LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y LA APERTURA ECONÓMICA
Resumen
De la misma manera que durante la década de los ochenta era prácticamente imposible tratar de entender la economía mexicana sin tomar en cuenta las condiciones generadas por la crisis de la deuda de 1982 y sus efectos posteriores, en 1992 una de las variables que determina en mayor medida el comportamiento y las expectativas de los agentes económicos en México es el proceso de apertura económica, centrado en su objetivo más trascendental, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. La apertura del sistema financiero mexicano a los intermediarios externos y su integración con la economía mundial, condiciona y es causa, a la vez, de la reforma del sistema bancario mexicano. Por ello debe observarse con claridad, ya que es un elemento clave para el cambio estructural de México. Esta apertura implica riesgos en términos de soberanía y de control de la política económica, por lo que si no se negocia correctamente podría transformarse de un estímulo al desarrollo económico, a un obstáculo para el mismo.Citas
Vélez Mayoral, Carlos, en El Economista, octubre 4,1991.
Migueles Tenorio, Rubén, en "Análisis" de El Financiero, octubre 2, 1991.
Ibid.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, septiembre 2, 1991.
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Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, octubre 3, 1991.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, octubre 3, 1991.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, octubre 7, 1991.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, septiembre 30, 1991.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, octubre 1, 1991.
Comunicado de la Comisión para la Privatización Bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, febrero 19, 1991.
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