Trayectoria y contradicciones del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas en Hermosillo, Sonora, 1990-2018

Inscrito en el marco del Programa Nacional de Solidaridad, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, pone en marcha el 18 de Mayo de 1990, en Navolato, Sinaloa, el Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas (Pronsjag, 1990: 26).

El PAJA existió durante 28 años con nombres, objetivos y líneas de acción que cambiaron con cada transición gubernamental. Su nombre inicial fue Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas (Pronsjag) y sus estrategias de acción fueron tres: mejoramiento de condiciones materiales de familias jornaleras, promoción de formas de organización social de jornaleros y apoyo a la generación de proyectos productivos complementarios a sus ingresos (Pronsjag, 1990).

Su «puesta en marcha» en Navolato no fue casualidad, ya que su antecedente directo fue el Programa de Desarrollo Social para los Jornaleros Agrícolas de los Valles de Sinaloa, creado por el gobierno del estado en 1988 (Sedesol, 1996).³ Este hecho también lo mencionó Pablo, uno de los primeros empleados del Pronsjag en Sonora: «el programa inició con Lourdes Sánchez Muñohierro en Sinaloa como programa estatal, y lo retomaría Salinas ya como programa federal». Lourdes Sánchez fue la coordinadora nacional del programa de 1990 a 2004 y ha sido una analista del trabajo agrícola en México (Hernández, 1994; Sánchez, 2004); debido a esto, su nombre apareció recurrentemente en las entrevistas y en documentos consultados.

Por otro lado, como se destaca en la cita del inicio de esta sección, los primeros años del Pronsjag se enmarcan en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que fue el eje rector de la política de desarrollo social entre 1988 y 1994. En otras palabras, el comienzo del Pronsjag forma parte del cambio de política social de finales de la década de 1980 en México, caracterizada por programas de atención focalizada y discursos sobre corresponsabilidad, descentralización, fortalecimiento de capacidades y acercar el bienestar a grupos vulnerables (Rojas, 1994; Sánchez, 2017).

En el Pronsjag, estos discursos de la política social neoliberal se tradujeron en un plan de acción basado en: 1) «coordinar esfuerzos» con organizaciones sociales e instancias federales, estatales y municipales»; 2) «estimular» la participación «comprometida» de productores agrícolas sin que el programa «sustituya» la responsabilidad con «sus trabajadores», y 3) generar la «participación directa y responsable de la población jornalera» mediante la «toma de conciencia colectiva de sus necesidades» (Pronsjag, 1990: 26-29).

La instancia que comenzó a aplicar el Pronsjag fue el Instituto Nacional Indigenista (INI).⁴ En 1988, el gobierno federal reestructuró el INI para enmarcarlo en los principios del Pronasol y, entre otros cambios, creó la Dirección de Procuración de Justicia con seis «áreas de acción», entre ellas la atención a migrantes indígenas (INI, 1993). De acuerdo con un informe del INI, la «población de jornaleros agrícolas atendida» por el Pronsjag inició en Sinaloa, Morelos y Durango en 1991, un año después se amplió a Baja California y en 1993 se incluyó a Nayarit y Sonora (INI, 1993: 105).

No obstante, la presencia del INI en regiones agroindustriales del noroeste de México existía desde antes de 1990. En una investigación publicada en 1989, personal del Centro Coordinador del INI en Baja California hace referencia a su trabajo desde 1986 en el módulo de San Quintín con «jornaleros mixtecos» (Garduño et al., 1989). Además, el Centro Coordinador del INI en Baja California es clave en la historia del Pronsjag en Sonora ya que Amanda, su primera responsable en este estado, trabajó en el módulo de San Quintín de 1988 a 1990.

Recién egresada de antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México, Amanda fue invitada a trabajar en el INI en San Quintín. En una entrevista de 2022, al preguntarle sobre las condiciones de esta zona agroindustrial y su trabajo en el módulo del INI, ella detalló:

Ahí estuve tres o dos años, dos años y medio, y sí, mi chamba siempre fue de hacer lo que se pudiera, ayudar en lo que se pudiera. […] que porque los detenían, porque los metían a la cárcel, porque los desaparecían, porque necesitaban un acta de nacimiento o algún papel de identificación para poder hacer un trámite, hasta eso le tenías que ayudar en todo. […] me tocó ver cómo se organizaban los mixtecos de esa colonia y ellos cavando en su tequio, representando todas sus formas de organización para poder levantar. […] igual lo observas con los triquis, porque incluso cuando había problemas acá en Oaxaca en sus comunidades uno observaba cómo dentro de los campos agrícolas había reuniones porque estaban resolviendo asuntos en sus comunidades.

