En 1980, el gobierno de México presentó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), último esfuerzo que hizo en el siglo XX para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y superar la pobreza rural (López-Portillo, 1980: 4-5). No obstante, la crisis macroeconómica de 1982 pondría fin al SAM para dar inicio a un proceso de cambio económico estructural caracterizado por la liberalización económica y comercial, la privatización de empresas paraestatales y la disminución de subsidios a la producción. En la agricultura, además, se modificó en 1992 el artículo 27 constitucional, para permitir la irrupción del capital privado en el campo.

Una de las diversas consecuencias de estos cambios fue el abandono del objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, que fue sustituido por la búsqueda de competitividad de los productos agrícolas en los mercados internacionales. Con ello, muchos agricultores capitalizados tuvieron diversas motivaciones para cambiar sus cultivos por otros en que el país presentara ventajas comparativas, competitivas o ambas, entre ellos las frutas y hortalizas, que podían venderse principalmente en el mercado invernal de Estados Unidos (Macías, 2010: 207). Esto era posible gracias a las condiciones climatológicas del país, los bajos costos de su mano de obra en cultivos intensivos en trabajo, la cercanía geográfica entre ambos países y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.

Como resultado de lo anterior, aunque los territorios especializados en la producción hortofrutícola aparecieron en México a principios del siglo XX -con el cultivo de jitomate o tomate rojo en Sinaloa (Aguilar, 2010)-, y tuvieron su primera expansión en la década de 1960 a raíz del bloqueo estadounidense a la revolución cubana (Muñoz et al., 1995: 99), sería a partir de la de 1990 cuando se multiplicarían en diferentes partes de México. Así, las frutas y hortalizas pasaron de representar 7.1% de la superficie agrícola nacional y 25.6% del valor de la producción agrícola en 1980 a 11.7% y 45.1%, respectivamente, en 2021 (Sader-SIAP, 2024).

La expansión territorial, en México, de la producción hortofrutícola constituye un proceso de conquista de recursos productivos locales por parte de empresarios agroindustriales que buscan acceder a las mejores zonas de cultivo para mantener su competitividad (González, 1994: 77-79). Esta lógica ha prevalecido en el Sur de Jalisco desde el último cuarto del siglo XX, primero con el desarrollo de la horticultura industrializada (Macías, 2011) y después con el intenso crecimiento de las fincas dedicadas a producir aguacate y frutillas o berries. Se estima que en 2021 se destinaban a estos cultivos 44 370 hectáreas en la región; aunque, si se suman las huertas productoras de limón y otros frutales del municipio de Jilotlán de los Dolores, alcanza las 47 290 hectáreas.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar la distribución geográfica de la expansión frutícola en el Sur de Jalisco. Para ello se georreferenciaron las huertas identificadas mediante imágenes satelitales de los años 2007, 2010, 2014 y 2021, provistas por el sistema de información geográfica Google Earth. Los polígonos resultantes se procesaron con el programa QGIS, a la vez que se hicieron visitas de campo en la región para corroborar la información.

La expansión de la producción industrializada de frutas en el Sur de Jalisco es resultado de la vigencia de un modelo agroindustrial corporativo a nivel mundial, el cual privilegia cultivos y formas de producción que benefician a poderosos agronegocios trasnacionales cuya competitividad radica en comercializar mercancías alimentarias en cantidad, calidad y variedad suficientes para tener oferta durante todo el año (McMichael, 1994). Tales corporaciones se valen de distintos mecanismos de integración con productores de todo el mundo mediante cadenas globales de valor (CGV). Éstas son definidas como redes de empresas y trabajadores ubicados en distintas partes del mundo que realizan actividades tangibles e intangibles para añadir valor a un producto, desde su concepción hasta el uso final. Estas actividades incluyen desde las concernientes a investigación y desarrollo (I+D) hasta las de diseño, producción, comercialización, distribución y apoyo al consumidor final (Gereffi y Fernández, 2016: 7).

El enfoque de las CGV permite entender las lógicas que subyacen a la expansión internacional y la fragmentación geográfica de las distintas redes de producción, para comprender cómo la reorganización de las actividades hace que determinadas fases se realicen en ciertos países o regiones y otras se ubiquen en lugares diferentes. En este sentido, Gupta y Govindarajan (2017: 49) señalan que elegir una ubicación y no otra depende de sus ventajas de localización, tanto en costo como en calidad de factores de producción e insumos. Éstas incluyen la dotación de recursos naturales, mano de obra, transporte, logística, esquemas de financiamiento, incentivos gubernamentales o estructura fiscal; ventajas que pueden cambiar con el paso del tiempo, por lo que las empresas mantienen una posición flexible para poder moverse de acuerdo con tal dinámica.

