzar la «seguridad fronteriza» haciendo hincapié en «la importancia de aprovechar la experiencia de las instituciones implicadas en la lucha contra la inmigración ilegal y el control fronterizo» y «mediante la provisión de campos de acogida temporales en Libia».

Estos son también los años en los que comenzaron las intimidaciones y las acciones legales contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) que intentaban salvar la vida de las personas que cruzaban los mares Mediterráneo y Egeo: «las percepciones de que las ONG causan o contribuyen a un ‹factor de atracción› y coluden con los contrabandistas no están probadas, pero han afectado al clima general de desconfianza hacia la sociedad civil en muchos Estados del CdE» (Expert Council on NGO Law, 2019: 21. Las cursivas son mías).

Los pasos fronterizos europeos brevemente mencionados aquí alimentan una narrativa histórica de la crisis migratoria hecha de entradas irregulares -o en número ciertamente insuficiente de corredores humanitarios- y de gestión de emergencias. Las políticas de control y acogida se desarrollan en una concomitancia esquizofrénica, que a lo largo de los años parece orientarse cada vez más hacia la protección no tanto de las vidas que hay que salvar como de las identidades nacionales preestablecidas.

Con el último conflicto entre Ucrania y Rusia, que estalló a finales de febrero de 2022, y el consiguiente desplazamiento de miles de personas en fuga, la narrativa del nexo entre crisis y asilo a través de las fronteras europeas ha experimentado un giro de magnitud igualmente histórica, y nos encontramos ante un cambio de paradigma en la relación entre los conceptos de crisis, asilo y fronteras.

El 4 de marzo de 2022, el Consejo Europeo reconoció las condiciones para aplicar la protección temporal a los migrantes que huyen de Ucrania. La mencionada Directiva 55/2001, ambiciosamente concebida veinte años antes debido a una guerra igualmente sangrienta en las cercanías, pero de hecho nunca aplicada, es ahora ley.³ Y así, en mi caso basándome en la observación de episodios italianos, las colas en la jefatura de policía para obtener un permiso de residencia son dobles; las colas en la Prefectura para solicitar la acogida se dividen entre los que tienen protección temporal y los que han solicitado asilo. No sólo eso, el grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría) insistió en conceder la protección temporal únicamente a los ciudadanos ucranianos o a los que residían en Ucrania con un permiso de larga duración. Esto demuestra que es un elemento de discriminación en la gestión burocrática y, por consiguiente, también sociopolítica de este éxodo masivo de personas que huyen; se podría hablar de un proceso de estratificación y clasificación de las personas migrantes en su acceso a los derechos sociales y humanos relacionados con su condición de huidos del conflicto. Ahora, la general gestión de la crisis migratoria aporta respuestas que no pertenecen a unos pocos, sino que parten de la comunidad internacional y de la sociedad civil, que se manifiesta en un movimiento sin precedentes de solidaridad, a pesar de la evidencia histórica de otras crisis migratorias.

¿Cómo explicar tales diferencias en la forma de proteger y acoger a una misma «categoría» de personas?

Las prácticas de fragmentación jurídica y social no sólo afectan la vida burocrática de los inmigrantes, sino que pasan a formar parte de su propia subjetividad.

La liminalidad nos habla del proceso de incorporación fronteriza. Esto se debe a que la condición liminal de la vida no sólo tiene que ver con una movilidad física de una frontera a otra y a la siguiente. La movilidad racializada -que se basa en prácticas discriminatorias estrechamente vinculadas a políticas selectivas que sólo favorecen a determinadas nacionalidades en carrera- que caracteriza la actual era poscolonial nos habla del proceso de incorporación de la condición liminal, lo que hace de los cuerpos migrantes, cuerpos liminales.

Para comprender plenamente cómo la condición de suspensión y liminalidad interfieren en el curso de la vida de los migrantes y refugiados, es necesario observar la posmigración. Cuando la persona, tras haber llegado por rutas alternativas a los hangares de los aeropuertos, imaginando que puede detenerse, descubre a su pesar que la frontera siempre está ahí: está (en) ella.