Puesto que tenía experiencia en San Quintín, Amanda fue invitada por Lourdes Sánchez Muñohierro a «montar la oficina» del programa en Hermosillo. Llegó a esta ciudad en abril de 1991. Ella relató:

Lourdes Muñohierro me ofreció en su momento venir a Hermosillo, al Poblado Miguel Alemán, a trabajar, porque se iba apenas abrir el programa de atención. […] ellos ya habían iniciado el primer diagnóstico pero lo que ya se quería, porque ya se tenían los recursos, era montar una oficina, entrar con todo, […] no había quién lo coordinara, cómo operarlo, le faltaba eso. […] así llegué, un escritorio, que era el programa de jornaleros agrícolas, un escritorio y una silla, así inició el programa aquí en Sonora, eso era todo. […] pero siempre sí tardamos como unos seis o siete meses antes de que se lograra todo, porque no era de un día al otro. Pero, mientras, sí se contrataron alrededor de 40 personas en calidad de enlaces, que eran con los que fuimos levantando la información dentro del Poblado Miguel Alemán. […] ahí empezamos a hacer el recorrido calle por calle, casa por casa […] así teníamos que andar, con el sol, con el frío, como fuera. […] fue más un trabajo entre administrativo y operativo de ir montando algo que no existía y adelantando, con las personas que se habían contratado, sacando información de campo.

Pablo también participó en estos primeros «levantamientos de información» del Pronsjag en el municipio de Hermosillo. Él era recién egresado de la carrera de economía de la Universidad de Sonora (Unison) y, como describió, «me tocó realizar las primeras cédulas familiares ya que no se usaban antes y yo era de los pocos que conocía de sistemas de informática e información». En una entrevista efectuada en 2022, al preguntarle sobre estos primeros años del Pronsjag en Sonora, Pablo enfatizó el esquema de promoción social: «Inició en el gobierno de Salinas y se aplicó al Pronsjag y a otros programas federales. […] No existían reglas de operación, sólo líneas de promoción social, como son salud, procuración de justicia y otras».

En referencia a lo que explicó Pablo, las primeras reglas de operación del programa fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2000) en febrero de 2000. Inicialmente, el marco normativo del Pronsjag fueron tanto el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 como las seis líneas de acción de promoción social del Pronasol: vivienda y saneamiento ambiental; alimentación y abasto; salud y seguridad social; educación, cultura y recreación; capacitación, empleo y productividad, y procuración de justicia (Pronsjag, 1990; Hernández, 1994).

Pablo también subrayó el uso de un vocabulario nuevo, que después se normalizaría, como «rutas migratorias golondrinas y pendulares» o «zonas de expulsión y atracción, que después serían llamadas de origen y destino, ya que las primeras se usaban de manera peyorativa». Sin embargo, de acuerdo con Pablo y Amanda, estas nuevas clasificaciones y categorías también causaron debates entre quienes trabajaban en el programa, sobre todo acerca de «si los jornaleros eran campesinos o no» y cómo «en Baja California eran indígenas migrantes pero en Sonora eran jornaleros agrícolas, porque quienes venían no nada más eran indígenas».

Es decir, desde el inicio hubo dudas y tensiones por cómo definir «población jornalera agrícola». Existieron muchas adaptaciones e incertidumbres sobre: 1) cuándo hablar de jornalero en masculino e individual o «familias jornaleras»; 2) si enfatizar o no la «condición étnica» como «migrante indígena», y 3) cómo adaptar las diversas formas de movilidad y residencia en las categorías «población permanente, golondrina y pendular».