Un elemento central en las CGV es la manera como se organizan, es decir, su estructura y la dinámica que tienen los distintos actores involucrados. Esto nos remite al concepto de gobernanza, es decir, a las formas como se organizan las relaciones entre los actores y cómo la distribución de poder configura la participación de ellos en los riesgos y beneficios (Gereffi, 2014: 440). De acuerdo con Gereffi et al. (2005: 89), hay cinco tipos de gobernanza en las CGV, que van desde las impersonales relaciones de mercado hasta la integración vertical de las actividades en una empresa integrada. En el ínter aparecen otras tres estructuras: modular, relacional y cautiva.

En la actualidad las cadenas globales de valor comercializan alrededor de 35% de las exportaciones agroalimentarias mundiales (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2022: 2). En el caso de los alimentos en fresco de alto valor agregado -como frutas y hortalizas- las cadenas son dominadas por grandes intermediarios -mayoristas, minoristas, distribuidores de marca, supermercados, etc.-, que generan la parte más importante del valor agregado -I+D, diseño, marca, mercadotecnia, etc.- y que, como tales, desempeñan un papel central en la definición de qué, cuándo, cómo y dónde producir.

Tales decisiones son transmitidas, mediante distintos tipos de gobernanza, a toda la cadena, hasta llegar a los productores agrícolas, a quienes se les exige mantener altos volúmenes de producción que les permitan tener economías de escala para disminuir los precios; pero también incrementos en el valor agregado de los productos por medio de una mayor calidad, inocuidad, variedad de mercancías; y también uniformidad en cada producto, abastecimiento durante todo el año, eliminación de variaciones en la oferta por cambio de estación, etc. (Macías, 2014: 186).

En este contexto, para que los agricultores o empresarios agrícolas puedan mantenerse en las cadenas de valor deben desarrollar una serie de estrategias. Una de ellas consiste en acceder a las tierras más productivas y con recursos territoriales clave como el agua; pero también contar con infraestructura de transporte y comunicación, facilidades de maniobra dentro y fuera del territorio e incluso mano de obra que les provea de ventajas comparativas, a fin de lograr una producción acorde a las exigencias de los compradores.

Ocupar las mejores tierras y disponer de recursos estratégicos en muchas ocasiones implica violentar las condiciones naturales de los territorios hasta niveles altamente perjudiciales para seres humanos, plantas y animales que viven dentro y fuera de ellos, como sucede con cambios de uso de suelo que implican la desaparición de superficies de selvas y bosques o la desviación de corrientes de agua. Además, generalmente no basta el acceso a tales recursos para satisfacer las demandas de la cadena de valor y además alcanzar los niveles de rentabilidad deseados. Ante la necesidad de reducir costos de operación e incrementar volúmenes de producción, las agroempresas con frecuencia recurren a acciones como intensificar el uso de la tierra y demás recursos productivos hasta niveles insostenibles para obtener mayores rendimientos por unidad de tiempo; utilizar también de manera no sostenible insumos externos como agroquímicos o fertilizantes; disminuir al máximo el costo de factores de producción como el del trabajo, etcétera.

Las anteriores condiciones se manifiestan en la expansión que desde hace medio siglo han tenido distintas agroindustrias hortofrutícolas del Sur de Jalisco, territorio al que se debe en gran medida el notable incremento de la aportación de la agricultura jalisciense al producto interno bruto sectorial de México y que ha llevado al gobierno estatal a vanagloriarse de ser el gigante agroalimentario de México (Seder, 2014).

La región Sur de Jalisco es un territorio conformado por 27 municipios, que suman 13 611 kilómetros cuadrados de extensión; se localiza al suroeste del lago de Chapala y el noreste del Volcán de Colima (Mapas 1 y 2). Por el hecho de ubicarse en la confluencia de la Sierra Madre Occidental y la Cordillera Neovolcánica Transversal de México, es atravesada por la Sierra del Tigre, la Sierra de Tapalpa y el macizo formado por el Nevado y el Volcán de Colima, por lo que es una región rica en microclimas y recursos naturales, lo cual favorece el desarrollo de la agricultura.

Mapa 1

Mapa 2

En esta región la producción agroindustrializada de hortalizas inició en 1973 con el cultivo de papa en la Sierra de Tapalpa (Sánchez, 1992: 3). Después, entre 1985 y 2003, le siguieron las agroindustrias de jitomate -tomate rojo-, pimientos y chiles, producidos a cielo abierto en el valle de Sayula e invernaderos en el Llano Grande -entre San Gabriel y Tolimán (Zárate, 1997)- y Zapotlán el Grande (Macías, 2011), así como la producción de diversas hortalizas -principalmente brócoli- para empresas congeladoras de los estados de Aguascalientes y Guanajuato, sembradas principalmente en los valles de Sayula y de Zapotlán (Macías, 2011).