El antropólogo Khosravi escribe que «la hospitalidad comienza en el instante mismo del encuentro con el otro, en un umbral, en el momento y en el lugar en que el extranjero -refugiado o migrante- pide acogida en una lengua que no es la suya» (2019: 208). La hospitalidad, por lo tanto, es un acto condicionado por la existencia de un propietario que, en el conceder la entrada al nuevo huésped, demarca el límite de su propiedad, traduciendo el acto de hospitalidad en un acto de hostilidad. Como reitera el autor, «la dialéctica acogida/rechazo demuestra que la hospitalidad se rige por fronteras» (2019: 208).

En esta aportación narrativa suya, una etnografía de las fronteras, como él la llama, el lector no sólo pasa por la experiencia de la frontera geopolítica, sino que también es conducido a ver la frontera que se supone finalmente ha cruzado.

El proceso de fragmentación institucional y de la subjetividad de quienes llegan o permanecen irregularmente en territorio europeo prevé la activación de tales dispositivos de deshumanización que garantizan el mantenimiento de un estado de control sobre la población inmigrante. En esta época de crisis migratorias, el refugiado sigue siendo emblema de dicha fragmentación, incorporando la dimensión liminal que lo convierte siempre y en todo caso en una mercancía, cuyas bondades deben ser controladas y con una fecha de caducidad estampada en el cuerpo.

Las personas que, una vez llegadas a los numerosos territorios europeos, como Italia, solicitan asilo, se encuentran inevitablemente con que tienen que cruzar innumerables fronteras adicionales, que las sitúan siempre en la condición de «huéspedes». A lo largo del procedimiento de solicitud de protección, oscilan entre una condición de temporalidad, dada por la incertidumbre de permanecer en el país de acogida, y una condición de merecimiento, que ve sus historias de vida sometidas a procedimientos de evaluación cuestionables: ¿cuántas veces tendrían que torturarme para conseguir un permiso de residencia?, pregunta un solicitante de asilo a su trabajador jurídico (Signorini, 2014: 395).

A lo largo de 2022, con la llegada de un gran número de personas que huían de Ucrania, países europeos como Hungría y Polonia -que habían estado levantando muros para bloquear el paso de las personas que huían de Siria o Afganistán- abrieron las puertas de sus casas y redefinieron la narrativa del concepto de cultura de acogida en Europa.

La búsqueda de alojamientos para utilizarlos como centros de acogida está teñida de tintes racistas; en muchos relatos recogidos de trabajadores sociales que laboran en proyectos de acogida de solicitantes de asilo en Italia vuelve a repetirse la anécdota de que, al buscar casas para alquilar, los propietarios especificaban que el alquiler sólo se concedería a refugiados ucranianos, no a africanos. Porque, al fin y al cabo, señala Mbembe, el nanorracismo «es el racismo hecho cultura y aliento, en su banalidad y en su capacidad de infiltrarse en los poros y las venas de la sociedad» (2022: 73). El nanorracismo se refiere a «esa forma narcótica del prejuicio de color que se expresa en los gestos aparentemente neutros de cada día, en el espacio de una nada, de una frase aparentemente inconsciente, una broma, una alusión o una insinuación…» (Mbembe, 2022: 71).

Este pasaje es crucial porque nos obliga a ver hasta dónde llegan las políticas racistas de selección y a quién enredan en sus mallas de memoria colonial. De hecho, no sólo conciernen a los cuerpos excedentes y necropolitizados, que a estas alturas ya nos hemos acostumbrado a ver tumbados y desnudos, sino que tienen que ver con la totalidad de la población. Ya que -como nos recuerda Khosravi- «en la experiencia fronteriza»(2019: 121) se repiten aquellas subdivisiones sociales que surgen de las diferencias de clase y género y que el sujeto encarna al reflejar la jerarquización y clasificación que emanan de la institución de la nación. La otredad no existiría sin la identidad nacional, que hoy ha vuelto a ser un fuerte eco en las campañas políticas de los nuevos gobiernos europeos liderados por facciones donde el concepto de seguridad, protección y preservación de las naciones y los valores europeos, refleja un peligroso resurgimiento de poderes nocturnos donde cualquier acción es permisible para la protección ante invasores que osen cruzar la frontera.

La persona que experimenta la condición migratoria durante un periodo de tiempo casi nunca puede abandonarla realmente.