Como señala Abrams (1988 [1977]), el estado, como proyecto de dominación y práctica política, siempre busca clasificar, administrar y simplificar realidades complejas. Si bien el término jornalero agrícola existía desde antes de 1990, el estado neoliberal mexicano, mediante el Pronsjag, buscó imponer la categoría «jornalero agrícola» -junto con sus tipologías y variantes- ligada a narrativas de pobreza, migración, indigenismo y masculinidad.

Además, una constante discusión entre el personal del Pronsjag durante los primeros años del programa fue cómo conciliar la relación con el empresariado y otras élites locales y a la vez fomentar la organización entre jornaleros. Un ejemplo de ello fue la serie de cuestionamientos que personal de Sinaloa, Baja California, Morelos, Durango, Sonora y Nayarit expuso en 1992 en un taller nacional de planeación y coordinación del Pronsjag. En una de sus plenarias, personal de los estados preguntó a quienes representaban a «oficinas centrales»:

En cuanto al aspecto de organización, ¿hasta dónde el Programa puede avanzar en un proyecto de organización, ya no dijéramos sindical, cuando menos gremial de los jornaleros? […] ¿Cuál sería la estrategia que no nos introdujera a una contradicción capital-trabajo […] ¿Cómo no terminar haciéndonos cargo de la promoción de los sindicatos agrícolas, cómo tratar a las centrales y organizaciones tanto oficialistas como de izquierda que existen? (Pronsjag, 1992: 3-4).

Pienso que se está dejando de lado en los campamentos el trabajo de organización y educación para la gestoría. […] Es difícil el trabajo porque de repente podemos causar ruido o mover los tapetitos que se han ido estableciendo (Pronsjag, 1992: 5).

Las preguntas del personal del Pronsjag acerca de cómo evitar conflictos de clase o «no mover el tapete» del orden regional establecido eran parte de las tensiones que generaba un programa cuyo objetivo principal era inherentemente contradictorio. Su propósito inicial fue: «coadyuvar tanto al desarrollo integral de los asalariados del campo como al incremento de la productividad, la modernización y el desarrollo rural» (Pronsjag, 1990: 26). Así, los objetivos del Pronsjag buscaban desmarcarse de cualquier discurso o proyecto de clase, para hablar en términos de corresponsabilidad y vulnerabilidad. Como señala Ferguson (1994), los programas de desarrollo funcionan como maquinaria de despolitización porque están enmarcados en la fantasía de que el mantenimiento y la expansión del capitalismo son posibles sin explotación laboral ni conflictos de clase.

En resumen de la sección, el Pronsjag surgió con dos contradicciones inherentes: simplificar la complejidad de la migración laboral agrícola y despolitizar el conflicto de clase mediante la «corresponsabilidad» de todas las partes. Además, tales contradicciones se tradujeron en metas inalcanzables para quienes iniciaron el programa. Aun así, el Pronsjag se expandió en Sonora en las siguientes dos décadas y se convirtió en el referente de la política social sobre trabajo agrícola en México, como a continuación se explica.

Desde su creación, la acción de Jornaleros Agrícolas ha superado diversos retos, la experiencia adquirida por los primeros equipos de trabajo ha servido como base para abrir nuevas coordinaciones estatales, además la creciente participación de los jornaleros ha ido marcando rumbos específicos a la acción del programa (Pronjag, 1996: 33).

El programa fue modificado con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en mayo de 1992 (DOF, 1992) y el cambio del gobierno federal en diciembre de 1994. Es decir, el Pronsjag dejó de ser parte del INI para convertirse en un programa de la Sedesol. Además, le fue eliminada la palabra «solidaridad» para llamarlo Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas (Pronjag); aunque también se le comenzó a denominar «Jornaleros Agrícolas» en documentos oficiales, como lo muestra la cita anterior.

No obstante, el Pronjag mantuvo un discurso similar acerca de la «promoción social», la «cooperación» de todas las partes y la «participación activa de los jornaleros», pero ahora subrayando el fortalecimiento en «zonas de expulsión» (Pronjag, 1996: 2122). Además de que se mantuvo en Sinaloa, Durango, Morelos, Baja California, Sonora y Nayarit, se expandió a Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se crearon proyectos en las «zonas expulsoras de mayor importancia»: Oaxaca y Guerrero (Pronjag, 1996). Como señala una evaluación de sus primeros diez años, se amplió la cobertura del Pronjag y se hizo visible la situación de trabajadores y trabajadoras agrícolas (Barrón et al., 2003).