Mientras que algunas de estas agronidustrias prácticamente desaparecieron con el paso del tiempo -por problemas de plagas, en 2003 disminuyó drásticamente la superficie dedicada a producir hortalizas en el valle de Sayula- y la actividad de otras disminuyó, en el año 2000 surgió la del aguacate, cuya superficie de cultivo en la región pasó de 306 hectáreas en 1999 a 676.5 en 2001, y alcanzó las 39 808 en 2021, aunque las cifras oficiales sólo reconocen 25 125 hectáreas en diciembre de 2022 (JLSVZG, 2012).

Una agroindustria que se posicionó en la región desde 2006 es la producción de frutillas o berries -arándano, frambuesas, fresa y zarzamora-, principalmente bajo esquemas de agricultura protegida. Su crecimiento ocurre en el contexto de la expansión de la cadena de valor de la agroindustria estadounidense de berries (Fischer y Anner, 2021: 5) y las ventajas en costos y calidad de los factores que tienen países no tradicionales en la producción de ellas, en particular condiciones climáticas adecuadas, mano de obra disponible, el TLCAN y la cercanía con el mercado estadounidense (González, 2021: 1; González et al., 2022: 226).

En el Sur de Jalisco este cultivo se originó en 2007, cuando se plantaron 128 hectáreas de arándano y 61 de frambuesa. Desde entonces la superficie ha venido creciendo constantemente, hasta alcanzar las 6 622 hectáreas en 2022, de las cuales 4 048 son de frambuesa, 1 472 de arándano, 567 de zarzamora, 460 de fresa y 75 de planta de fresa (Sader-SIAP, 2024). Sin embargo, la superficie total trabajada en 2021 bajo esquemas de agricultura protegida en la región fue de 6 710 hectáreas.

Finalmente, en Jilotlán de los Dolores, municipio localizado en el extremo sureste de la región Sur de Jalisco, se han plantado 2 912 hectáreas de limón, toronja y otros frutales, lo que representa una continuación del enclave limonero de Buenavista, Michoacán, municipio líder en la produccción de este cítrico en el país.

En general, hasta 2021 se contabilizan en el Sur de Jalisco 49 430 hectáreas de aguacate, berries, cítricos y otros cultivos en agricultura protegida, lo cual representa 15.7% de la superficie agrícola regional y 3.6% de su territorio. No obstante, tales porcentajes son muy superiores en los casos de algunos municipios (Cuadro 1), lo que refleja su importancia creciente en estas agroindustrias, así como la forma como sus participantes se apropian paulatinamente de los recursos locales, lo cual tiene consecuencias importantes en el medio ambiente.

Cuadro 1

Municipio	Agroindustria frutícola (hectáreas) A	Superficie Agrícola (hectáreas) B	Porcentaje A/B	Superficie municipal (hectáreas) C	Porcentaje A/C
Amacueca	463.76	6 142.43	7.6	13 238	3.5
Atemajac de Brizuela	69.13	6 198.53	1.1	34 246	0.2
Atoyac	1 158.85	10 867.10	10.7	40 100	2.9
Chiquilistlán	236.95	5 048.32	4.7	31 552	0.8
Concepción de Buenos Aires	3 776.29	12 231.45	30.9	30 351	12.4
Gómez Farías	2 155.48	12 442.33	17.3	36 275	5.9
Jilotlán de los Dolores	2 955.77	24 223.22	12.2	154 288	1.9
La Manzanilla de la Paz	240.33	7 902.36	3.0	14 634	1.6
Mazamitla	2 462.35	7 224.91	34.1	29 855	8.2
Pihuamo	75.09	13 584.62	0.6	97 033	0.1
Quitupan	1 539.34	7 124.54	21.6	56 544	2.7
San Gabriel	7 235.35	27 564.21	26.2	72 347	10.0
Santa María del Oro	4.44	2 223.28	0.2	88 931	0.0
Sayula	2 968.96	10 893.22	27.3	28 742	10.3
Tamazula de Gordiano	2 588.95	13 113.59	19.7	142 539	1.8
Tapalpa	2 858.34	14 915.58	19.2	58 264	4.9
Tecalitlán	98.02	4 688.58	2.1	99 757	0.1
Techaluta de Montenegro	77.23	2 573.99	3.0	7 969	1.0
Teocuitatlán de Corona	483.63	18 432.96	2.6	35 448	1.4
Tolimán	716.97	13 550.73	5.3	59 959	1.2
Tonila	1 210.73	7 011.94	17.3	24 096	5.0
Tuxpan	5 512.10	32 123.40	17.2	57 880	9.5
Valle de Juárez	208.02	2 047.50	10.2	10 500	2.0
Zacoalco de Torres	501.60	15 180.41	3.3	38 627	1.3
Zapotiltic	1 699.44	12 582.96	13.5	28 860	5.9
Zapotitlán de Vadillo	878.58	8 982.82	9.8	37 585	2.3
Zapotlán el Grande	7 254.29	15 302.24	47.4	31 551	23.0
Sur de Jalisco	49 429.96	314 177.20	15.7	1,361 171	3.6

Fuente: Elaboración propia. Para superficie agroindustrial, con base en trabajo de campo y de georreferenciación realizado en 2021. Para superficie municipal y agrícola, en datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), Cuadernillos municipales 2023.

En 1993, el gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente el veto que mantuvo por 79 años a las importaciones de aguacate producido en México debido a la presencia del gusano barrenador de su hueso (Macías, 2010: 212). Aunque la gradual apertura del mercado de aquel país -proceso que culminó en 2007- sólo beneficiaba a algunos municipios del estado de Michoacán, fue un factor que determinó el espectacular cambio observado en la agricultura del Sur de Jalisco, pues el incremento sustancial en el precio del aguacate -a lo que contribuyó de manera importante el aumento en la demanda nacional e internacional por los beneficios para la salud humana identificados por su consumo, pues contiene diversas vitaminas y ácidos grasos que previenen la acumulación en sangre de lipoproteínas de baja densidad y aumentan las lipoproteínas de alta densidad, reducen los niveles de triglicéridos e insulina, con lo que ayudan a la prevención de riesgos cardiacos (APROAMI, 2007)-, hizo que la rentabilidad de su producción fuera tan atractiva que muchos que antes producían maíz, caña de azúcar, carne de res, leche y otros alimentos convirtieran sus tierras en huertas aguacateras.

La expansión de las plantaciones de aguacate en la región también fue posible por la cercanía y las similares condiciones agronómicas del Sur de Jalisco a las de la zona aguacatera de Michoacán, pues forman parte del mismo macizo montañoso. Cabe señalar que dicho estado es el principal productor de aguacate a nivel mundial y destina 176 000 hectáreas a su producción en 2022, que representan 70% de la superficie total cultivada con esta fruta en México (Sader-SIAP, 2024).

Como resultado de todo lo anterior, la superficie con huertas de aguacate en el Sur de Jalisco pasó de 306 hectáreas en 1999 a 1 705 en 2005, 10 369 en 2010, 14 721 en 2015 y 25 125 en 2022, según datos oficiales (Sader-SIAP, 2024), es decir, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 21.1% entre 1999 y 2022. No obstante, estas cifras no contabilizan las huertas no declaradas por los productores porque están recién plantadas o son irregulares por encontrarse en zonas con otro uso de suelo autorizado -principalmente en bosques-. Por ello, de acuerdo con estimaciones realizadas para este trabajo, hasta diciembre de 2021 la superficie plantada de aguacate en la región era de 39 808 hectáreas (Cuadro 2), distribuidas en los 27 municipios, aunque se concentra en sólo seis: San Gabriel, Zapotlán el Grande, Tuxpan, Concepción de Buenos Aires, Tamazula y Mazamitla, que suman 64.8% del total.

Cuadro 2

Zonas productoras de aguacate	Hasta 2007	2008-2010	2011-2014	2015-2021	Total	Porcentaje del total
Origen: Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Tamazula	344.82	1 077.43	307.93	262.81	1 992.99	5.0
Complejo Volcán-Nevado de Colima, centro-oriente	307.06	2 122.08	4 151.44	4 753.59	11 334.17	28.5
Complejo Volcán-Nevado de Colima, centro-poniente	59.88	452.15	412.74	2 656.13	3 580.90	9.0
Sierra de Tapalpa	33.37	654.56	1 039.69	4 098.90	5 826.52	14.6
Oriente: Sierra del Tigre	174.38	1 306.99	2 190.47	4 559.84	8 231.68	20.7
Quitupan, límite con Michoacán	363.09	175.83	167.34	353.22	1 059.48	2.7
Sur del valle de Sayula	57.28	489.5	248.78	520.82	1 316.38	3.3
Poniente: Sierra del Tigre	21.66	380.79	98.11	1 068.48	1 569.04	3.9
Otros	466.41	1 264.01	114.05	3 052.33	4 896.80	12.3
Total	1 827.95	7 923.34	8 730.55	21 326.12	39 807.96	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y de georreferenciación realizado en 2021.

El cultivo de aguacate se lleva a cabo principalmente en una franja que atraviesa la región Sur de poniente a oriente, desde las faldas del Volcán y el Nevado de Colima, así como parte de la Sierra de Tapalpa, hasta la Sierra del Tigre, en el límite oriental entre Jalisco y Michoacán. Como puede verse en el Mapa 2, la mayor parte de las plantaciones están en zonas serranas, en un rango de altitud de entre 1 500 y 2 500 metros sobre el nivel del mar. No obstante, cada vez se observan más huertas incluso en valles de la región como los de Zapotlán, Tuxpan, Zapotiltic o Sayula.