Un elemento clave del Pronjag para visibilizar el trabajo agrícola asalariado fueron los estudios cualitativos y cuantitativos que realizó en las décadas de 1990 y 2000. La «investigación» era una de las cuatro fases de su «método circular de promoción social», junto con «programación», «ejecución» y «evaluación» (Pronjag, 1996). En especial, el Pronjag realizó la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes 1998-1999, cuya cobertura geográfica incluyó 23 zonas agrícolas de diez estados del país (Pronjag, 2000); en Sonora se aplicó en las zonas «vitivinícola de Caborca», «Costa de Hermosillo», «vitivinícola de Pesqueira» y «hortícola de Guaymas» (Pronjag, 2000).

Además, la producción de información fue clave para el crecimiento del programa en cada región. Pablo resumió esto: «saber cuántas personas había en cada región y cada campo era muy importante porque las bolsas autorizadas y la capacidad operativa eran de acuerdo con los números de jornaleros agrícolas». Es decir, el presupuesto anual del Pronjag en cada estado y la contratación de su personal dependían de la información que producían, sobre todo de la actualización del número de personas jornaleras en cada «unidad de trabajo».

En Sonora, como lo describió Amanda en la sección anterior, el trabajo del personal del Pronjag se enfocó inicialmente en la región Costa de Hermosillo, en particular en el Poblado Miguel Alemán, donde existía «una mayor concentración de jornaleros» (Pronsjag, 1990). También conocido como El Poblado o La Calle Doce y nombrado oficialmente Comisaría Miguel Alemán desde 1982, la población de este centro urbano tuvo un crecimiento exponencial durante tres décadas debido a los proyectos agroindustriales: pasó de 151 habitantes en 1970 a 19 068 en 1995 (Ramírez, 1998).⁵

Desde el primer diagnóstico del Pronsjag, en 1990, se enfatizó el nulo o precario acceso a servicios básicos en las zonas «regularizadas» y «de invasión» del Poblado Miguel Alemán, pero destacó lo que ocurría en El Control:

Un galerón ubicado al noroeste del poblado, que no tiene paredes […] [donde] viven los pobladores más pobres de Miguel Alemán, entre los que están un buen número de personas de edad avanzada […] Muchos de ellos no pueden trabajar y sobreviven de la solidaridad de sus compañeros […] Las personas que ahí duermen, lo hacen sobre la tierra, dentro del galerón o en sus alrededores. No hay en el lugar agua potable, ni baños, ni regaderas (Pronsjag, 1990: 17).

Mediante este diagnóstico, personal del programa propuso una serie de proyectos para mejorar la situación de los habitantes de «El Poblado». Pablo recordó aquellos años subrayando la construcción e inauguración del Módulo de Atención de Jornaleros Agrícolas (MAJA) entre 1993 y 1994: «Fue una inversión muy grande en El Poblado, no como en otros estados, era mucho el presupuesto. […] Con esa gran inversión en Sonora se construyó el MAJA en El Poblado […] tenía una tienda Conasupo [Compañía Nacional de Subsistencias Populares], servicios de salud y educativos y dormitorios divididos para mujeres y hombres».

Otro proyecto en el Poblado Miguel Alemán fue el Modelo de Atención del Programa del Niño Patrocinado, en 1997, elaborado en forma conjunta por los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sonora y de Hermosillo (Pronjag, 1997). Este programa estaba enfocado en «coadyuvar en el abatimiento de los índices de desnutrición de la población infantil del Poblado Miguel Alemán» (Pronjag, 1997: 1).

Tales acciones del Pronjag en El Poblado se insertaron en una serie de políticas sociales que surgieron desde principios de la década de 1980, enfocadas en «reordenar» este centro urbano. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora (Coplades), en su Anteproyecto de Plan Integral de Desarrollo de la Costa de Hermosillo, de 1982, señaló la necesidad de incrementar el acceso a infraestructura social del Poblado Miguel Alemán en ocho áreas: agua potable, energía eléctrica, drenaje, vivienda, abasto de alimento, comunicación, recreación y salud (Coplades, 1982). Por su parte, Roberto Ramírez, en un estudio sobre los mercados de trabajo agrícola en la Costa de Hermosillo, señala cómo tales políticas de urbanización en El Poblado se crearon para «frenar o reordenar las migraciones (rural-rural), concentrar población y abaratar servicios públicos. […] arraigar los asentamientos humanos y detener la migración a la ciudad de Hermosillo» (Ramírez, 1998: 131).