El crecimiento de las huertas aguacateras se ha intensificado con el paso de los años. Sólo entre 2015 y 2021 se incorporaron 21 326 hectáreas, es decir, 115.4% más de las que existían en 2014 (Cuadro 2). En este proceso de expansión se pueden identificar ocho principales zonas de producción, que concentran 87.7% de la superficie aguacatera regional (Cuadro 2 y Mapa 3).

Mapa 3 Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de Google Earth.

Como mencionamos antes y se observa en el Mapa 4, la producción de aguacate en el Sur de Jalisco se efectúa principalmente en las sierras, aunque también existen plantaciones en los valles de la región. Ciertamente, no todas las huertas se han plantado en superficies serranas mediante la deforestación, pues varias de ellas ocupan terrenos que en épocas anteriores habían sido utilizados para la agricultura o la ganadería. Sin embargo, el fenómeno de deforestar para plantar aguacate sí es significativo en esta región y debe ser considerado en cualquier análisis que se haga sobre la expansión territorial de la agroindustria aguacatera.

Un estudio elaborado en 2017 por el IIEG de Jalisco (2017) para medir los cambios de uso de suelo en un territorio de 1 279 000 hectáreas, correspondientes a 36 municipios de Jalisco (entre ellos los 27 de la región Sur), cuatro de Colima y ocho de Michoacán, mostró que la superficie de bosque disminuyó en 96 674 hectáreas de 2003 a 2017, es decir, 11.2% respecto de la que existía en 2003.

En contraparte, la superficie destinada a huertos se incrementó en 27 566 hectáreas en el mismo periodo (IIEG, 2017). Estos datos permiten ver la magnitud del problema, aun cuando el estudio no clarifica si el total de la superficie destinada a ellos en ese lapso fue a costa de bosques de la región.

Para mayor claridad al respecto, tomamos como referencia las tierras que en 2011 eran catalogadas como bosque en los 27 municipios del Sur de Jalisco (INEGI, 2014), para calcular qué parte de ellas está ahora ocupada con huertas de aguacate. Los resultados (que aparecen en el Cuadro 3) muestran que 8 314 hectáreas tienen esta característica y representan 20.9% del total plantadas de aguacate en la región y 2.6% de su superficie forestal; aunque, si se considera sólo la superficie de bosque localizada en las ocho zonas identificadas en este trabajo, la proporción llega a 4.8% (Cuadro 3).

Cuadro 3

Zonas	Superficie en hectáreas						Porcentaje del bosque con aguacate	Porcentaje de aguacate en el bosque
	Hasta 2007	2008-2010	2011-2014	2015-2021	Total	Bosque
Origen: Zapotlán, Gómez Farías y Tamazula	138.55	249	71.49	91.75	550.78	20 510.99	2.7	27.6
Complejo Volcán-Nevado de Colima centro-oriente	34.72	131.64	606.84	452.68	1 225.89	13 617.88	9.0	10.8
Complejo Volcán-Nevado de Colima centro-poniente	4	10.75	39.86	142.49	197.1	13 399.36	1.5	5.5
Sierra de Tapalpa	0	190.31	414.31	1 815.46	2 420.09	15 402.92	15.7	41.5
Oriente de la Sierra del Tigre	23.31	280.18	614.63	1 669.50	2 587.62	64 151.41	4.0	31.4
Quitupan, límite con Michoacán	72.33	64.13	72.4	186.03	394.89	3 317.97	11.9	37.3
Sur del valle de Sayula	0	0	0	0	0	0	*	*
Poniente de la Sierra del Tigre	0	258.48	19.46	328.21	606.15	36 399.97	1.7	38.6
Total principales zonas	272.91	1 184.49	1 838.99	4 686.13	7 982.51	166 800.50	4.8	22.9
Otros	8.49	129.89	8.63	184.88	331.89	149 390.68	0.2	6.8
Total Sur de Jalisco	281.41	1 314.38	1 847.61	4 871.00	8 314.40	316 191.18	2.6	20.9

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y de georreferenciación realizado en 2021.

Las cantidades anteriores son significativas, pues muestran que una de cada cinco hectáreas plantadas de aguacate en el Sur de Jalisco es mediante la afectación de sus bosques en un contexto en el cual, desde 2011, son muy pocas las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer cambios de uso de suelo en las sierras de la región, entre ellas 176 hectáreas en San Gabriel y 38 en Zapotlán el Grande (Rodríguez, 2019). No obstante, de acuerdo con nuestros cálculos, 4 871 hectáreas boscosas, que representan 58.6% del total, fueron convertidas en huertas después de 2014, lo que nos hace suponer que la gran mayoría fue mediante cambios irregulares de uso del suelo.

Si se observan particularmente los cambios de bosques a huertas de aguacate conforme a las zonas que hemos definido en este trabajo, en el oriente de la Sierra del Tigre es donde se ha modificado mayor superficie, aunque en la Sierra de Tapalpa es donde el cambio de uso de suelo es más preocupante, tanto porque representa el mayor porcentaje de superficie boscosa (15.7%) como porque en él las huertas de aguacate en el bosque ocupan un mayor porcentaje de la superficie total plantada de esta fruta (41.5%).

También es en la Sierra de Tapalpa donde fueron mayores los cambios de bosque a huertas aguacateras de 2015 a 2021, con 1 815 hectáreas, lo que significa un crecimiento de 200% respecto a las 604.6 hectáreas con esta característica en 2014. Todo ello da cuenta del alto nivel de vulnerabilidad medioambiental que hoy viven los habitantes de esta zona, que ya se reflejó en la tragedia de 2019.

Pero la presión sobre las sierras existe también en casi todas las otras zonas. En particular en el poniente de la Sierra del Tigre y el oriente de Quitupan, donde casi cuatro de cada diez hectáreas de aguacate han sustituido bosques, además de que en Quitupan ocupan ya poco más de una de cada diez hectáreas de sierra. De igual manera, en la parte oriente del complejo volcánico de Colima las huertas ocupan 9% de la superficie forestal, aun cuando existe protección legal para los bosques por ser un parque nacional.

La pérdida de bosques, aunada al uso intensivo de agua en la producción de aguacate -se consumen aproximadamente 700 metros cúbicos anuales del líquido por cada hectárea (Bravo y Tapia, 2012: 48)- y de berries ha abatido el acuífero subterráneo de Ciudad Guzmán, que pasó de tener un superávit anual de 135 millones de metros cúbicos en 2007 a un déficit de 26.92 millones de metros cúbicos anuales a partir de 2018 (Macías y Sevilla, 2014: 80). Aunque este es el mayor impacto ecológico de estas agroindustrias, existen otros, como los daños a especies vegetales y animales o la contaminación de mantos freáticos y del suelo. La agricultura protegida

La otra actividad agroindustrial relevante en el Sur de Jalisco en las primeras tres décadas del siglo XXI es la agricultura protegida de producción de berries. La presencia de sus esquemas en la región se remonta a finales de la década de 1980, cuando empresarios canadienses instalaron invernaderos en el municipio de San Gabriel para producir jitomate (Zárate, 1997: 215). Más adelante, en la década de 1990, también se construyeron en Atoyac para producir plantas de ornato, mientras que en Zapotlán el Grande, en los primeros años de este siglo, la empresa Desert Glory (Nature Sweet) construyó 264 hectáreas de invernaderos para sembrar jitomate cherry.

En el valle de Sayula, ante la presencia de plagas, en los primeros años del siglo XXI, la empresa Bonanza, que producía jitomate a cielo abierto, incursionó en la agricultura protegida para cultivar esta hortaliza, lo que también hicieron algunos productores de mediana escala (Macías, 2011). De igual manera, en dichos años empresarios sayulenses utilizaron macrotúneles para producir fresa y frambuesa bajo contrato con la empresa estadounidense Driscoll´s (Macías, 2011).

No obstante, el auge de la agricultura protegida en la región inició en 2007, cuando el gobierno de la entidad y la Fundación Produce Jalisco pusieron en marcha el Programa de Desarrollo de la Industria de Berries en el Estado de Jalisco para fomentar la producción de arándano y frambuesa, con la intención de exportar estos productos al mercado de Estados Unidos. El esquema de producción sería mediante la agricultura por contrato entre productores locales y empresas compradoras trasnacionales (Macías, 2014: 208).

A partir de entonces, el cultivo de berries en el Sur de Jalisco utilizando sistemas de agricultura protegida se ha incrementado constantemente, pues ha pasado de 344 hectáreas en 2007 a 6 622 en 2022, a las que se suman 500 de producción de jitomate, 46 de chile y dos de rosas (Sader-SIAP, 2024).

Según nuestros cálculos, en 2021 había en la región 6 710 hectáreas de agricultura protegida, concentradas principalmente en cinco zonas, todas ellas situadas en el centro y poniente de la misma (Cuadro 4 y Mapa 13).

Cuadro 4

Zonas	Superficie (hectáreas)	Porcentaje del total
Valle de Zapotlán el Grande y Gómez Farías	2 209.28	32.9
Sur del valle de Sayula (Sayula-Amacueca)	1 402.83	20.9
Valles de Zapotiltic, Tuxpan y Tamazula	854.67	12.7
Tapalpa	473.05	7.0
Valles de Teocuitatlán y Zacoalco	573.58	8.5
Otros	1 196.92	17.8
Total	6 710.32	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y de georreferenciación realizado en 2021.