Así, el Pronjag se integró en Sonora a políticas de reordenamiento y desarrollo regional que funcionaban como políticas de control espacial de personas trabajadoras agrícolas. Como señalan Gilmore y Gilmore (2008), el estado busca hacer que los territorios sean gobernables y predecibles a través de relaciones ficticias de quienes son residentes o no para mantener el orden y el control de la movilidad e inmovilidad de las personas.

Paulatinamente, la cobertura del programa en Sonora durante la década de 1990 se amplió en la Costa de Hermosillo y otras regiones agrícolas del estado. Por ejemplo, personal suyo participó en el diagnóstico sobre «menores hijos de jornaleros» en las zonas agrícolas de Caborca, Carbó, Costa de Hermosillo y San Miguel de Horcasitas (DIF Sonora, 1997), y en la propuesta para instalar el programa en el valle de Guaymas-Empalme (Pronjag, 1998).

Un elemento central en esta expansión del Pronjag en Sonora fueron las diversas acciones dentro de los campos agrícolas. Desde el principio del programa, los campos eran parte de las «unidades de trabajo atendidas» junto con albergues, campamentos, localidades y colonias (INI, 1993). No obstante, la labor del personal del Pronjag en los campos agrícolas enfrentó dificultades para acceder y dilemas éticos sobre qué implicaba mejorar espacios habitacionales donde los usuarios eran «la población jornalera» pero los dueños eran empresas privadas. Al preguntarle a Amanda sobre su trabajo en los campos de la Costa de Hermosillo al inicio del programa, ella explicó:

Era muy difícil que te dejaran entrar, no había permisos en ese tiempo. A mí me tocó conocer en ese tiempo a uno porque tuvieron un problema de alguien que se enfermó o algo así y pensaron que yo iba a entender zapoteco de no sé dónde; por eso me llevaron, pero si no nunca hubiera entrado porque no se te permite fácilmente. […] es que hay guardias armadas; no sé ahora, pero antes había guardias armadas, entonces te decían «¿a dónde va?».

En los siguientes años hubo mayor acceso para el personal del Pronjag. En 1998, el programa ya tenía presencia en 23 campos de la Costa de Hermosillo (Bautista et al., 1998). Emilio, quien comenzó a trabajar como promotor social en la Costa de Hermosillo en 1995, explicó dicho cambio en una entrevista efectuada en 2022:

Éramos alrededor de unos ocho promotores sociales y nos asignaban dos, tres, cinco campos a cada uno para hacer actividades a ese campo agrícola directamente. […] En mi caso atendía seis o siete campos agrícolas, y yo ya tenía un programa de visita para esos campos. En esos años se batallaba mucho para entrar porque no dejan de ser propiedades privadas con sus propios reglamentos, y más cuando se trataba de una institución de gobierno, se ponían muy herméticos, no cualquiera podía entrar. Pero con los convenios realizados por el apoyo que se les daba a los campos agrícolas, el que le llamaban «convenio de concertación y de promoción», pues había por escrito que se iba a dar el apoyo a la figura del promotor social para que pueda entrar y realizar sus actividades con los jornaleros. […] era la parte de la inversión, que era la que le interesaba al productor, los proyectos como dormitorios, aula de clases, sanitarios, comedores, guarderías, canchas deportivas, eran como seis o siete proyectos de inversión.

De manera similar, Pablo explicó que esta apertura de las empresas para permitir el trabajo del personal de promoción social en sus campos se enmarcó en la utilidad que vieron en el «componente de infraestructura» del programa. Él subrayó: «coincidió con sus procesos de inocuidad sanitaria y la mejora de infraestructura para exportar, lo que después pasó a ser la responsabilidad social. […] el programa resultó útil para los empresarios, para la inocuidad, para la exportación […] fueron decisiones políticas, no era por una ética de mejorar las condiciones de trabajadores».