Mapa 13 Fuente: Elaboración propia con base en imágenes de Google Earth.

El valle de Zapotlán el Grande y Gómez Farías es el territorio donde más ha crecido la agricultura protegida, particularmente de berries, pues supera las 2 200 hectáreas, es decir, una de cada tres hectáreas de la región se utiliza para estos fines. Como ya se vio, la presencia de berries en esta zona y la producción de aguacate han modificado radicalmente el paisaje del otrora municipio maicero de Zapotlán el Grande, que se ha convertido en el principal territorio agroindustrial del Sur de Jalisco. Ello amenaza el abasto de agua local, toda vez que el acuífero subterráneo de Ciudad Guzmán, que en 2007 tenía un superávit de agua de 135.08 hectómetros cúbicos (DOF, 2015), en 2020 ya presentaba un déficit de -26.29 hectómetros cúbicos anuales (Subdirección General de Administración del Agua [SGAA], 2020). De igual manera, la presencia de berries en la zona es un factor que amenaza la estabilidad de la laguna de Zapotlán, pues la gran mayoría de los invernaderos y macrotúneles están en sus alrededores.

En la zona sur del valle de Sayula, en los municipios de Sayula y Amacueca, donde hubo importantes empresas productoras de jitomate, chile, brócoli y otras hortalizas a fines del siglo XX y primeros años del XXI, hoy se observan invernaderos de frambuesa y otras berries. La fertilidad de este territorio ha sido manifiesta a través del tiempo, por lo que actualmente la agroindustria frutícola protegida cubre 1 403 hectáreas, que representan poco más de una de cada cinco destinadas a este tipo de producción en el Sur de Jalisco.

Por su parte, los valles de Zapotiltic, Tuxpan y Tamazula desde la época colonial se especializaron en la producción de caña de azúcar para las haciendas azucareras de la zona, y en el siglo XX para el ingenio de Tamazula. Sin embargo, la pérdida de rentabilidad de este producto ha provocado que muchos de sus agricultores busquen nuevas opciones productivas, principalmente huertas de aguacate y producción de berries. En esta zona, principalmente en Tuxpan, inició el programa gubernamental de fomento a las berries, de manera que en ella se impulsaron los primeros emprendimientos de producción de frambuesa y arándano en la primera década del siglo XXI. En 2021 había en estos valles 855 hectáreas de agricultura protegida, que representaban una de cada ocho hectáreas de la región.

La agroindustria hortícola globalizada inició en el municipio serrano de Tapalpa, en el sur de Jalisco, en la década de 1970, cuando comenzaron las pruebas para producir papa (Macías, 2011). Posteriormente, en 2007, la agroindustria Berrymex promovió la instalación de diez hectáreas de invernaderos para producir fresa. Sus buenos resultados influyeron en la creación de nuevos invernaderos en los años siguientes, hasta alcanzar una superficie de 473 hectáreas en 2021, la mayoría de ellas sembradas con fresa, aunque también existe producción de frambuesa y arándano.

La derrama económica generada por estos cultivos de alto valor agregado y el empleo que ofrecen -su forma de producción es intensiva en mano de obra- hace que la agroindustria de las berries, aun sin tener una expansión tan grande como en los valles de Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Sayula, compita de manera importante con el turismo de montaña que existe en Tapalpa, que es el otro pueblo mágico del Sur de Jalisco.

Por último, en los valles de los municipios de Teocuitatlán y Zacoalco de Torres la producción de berries, jitomate y pimiento morrón utilizando la agricultura protegida asciende a 573.6 hectáreas, que significan 8.5% de la superficie de la región que tiene estas características.

En resumen, la agricultura protegida es un fenómeno que crece cada vez más en el Sur de Jalisco, vinculado principalmente a la producción de berries, pero también con otros cultivos. Su impacto en el medioambiente regional, aunque no parece tan evidente como en el aguacate, también es indiscutible, sobre todo por el uso excesivo de agua que demandan estos cultivos, la afectación al paisaje de los territorios donde se concentran más intensamente los invernaderos y macrotúneles -valles de Zapotlán y de Sayula- y porque los plásticos utilizados representan un riesgo de incendios sobre todo en temporadas de estiaje.

En 2014, el gobierno de Jalisco se vanaglorió de declarar a esta entidad como el gigante agroalimentario de México y destacó que el estado aportaba 11% del producto interno bruto nacional del sector primario, además de ser líder en la producción de los principales alimentos básicos y tener una gran riqueza de recursos naturales (Seder, 2014).

Gran parte de los «méritos» para definir así a Jalisco se encuentran en la región Sur y su creciente producción frutícola. Por ello, el gobierno estatal promueve el desarrollo de estas cadenas productivas, con lo que prioriza sus beneficios económicos y deja en segundo término los riesgos medioambientales y sociales que representan. Así, tragedias como la de julio de 2019 en San Gabriel o percances como el de octubre de 2022 en Zapotlán el Grande se ven como desviaciones ocasionales del modelo productivista y no como consecuencias lógicas de sus fallas estructurales y que los habitantes del Sur de Jalisco, ya sean personas, animales o plantas, han empezado a sufrir.

Casi 40 000 hectáreas de plantíos de aguacate en poco más de veinte años -de las cuales alrededor de 8 000 se encuentran en terrenos que hace poco eran forestales- y más de 6 000 de lagunas de plásticos que utiliza la agricultura protegida hoy tienen en vilo a varios municipios del Sur de Jalisco por las consecuencias que estos monocultivos tienen en bosques, mantos freáticos y la salud del medioambiente. Sin embargo, el primer envío a Estados Unidos de un embarque de aguacate hass producido en la región -lo cual sucedió el 28 de julio de 2022- y la creciente demanda de berries por el mercado estadounidense incrementa aún más las probabilidades de que esta expansión se intensifique, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la región.

Desgraciadamente, los gobiernos estatal y federal parecen ser más cómplices que reguladores de este fenómeno. Corroboran lo anterior los mensajes que emitió a través de la red social Twitter (hoy X) el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el 22 de enero de 2023. En uno señaló: «Se viene el Súper Bowl en Estados Unidos y con las primeras 10 mil toneladas de aguacate jalisciense que exportamos para este espectáculo deportivo se abre una nueva puerta comercial que, además de sabor, se traducirá en trabajo y economía para nuestros productores». En seguida añadió: «Apenas en julio se cumplirá un año de nuestro primer embarque, como uno de los únicos dos estados que puede exportar aguacate a EUA; un logro que parecía imposible y ya prevemos llegar a entre 80 y 100 mil toneladas. Jalisco crece con rumbo y desde su campo».

Ante este panorama, a la sociedad del Sur de Jalisco no le queda otra opción que ser ella misma la que presione a empresarios y autoridades para que estas actividades económicas no sólo miren por la derrama económica que generan -que en un alto porcentaje sale de los territorios donde se producen las frutas y se traslada a través de la cadena productiva a empresas y territorios que controlan la demanda de sus productos-, sino también se preocupen porque exista una mayor regulación en ellas para tener más cuidado con los bienes naturales de la región. Esto es todavía más importante en una época en que los bosques son uno de los principales medios para salvar el planeta ante la amenaza del cambio climático.

Para lograrlo es necesario que la sociedad esté mejor informada de la realidad que vive y las consecuencias que puede tener. Esto inicia por conocer claramente la extensión de la superficie utilizada para producir, bajo esquemas de monocultivo, aguacates, berries o cítricos, así como dónde están las huertas y qué bienes naturales desplazan o pueden afectar. Por desgracia, la información oficial al respecto suele no ser completa ni precisa y subestima el tamaño del problema.

Por ello, este trabajo se enfocó en identificar con mayor precisión cuántas son y dónde se encuentran las explotaciones agroindustriales frutícolas del Sur de Jalisco. Los resultados aquí presentados dan un panorama más certero de la problemática gracias al uso de herramientas tecnológicas modernas como las imágenes de la aplicación Google Earth.

Sin embargo, ya que ésta tiene limitaciones, no debe constituir la mejor manera de obtener este tipo de información. Entre ellas se encuentra la imprecisión de identificar o no huertas mediante imágenes satelitales, lo cual depende de la experiencia visual del observador. Por lo anterior, en esta investigación tuvimos que corroborar la información mediante trabajo de campo, aunque para uno solo o un pequeño grupo de investigadores esta es una actividad muy lenta y complicada por el tamaño de la región y lo accidentado de su geografía.

Debido a ello, lo ideal es que sean las autoridades encargadas de velar por el campo mexicano y el cuidado de la naturaleza las que asuman la responsabilidad de realizar constantemente esta labor, sobre todo porque se trata de información pública a la que deben tener acceso todas las personas interesadas y porque cuentan con el capital humano y la infraestructura para llevarla a cabo.

Es cierto que obtener información veraz en este caso es difícil por las maniobras irregulares e ilegales de algunos productores para aprovechar las oportunidades económicas que han identificado. Sin embargo, en aras de la transparencia en la generación y el acceso a información verídica, es imprescindible instrumentar dos acciones en el corto plazo: una, mejorar los sistemas de monitoreo para identificar oportunamente las huertas irregulares; y dos, mejorar sustancialmente las fuentes de información del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). Los datos no deben proceder sólo de la información proporcionada por los productores, también deben utilizarse otras herramientas distintas de las que proveen los sistemas de información geográfica.