También, como argumentó Amanda, el subsidio a campos agrícolas se impuso como el elemento central en el programa. Incluso, como responsable estatal del programa, ella decidió renunciar en medio de un ambiente hostil creado por grupos políticos que buscaban controlarlo. Ella argumentó: «su línea era atender a los empresarios agrícolas […] Así empezaron a trabajar ellos, y yo en eso no me metí porque era subsidiarlos».

Quienes continuaron trabajando en el programa, como Emilio, reconocen que se vieron obligados a adaptarse a los tiempos y las reglas de cada campo; desde realizar visitas por las noches, no repartir preservativos por «las creencias del dueño» hasta «ganarse la confianza de los encargados de los campos agrícolas»:

…como promotores sociales, ya teníamos un contacto directo con los administradores y mayordomos, que con el paso del tiempo fue ganándose esa confianza. […] En la entrada de los campos siempre había guardia, la seguridad y la radio, y ya «viene del programa de jornaleros», «y qué quiere» y «ah ya, pásele». En ocasiones, mandábamos nosotros campañas de vacunación y si no íbamos nosotros, dudaban y «no, no», hasta que nos hablaban.

Además, como relataron Emilio y Pablo, tales acuerdos de confianza entre promotores sociales y encargados de campos se enmarcaron en «tratos» previos de «los dueños de los campos» con «el coordinador estatal». De acuerdo con ellos, el éxito de las negociaciones del coordinador del Pronjag en Sonora con corporativos agrícolas fue porque «hablaba con los empresarios como iguales», diciéndoles «no vamos a fomentar la rebelión», es decir, «le quitó lo romántico y lo volvió práctico, equilibró el programa».

Así, el funcionamiento del Pronjag en Sonora fue posible al adaptarse a lógicas de confinamiento laboral mediante campos agrícolas, principalmente al volverse útil para los proyectos regionales agroempresariales de exportación. Como señalan Sharma y Gupta (2006), el estado neoliberal no se vuelve débil ni irrelevante; por el contrario, son las prácticas, interacciones y representaciones estatistas las que moldean y refuerzan las desigualdades de la actual economía global.

En resumen de la sección, el Pronjag fue exitoso como política neoliberal del estado mexicano al legitimar y subsidiar proyectos políticos y económicos de las élites agroindustriales regionales en Sonora. En especial, no sólo fue una política social sino también territorial, al participar en el control espacial de trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes por medio de la segregación del Poblado Miguel Alemán y el aislamiento en campos agrícolas. No obstante su éxito, el programa fue perdiendo importancia entre las políticas sociales federales hasta su desaparición, en 2018, como a continuación se analiza.

El PND [Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012] identifica que la falta de seguridad laboral y los bajos ingresos inherentes al trabajo de los jornaleros agrícolas provocan que la migración sea necesaria para la búsqueda de ingresos monetarios que aseguren su supervivencia. En ese sentido, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas asume un papel de gran relevancia como parte de la política social del Estado Mexicano (DOF, 2007: 2).

En febrero de 2000 se publicaron las primeras reglas de operación del Pronjag (DOF, 2000). La población objetivo era «el núcleo familiar rural cuyo jefe de familia es asalariado agrícola o cuando el monto básico del ingreso familiar proviene de la venta de la fuerza de trabajo de sus integrantes en esta misma actividad» (DOF, 2000). El documento resume y evidencia la amplia información que el programa tenía sobre el trabajo agrícola en el país, incluyendo las tipologías para explicar la compleja situación laboral, migratoria y agrícola de «los beneficiarios» (DOF, 2000).

En estas reglas aún existía la figura de la «Red de Promoción Social», emblemática de sus primeros años; pero gran parte del documento se centra en los proyectos de infraestructura de vivienda, servicio de agua, sanitaria; de salud, educativa y alimentación, y de abasto en albergues, campamentos o cuarterías (DOF, 2000). A partir de estas reglas de operación y hasta las últimas, publicadas para el ejercicio fiscal de 2018, siempre se destacó un cuadro con los porcentajes de aportaciones federales a los que podían acceder pequeños, medianos y grandes «productores» durante varios años continuos para la construcción de infraestructura en sus campos (DOF, 2000, 2017).

No obstante, debido a la transición del gobierno federal del año 2000, el uso de esta primera normativa fue corto. En marzo de 2001 se publicaron otras normas del Pronjag (DOF, 2001); pero fue en las reglas de operación de marzo de 2002 que pasó a ser el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) (DOF, 2002). En medio de tales modificaciones, Lourdes Sánchez Muñohierro, quien había sido la coordinadora nacional desde el inicio del programa, renunció en enero de 2004 a la dirección nacional del recién nombrado PAJA (Gómez, 2004).

En las reglas de operación de 2002, los objetivos específicos fueron similares a los que existieron durante la década de 1990, y la cobertura se amplió con cinco estados más (Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas), junto con los 12 donde ya se aplicaba desde 1996 (Pronjag, 1996; DOF, 2002). Por otro lado, el énfasis en la promoción social fue eliminado en la nueva normativa y los «apoyos» se basaron principalmente en la «construcción, rehabilitación y/o equipamiento» en las «unidades de trabajo» de las «zonas de atracción» (DOF, 2002). En tales reglas también se mencionan los «proyectos de suministro de suplementos alimenticios a infantes» y los proyectos educativos y de capacitación en «zonas de expulsión e intermedias» (DOF, 2002).

No obstante, para Pablo y Emilio -quienes laboraron en el programa en Sonora desde mediados de la década de 1990- el «cambio estructural» fue en el marco de la transición federal de 2006. Pablo, quien dejó de trabajar en el PAJA en 2008, mencionó que con dicho cambio de gobierno «siguieron los procesos de inversión en campos, pero no hubo más promoción social ni vínculo con comunidades de origen», y recalcó que «antes el programa tenía su propia dirección; por lo tanto, más presupuesto, personal y libertad de decisión».

Emilio, quien se mantuvo en el programa hasta 2016, describió a detalle la pérdida de dirección, presupuesto y personal durante el sexenio 2006-2012. En su relato, subrayó los cambios en la Dirección General de Programas Prioritarios de la Sedesol y la preferencia que tuvo el Programa de Atención a los Adultos Mayores en detrimento de otros, incluyendo el PAJA:

Entonces vienen nuevas gentes, no como en años anteriores que entraba el gobierno y, por lo general, ese cimbrar no llegaba a nuestros niveles, sólo quedaba acá arriba. Pero en esa ocasión, cuando entra Calderón, hace todo el movimiento; entra nueva estructura, nuevos personajes, y nosotros seguimos como programa de jornaleros. De hecho, hasta sufrimos discriminación; lo sentimos con la gente que entró, porque la que entró, entró como si tuvieran el poder, «los jornaleritos» nos decían a nosotros. Entonces, entran ellos y tratamos de adaptarnos a ellos. El programa de jornaleros continúa; nos dejan a nosotros como promotores de jornaleros, pero ya con esa nueva modificación. Entonces, a partir de ahí el programa de jornaleros agrícolas comienza a desvanecerse, a desaparecer. La atención ya no era la misma, ya no era esa atención del principio; de que nos ubicaba el jornalero, nos ubicaba el responsable del campo; sabían quiénes éramos, sabían qué hacíamos, qué proyecto llevábamos, qué apoyos.

El desvanecimiento de que habló Emilio no fue abrupto y el PAJA perduró diez años más. Sin embargo, la «reducción drástica de gastos operativos» y la «falta de estructura operativa propia» se mantuvo hasta su final, como se señala en la última evaluación del programa (Coneval, 2020). En 2008 se amplió la cobertura nacional mediante su focalización en «regiones de atención jornalera» y mantuvo su «papel de gran relevancia como parte de la política social del Estado Mexicano», de acuerdo con la cita inicial de esta sección (DOF, 2007). En especial, a partir de las reglas de operación publicadas en diciembre 2007 y las diez posteriores «emisiones» y «modificaciones» de su normativa, el PAJA mantuvo cinco elementos clave: transferencias monetarias, coordinación interinstitucional, padrón de beneficiarios, subsidios para infraestructura y gestores voluntarios.